La violencia en Colombia, como una sombra persistente, vuelve a ensombrecer nuestro horizonte. Los últimos años han evidenciado un preocupante recrudecimiento de la inseguridad, que echa por tierra los avances logrados en las últimas décadas.
El gobierno de Gustavo Petro, con sus políticas de «paz total», ha generado un escenario complejo y contradictorio. Si bien la intención de buscar una salida negociada al conflicto armado es loable, los resultados hasta el momento son desalentadores. El aumento de los secuestros, las extorsiones y las masacres, así como la pérdida de control territorial por parte de las fuerzas del Estado, son indicadores claros de un retroceso en materia de seguridad.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó un balance preocupante sobre la seguridad en Colombia durante los primeros dos años del gobierno Petro. Si bien se han registrado disminuciones en otros delitos, el secuestro aumentó un 70% y la extorsión un 29%. Paralelamente, Indepaz reportó un alarmante incremento en los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, alcanzando la cifra de 100 asesinatos en lo que va del año.
Indepaz también ha documentado un aumento significativo en el número de masacres en los últimos años. Entre 2022 y 2024, se han registrado más de 180 masacres con cientos de víctimas. Estos datos evidencian una grave crisis de violencia en el país y ponen de manifiesto la necesidad de implementar acciones urgentes y efectivas para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos, especialmente de aquellos que trabajan en defensa de los derechos humanos y de las comunidades más vulnerables.
Es innegable que la violencia en Colombia tiene raíces profundas, arraigadas en la inequidad, la desigualdad y la disputa histórica por el control del territorio. Sin embargo, es preocupante observar que los grupos armados ilegales han cobrado nuevo protagonismo en algunas regiones del país, aprovechando los vacíos de poder y la falta de presencia estatal.
El gobierno debe asumir su responsabilidad y tomar medidas drásticas para combatir la violencia y garantizar la seguridad de todos los colombianos. Esto implica, entre otras cosas, fortalecer las fuerzas armadas y la policía, mejorar la inteligencia y atacar las causas estructurales del conflicto.
La sociedad civil también tiene un papel fundamental que desempeñar. Es necesario exigir a nuestros gobernantes que cumplan con sus promesas y que trabajen por un país más justo y equitativo. Además, debemos estar dispuestos a participar en la construcción de una cultura de paz y reconciliación.
El camino hacia la paz es largo y tortuoso, pero no podemos renunciar a ella. La violencia nos ha arrebatado demasiado y no podemos permitir que siga destruyendo nuestras vidas, nuestro presente y futuro.
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