El 24 de agosto de 2016 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su discurso tras la firma del Acuerdo entre su gobierno y la organización criminal de las FARC, afirmó con vehemencia que la Justicia Especial para la Paz – JEP, creada en el marco de esos acuerdos garantizaba que no habría impunidad: “Esta justicia transicional garantiza que no habrá impunidad –¡no habrá impunidad!– para los responsables de los delitos más graves”. Nótese el acento en ¡no habrá impunidad!.
Impunidad que el país sabía era el principal incentivo con el que los miembros de esa guerrilla se habían sentado en la mesa de negociación en la Habana, y porque estaba claro que el resultado de cualquier acuerdo entre el gobierno de Santos y las Farc no sería precisamente ni la verdad, la justicia, la reparación o la no repetición. Esta tal vez fue la principal razón que motivó que el NO ganara en el plebiscito en el que se le preguntó a los ciudadanos si apoyaban el llamado Acuerdo Final. Resultado que fue desconocido por el gobierno Santos.
A pesar de las declaraciones públicas del gobierno Santos respecto a la JEP y que no habría impunidad ni se extenderían los beneficios y privilegios a quienes cometieran delitos después de la firma de los Acuerdos, resulta que sí hay impunidad, y que la JEP como tribunal de justicia transicional se ha encargado dar permisos especiales para salir del país a exguerrilleros con procesos abiertos mediante trámites administrativos irregulares, que sus funcionarios han estado vinculados en actos de corrupción, que recibe las declaraciones de los excomandantes de las Farc a puerta cerrada sin que la opinión pública las conozca, es decir, sin que existan posibilidades reales de acercarnos a lo que puede ser la verdad de sus atroces crímenes.
Mientras le otorga prerrogativas a los miembros de las Farc, la JEP niega el acceso a la justicia a las víctimas. Como es el caso de las representantes de la Corporación Rosa Blanca, que asocia a las mujeres víctimas de las FARC, entre las que hay mujeres que fueron reclutadas forzosamente cuando eran niñas y adolescentes, violadas y obligadas a abortar en muchos casos sistemáticamente, y quienes a pesar de su clamor por la verdad, justicia y reparación, sus casos no pasan de la invisibilidad en la niebla de la inoperancia de la JEP.
El pasado miércoles 15 de mayo la JEP negó la petición de extradición a los Estados Unidos de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, excomandante de las FARC, quien fue capturado por negociar el envío de más de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, por intermedio del cartel de Sinaloa. Negociación que quedó grabada por las autoridades y en la que además participó Marlón Marín, sobrino de Iván Márquez, excomandante guerrillero. Además, en el marco del proceso de Santrich, las autoridades capturaron a Carlos Bermeo miembro de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, quien fue grabado cuando recibía US$40.000 como parte de un pago que, de acuerdo a las investigaciones, hacía parte de un soborno por US$ 2.000.000 para incidir en el proceso de extradición Santrich.
Las negociaciones de la cocaína se dieron después de la entrada en vigencia de los Acuerdos Santos – FARC, lo que implica que los procesados, en estricta aplicación de esos acuerdos pierden los privilegios y beneficios de no extradición. Sin embargo, la JEP en una nueva acción que demuestra su verdadera naturaleza, niega la extradición de Santrich y ordena su libertad. Afortunadamente, en el momento de su salida de la cárcel, la Fiscalía expidió una nueva orden de captura.
Habrá que esperar para ver si nuevamente la JEP se empeñará en garantizar la impunidad de uno de los comandantes de la estructura criminal más sangrienta, responsable de toda clase de crímenes de lesa humanidad y de las más cruentas acciones contra la población civil, dedicado aún después de los Acuerdos al principal negocio de las Farc: el narcotráfico. Es decir, traqueteando como decimos en Colombia a quienes se dedican al negocio ilícito que ha alimentado la violencia, el criminen y terrorismo en el país durante más de treinta años.
Desde luego uno de los grandes exabruptos jurídicos y de las mayores aberraciones políticas en un país como Colombia que resultaron de los Acuerdos Santos-FARC fue el establecer que el narcotráfico es un delito conexo al delito político.
Mientras unos Acuerdos que carecen de legitimidad, no sólo porque la gente les dijo NO en las urnas, a pesar de las artimañas del gobierno Santos para modificar el umbral, sino porque la votación a la lista al Senado de las Farc sólo llegó a un poco más de 50.000 votos, la institucionalidad y el ordenamiento jurídico se pervirtieron para garantizar la impunidad, dejar a las víctimas en la ignominia y el olvido, otorgarle a las Farc privilegios económicos y políticos, como estar en el Congreso sin ser elegidos en las urnas.
Además el discurso gobiernista de la paz creo una perversa narrativa en contra de todo el que se atreviera o aún hoy se atreva a cuestionar los Acuerdos y sus previsibles y nefastas consecuencias, es considerado guerrerista por la clase política vinculada con el gobierno Santos, muchos de los cuales obtuvieron enormes beneficios marcados por serios escándalos de corrupción conocidos como “mermelada”, dicho de paso pagada en algunos casos con plata de Odebrech, además de ser criticados por la mayoría de medios de comunicación y desde luego por la intelligetsia criolla tan favorable siempre a defender a las guerrillas y validar mediante diversos discursos todas las formas de lucha vinculadas ideológicamente al socialismo y el comunismo.
Los hechos siguen demostrando, a pesar de la retórica falaz de los amigos de la violencia política, que los resultados de los Acuerdos Santos-Farc nos dejaron con impunidad y sin paz. Nos quedamos con la violencia, con un incremento del 3,25 % de los homicidios en 2018 con relación al 2017, con más de 200 mil hectáreas de cultivos de coca, con un ELN fortalecido y operando entre Venezuela y Colombia, con un entramado de redes criminales, varias de ellas conformadas por las llamadas disidencias de las Farc, que siguen ejerciendo sus actividades en las zonas del país que históricamente han estado afectadas por la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, la impunidad y la corrupción.
