Por más de tres décadas Devimed, concesión de primera generación (1G) ha operado en el Oriente antioqueño y desde el 29 de enero pasado y hasta el 31 de julio de 2026, inició su etapa de reversión al Estado, marcando el cierre de un ciclo que deja cifras, obras y, sobre todo, aprendizajes que el país no puede pasar por alto.
Durante estos años, Devimed contribuyó a la transformación de la movilidad del Oriente antioqueño. Más de 450.000 habitantes de municipios como Guarne, Rionegro, Marinilla, El Santuario, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión, se beneficiaron con una infraestructura moderna y segura: 68 kilómetros de segundas calzadas completamente iluminadas, dos túneles estratégicos en la autopista Medellín – El Santuario y el mejoramiento de más de 100 kilómetros de vías existentes. En su momento de mayor operación, el corredor alcanzó 172,5 kilómetros, con una inversión acumulada cercana a los 2,8 billones de pesos.
Pero el impacto del proyecto no se limita a lo estrictamente vial. Gracias a los excedentes generados, se ejecutaron obras complementarias en municipios aledaños al corredor concesionado por cerca de $250.000 millones, demostrando que un modelo bien estructurado, como lo venimos evidenciando con la concesión Túnel Aburrá Oriente, puede generar valor adicional para las regiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Durante la etapa de reversión, es importante dar un mensaje de tranquilidad. Tal como lo establece el contrato de concesión, Devimed continuará siendo responsable de la operación, el mantenimiento, el recaudo de los peajes y la prestación de servicios esenciales como grúas y ambulancias. Además, se ejecutarán inversiones finales clave, como el viaducto en Marinilla para el acceso a la zona de embalses del Oriente y el intercambiador de Somer en Rionegro.
Sin embargo, el debate de fondo va más allá de la reversión contractual. La concesión terminará y todo lo que antes estaba a cargo de Devimed, pasará a la Nación a través del Invías, una entidad que hoy enfrenta enormes retos para atender los más de 38.000 kilómetros de vías bajo su responsabilidad. La experiencia reciente del tramo El Santuario – Caño Alegre, entregado a la Nación en 2018 y hoy con un deterioro significativo, debe llamarnos a una reflexión seria y responsable.
Operar y mantener una vía de estas características cuesta cerca de mil millones de pesos por kilómetro al año. Eso significa que garantizar niveles adecuados de seguridad y transitabilidad, Invías necesita $40 billones y una gestión técnica rigurosa.
El modelo de concesiones, nacido con la Ley 80 de 1993 y fortalecido con las Asociaciones Público-Privadas, a partir de 2012, no está en discusión por casos como este. Por el contrario, es gracias a este esquema que Colombia logró avanzar en infraestructura cuando el presupuesto público no era suficiente para hacerlo. Hoy el país cuenta con miles de kilómetros concesionados, presencia en casi todo el territorio nacional y decenas de miles de empleos generados.
Pero el modelo se quedó corto en el tiempo. Desde la Gobernación de Antioquia, hemos impulsado modificar la ley de concesiones viales para que se adicionen los contratos vigentes y futuros hasta en un 50% del tiempo, pues hoy solo se puede en el 20%, lo cual permitiría el cierre financiero de estas obras, sin tocar el presupuesto de la Nación, bastante disminuido por el actual gobierno en cuanto a obras estratégicas de infraestructura vial se refiere.
Desde Antioquia seguiremos defendiendo una visión clara: la infraestructura no es un gasto, es una inversión en competitividad, conectividad, equidad y desarrollo. Las decisiones que tomemos hoy, definirán la movilidad y el bienestar de las próximas generaciones.
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