En Colombia, más del 25% de la población pertenece a la Juventud: un sector que, según los discursos oficiales, representa el motor del desarrollo social, económico y político del país. Sin embargo, la realidad muestra un panorama muy distinto. Ese cuarto de la población continúa siendo invisibilizado, instrumentalizado y, con frecuencia, desilusionado por un sistema que confunde la participación con un trámite y la democracia con un formalismo vacío.
Los Consejos de Juventud, creados por la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y reformados por la Ley 1885 de 2018, surgieron como una promesa ambiciosa: reconocer a las Juventudes como sujetos de derechos y actores del Estado Social de Derecho. En teoría, serían espacios autónomos y decisorios donde los y las jóvenes podrían incidir en la gestión pública y proponer políticas transformadoras. Pero en la práctica, ese ideal ha sido traicionado por la indiferencia institucional.
Más de una década después, el entusiasmo legislativo se ha transformado en frustración. Las normas existen, pero la voluntad política se desvanece entre la burocracia y la falta de compromiso. En distintas regiones del país, los Consejos carecen de recursos, acompañamiento técnico o respaldo estatal. En algunos territorios ni siquiera se les reconoce como interlocutores válidos; en otros, los Jóvenes elegidos deben sostener sus iniciativas con esfuerzo propio, sin apoyo, sin formación, sin presupuesto y muchas veces, sin siquiera ser escuchados.
El contraste es doloroso: mientras la Ley proclama participación y autonomía, la realidad impone precariedad y desinterés. El Estado exige liderazgo, pero no garantiza las condiciones para ejercerlo. Los Consejos de Juventud, que deberían ser semilleros de democracia, terminan siendo víctimas de la desidia institucional, convertidos en figuras decorativas dentro del entramado administrativo local.
Así las cosas, ignorar la voz juvenil equivale a excluir a millones de ciudadanos del debate público. La Juventud no es un apéndice de la sociedad: es su pulso, su energía, su capacidad de renovación. Cuando se le margina, la democracia pierde vitalidad y se aleja de la realidad.
El Estatuto de Ciudadanía Juvenil no fue una concesión política, sino el resultado de años de movilización de colectivos y liderazgos que exigieron reconocimiento, voz y poder de decisión. Sin embargo, entre el texto de la Ley y su aplicación se abrió un abismo que aún no se cierra. En teoría, el Estatuto garantiza derechos; en la práctica, muchos Consejos sobreviven con recursos inexistentes y con el mínimo interés institucional.
Por ello, la Política Pública de Juventud no puede seguir atrapada entre el discurso y la inercia. Cumplir la Ley no es una opción: es una responsabilidad jurídica y moral del Estado. Hablar de Juventud sin garantizarle espacios reales de incidencia es una forma de simulación política. Una democracia que solo convoca a los jóvenes para la foto, pero los excluye del presupuesto, no es una democracia participativa, sino una escenografía institucional.
El país no puede seguir creyendo que reconocer a la Juventud consiste únicamente en crear cargos o Consejos sin contenido. Reconocerla implica invertir en formación, garantizar presupuestos, acompañar su gestión y, sobre todo, creer en su capacidad de transformar.
La Juventud no exige privilegios, exige coherencia. Exige que las leyes que la protegen no sean promesas huecas. Exige respeto por su papel como actor político y social. Porque una democracia que no escucha a sus Jóvenes no solo envejece: se corrompe, se desgasta y pierde su horizonte.
La Juventud no pide favores; pide que se le permita construir. Y esa es, quizá, la mayor prueba de madurez de un Estado: su capacidad de escuchar a quienes heredarán el país que hoy se gobierna.
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