Opinión Selección del editor

Computadores de papel

La situación económica, territorial y laboral son quizá las principales características que marcan la brecha en la desigualdad social colombiana. Sin embargo, es la educación el punto diferenciador que expone de manera clara, en tiempos de coronavirus, la distancia entre aquellos individuos que registran en los estratos más bajos, y aquellos que tienen el país en su poder.

La educación es el nombre que se le atribuye a la capacidad de tener un desarrollo intelectual, moral y afectivo por parte de los seres humanos. Debido a esto, en Colombia fue estipulado como un derecho de los habitantes en el artículo 67 de la constitución de 1991, “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”

El año 2020 marcó, en definitiva, la vida de todos los seres humanos. Aspectos como la educación primaria, secundaria y superior, o el trabajo, tuvieron que llevarse a la virtualidad, debido a la aparición y contagio del virus COVID-19. El mismo que obligó casi que al mundo entero, entrar en un aislamiento preventivo obligatorio, trasladando la cotidianidad de sus vidas al hogar. Razón por la cual se dio inicio a la educación virtual, la misma que  en las zonas rurales de Colombia, en específico Santander, ha sido un fracaso para lograr una educación de calidad.

Alrededor de 15 días han transcurrido desde el receso a clases virtuales, ordenado por María Eugenia Triana, secretaria de educación de Santander, desde el 20 de abril, según la resolución 02765 emitida el 18 de marzo del presente año, desde el gobierno nacional. Docentes, niños y jóvenes pertenecientes a la educación pública desde el grado transición hasta undécimo, tendrían que estar dispuestos a llevar a cabo un proceso de aprendizaje a la distancia a partir de la fecha, pero la falencia económica y la calidad de vida de los estudiantes comenzó a evidenciarse en el proceso.

Según la revista semana en una de sus publicaciones, en Colombia, el número de jóvenes y niños que no tienen clases presenciales a causa del coronavirus es de alrededor de 11 millones, y según el laboratorio de economía de la educación (LEE), de la universidad Pontificia Javeriana, el 96% de los municipios del país no cuentan con herramientas para poder implementar lecciones virtuales. Con la ausencia de tecnologías de información y comunicación (TIC), la dificultad para el desarrollo de un aprendizaje virtual se aumenta y deja a la deriva a miles de estudiantes que buscan el derecho a la educación.

Pese a las dificultades dadas por el contexto nacional y la situación social, muchos colegios como el instituto agropecuario Santa Rosa, ubicado en el municipio de Bolívar, Santander, acuden a alternativas de enseñanza para continuar con su labor. “Por medio de la implementación de guías, de talleres y de trabajo impreso. Se les va hacer llegar paquetes de fotocopias con toda la información que ellos deben desarrollar”, afirmó Manuel Rocha, coordinador del Instituto, quién busca junto a todos los docentes llegar a cada estudiante que pertenece a la institución.

Sin embargo, para el 2018, 2,7 millones de personas se registraban como analfabetas, lo que equivale al 5.8% de la población según la Unesco. No es oculto el hecho de que muchas de estas personas pertenecen a las zonas rurales del país, y es allí donde se evidencia la falta de internet, aparatos tecnológicos, incluso muchas veces, servicios básicos como luz y agua, que cumplen la función de herramientas de apoyo en la educación. Entonces, las guías y talleres que llegan a los niños pertenecientes a estas poblaciones, se ven obligados a desarrollarse con el acompañamiento personalizado de sus docentes, debido a que en muchos casos, los padres no tienen los conocimientos básicos de escritura y lectura, comunicación que no se logra de manera óptima.

Sandra Santoyo es una campesina y madre de dos hijas pertenecientes a la institución de Santa Rosa, y expone “El gobierno no pensó en los niños del campo”, mientras que Zayra Amaya, una mujer ama de casa, habitante urbana sin estudios al igual que su esposo, que tiene un hijo de 7 años, y aunque cuenta con computador y celulares solo tienen el conocimiento básico para el uso de estos, afirma,  “Es muy difícil para nosotros, a veces es el niño el que me corrige y yo ni siquiera se usar el celular para mirar las tareas, si acaso para llamar o mandar whatsapps, y los profesores no pueden ayudarnos a todos”. Así, entre docentes, gobierno y padres se culpan mutuamente de la educación de sus hijos, una educación que no tiene los mínimos parámetros para lograr la calidad.

Con computadores de papel, lo que se refiere a los cuadernos y talleres impresos que representan una educación virtual sin tecnología, docentes youtubers y padres gruñones, los niños y jóvenes de las zonas más vulnerables afrontan una difícil situación que afecta a todos, en especial su aprendizaje. Sin mencionar la futura situación del país con el llamado “aislamiento inteligente”. La incertidumbre aumenta la presión, el qué pasará y cómo pasará,  si es hora de dar una pausa en la enseñanza o seguir trabajando en pro de una educación mediocre que busca no fallar en el intento.

 

Esto fue escrito por

María Fernanda Rangel Castro

Estudiante de comunicación social y periodismo de la Universidad Pontifica Bolivariana, sede Bucaramanga. Busco plasmar la realidad de manera crítica a través de escritos que lleguen a la gente.