Petro propone constituyente como respuesta a bloqueo del congreso
El panorama nacional se ha visto agitado en los últimos días tras la propuesta del presidente Gustavo Petro de citar a una asamblea nacional constituyente. A pesar de la aprobación en la plenaria del senado del proyecto de reforma laboral presentada por el gobierno nacional el pasado 17 de junio, en la cual la reforma pasó a ser ley de la republica con 57 votos a favor y 31 en contra, el presidente anunció en medio de un acto público la necesidad, según él, de citar a una asamblea nacional constituyente argumentando un bloqueo institucional y la necesidad de darle más participación a la ciudadanía.
La constitución política de Colombia de 1991 ya permite en su artículo 376 la citación a una asamblea nacional constituyente; sin embargo, esta misma ley dice que antes de que el pueblo pueda votar por la elección de esta, la propuesta primero debe ser aprobada por ambas cámaras del congreso de la república.
A pesar de que el artículo 374 dice que la constitución podrá ser reformada por una asamblea nacional constituyente o por el pueblo por medio de un referendo, el primer trámite que debería ejecutarse en este proceso sería la aprobación mayoritaria del congreso de la república.
Aunque el presidente desistió de la citación a una consulta popular luego de que el congreso por fin aprobara la reforma laboral propuesta por su gobierno, gran polémica ha causado su anuncio de incluir una papeleta en las elecciones del 2026 para citar a una Asamblea Nacional constituyente.
Bloqueo institucional
El principal argumento del presidente ha sido claro y conciso: “un bloqueo institucional”. Así ha llamado el presidente a los obstáculos jurídicos, penales y legislativos que las instituciones del estado han puesto a sus polémicas reformas durante los últimos tres años. Y es que, aunque la reforma laboral fue aprobada mayoritariamente en el congreso, esta tuvo varios tropiezos y estuvo varias veces a punto de hundirse durante su trámite y discusión en el congreso de la república.
Proyectos sepultados
Similar suerte han corrido algunas de sus anteriores propuestas de reformas sociales. Una de las más polémicas y que generó un quiebre en las relaciones entre el presidente Petro y el congreso, fue el hundimiento de la reforma al sistema de salud, la cual proponía, principalmente, que los recursos de la salud pública fueran manejados directamente por la Adres eliminando así a los intermediarios, es decir, a las empresas prestadoras de salud, (EPS). Cabe recordar que entre las principales propuestas de este proyecto estaban, la creación de los Centros de Atención Primaria (CAP) en cada territorio, que permitiría atender aproximadamente a 25.000 personas, poniendo como prioridad a zonas rurales y comunidades marginadas.
Otra de las grandes derrotas del gobierno nacional frente al legislativo, fue el hundimiento de la reforma política, que proponía implementar listas cerradas, paridad de género, financiación estatal exclusiva de campañas y limitar la reelección de congresistas. Esta iniciativa fue presentada dos veces por el gobierno nacional: la primera en marzo del 2023 y la segunda en diciembre del 2024. En ambas ocasiones la iniciativa naufragó por falta de consenso y falta de quorum.
La relación entre el presidente Petro y las altas cortes del estado tampoco pinta bien
En mayo del 2024 la Corte Constitucional tumbó la ley que le dio vida al Ministerio de la Igualdad, una de las promesas del presidente Petro con los sectores feministas en su campaña, después de declarar esta ley como inexequible.
Tiempo después, en julio del 2024, el presidente firmó un paquete de decretos con el cual se declaró la emergencia social y económica en La Guajira. Según el presidente, el motivo de estos decretos era atender de manera prioritaria a las comunidades afectadas directamente por el fenómeno del niño.
Fueron 14 en total los decretos firmados por el presidente y su gabinete de ministros, pero uno a uno se cayeron después de ser revisados por la Corte Constitucional.
La polémica se dio porque entre el paquete de decretos había algunos que poco o nada tenían que ver con la necesidad de llevar agua a las comunidades. Uno de esos decretos establecía la asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en ese departamento y otro con el que pretendían proteger la riqueza cultural de la comunidad Wayuu.
Entre los argumentos de la Corte Constitucional estaba también que el ejecutivo no tuvo en cuenta la inminente emergencia o desastre, no agotó todos los medios y tampoco midió la gravedad de la emergencia que decretó. Los anteriores son los requisitos que la ley plantea para asumir las facultades extraordinarias que otorga la declaración de una emergencia económica.
Cabe recordar que durante el tiempo que estuvo esta emergencia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (ungrd) firmó el contrato de compra de 40 carrotanques para la distribución de agua por 46.800 millones de pesos, el cual tuvo un sobrecosto de más de 7.000 millones de pesos.
Lo anterior da muestra del roce constante entre el jefe de estado con el legislativo y las altas cortes. Volviendo al legislativo, el presidente del congreso, Efraín Cepeda, opositor al gobierno Petro, ha reiterado que es función del congreso de la republica permitir o no el llamado a una asamblea nacional constituyente. Estas declaraciones se unen a otra polémica que involucra al presidente de esta corporación por solicitar una reunión con las fuerzas armadas. Constitucionalmente, como jefe de las fuerzas armadas, el único que puede solicitar reunirse con estas es el jefe de estado, quien acusó a Cepeda de un intento de golpe de estado por su solicitud.
Esto fragmenta aún más las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, alejando aún más la posibilidad de un consenso entre ambos entes.
Por otra parte, este distanciamiento también podría dificultar aún más la aprobación del congreso a la citación de una asamblea nacional constituyente. Lo que nos vuelve a llevar al artículo 376 de la constitución política de Colombia que permite la citación a esta sólo si antes el congreso de la republica lo aprueba.
La balanza
De esta forma ya podemos ver un balance claro de los pros y contras de la polémica propuesta del presidente Petro.
Sin duda alguna habría de nuevo una gran participación ciudadana, que incluso, se estima, superaría a la de la constitución de 1991, pues es innegable que el presidente Petro aún conserva gran parte de sus bases electorales.
Igualmente, el presidente Gustavo Petro propone incluir en la nueva propuesta de constitución mecanismos que permitan una participación ciudadana más efectiva y democrática, para permitir que el ejecutivo cumpla con lo prometido en campaña y por lo que fue electo cuando no logre ponerse de acuerdo con el legislativo y las altas cortes.
La nueva constitución también incluiría derechos que el presidente ha buscado promover en sus reformas a la salud, al régimen laboral y al sistema político, lo cual solucionaría el bloqueo institucional que las distintas ramas del estado le han puesto a su gobierno.
Otro de los argumentos que el presidente Petro ha resaltado de su propuesta de reforma constitucional, es que aterrizaría un poco más la actual constitución. Es importante aclarar que en reiteradas ocasiones el presidente Petro ha sostenido que esta propuesta no busca derogar del todo la constitución de 1991, sino que lo que busca es complementarla.
El mandatario afirmó a través de su cuanta de X que su propuesta, aunque no busca derogar la constitución de 1991, sí busca quitarle algunas contra reformas lesivas, y ponerle algunos temas que no se tocaron hace más de 30 años como: la crisis climática y la búsqueda de la paz en los territorios del país.
Por otra parte, después de las tensas relaciones entre el presidente y el congreso será difícil para el gobierno buscar que este apruebe su propuesta, sobre todo después de que este le hundió la consulta popular que buscaba aprobar la reforma laboral en principio.
Es innegable el ambiente de polarización actual en que está sumido el país; esto se refleja en redes sociales, en las calles, en las marchas que cita tanto el oficialismo como la oposición, incluso en los medios de comunicación que parecen estar divididos entre los que apoyan incondicionalmente al presidente Petro (medios independientes) y los que están en su contra o reflejan una postura bastante crítica al gobierno nacional (medios hegemónicos o tradicionales).
Y por supuesto, otro de los grandes riesgos que se corre citando a una constituyente es que el autoritarismo se infiltre y se termine aprobando un documento con reformas extremas que estén fuera de lo propuesto por el mandatario. El mismo presidente ha dicho que este evento no debe ser usado por el uribismo y la ultraderecha para aprobar leyes autoritarias que les beneficien a ellos.
Mientras tanto, y en el último tramo de su gobierno, el presidente Petro presiona políticamente mientras se topa con límites legales. La democracia pareciera quedar en juego. Y de allí parte la importancia de un debate informado. Lo cierto es que, también hay que decirlo, el presidente Petro ha logrado poner en boca de las cortes, del legislativo, de los medios de comunicación y hasta de las personas de pie, sus propuestas más polémicas. Hoy gran parte de la sociedad discute la necesidad o exageración de sus propuestas que se vuelven polémicas.
En mi opinión, el presidente Gustavo Petro es un buen ajedrecista, siempre está moviendo alguna ficha y siempre está pensando en su próxima jugada. Logra lo que quiere, incluso cuando el legislativo no le aprueba o las altas cortes o el consejo de estado le tumba alguno de sus decretos o decisiones, logra poner el tema de la agenda en la sociedad colombina. Se termina siempre discutiendo, ya se a favor o en contra alguna de sus polémicas propuestas.
Mientras tanto habrá que esperar para ver cómo le sale esta jugada al ajedrecista.
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