En Colombia seguimos repitiendo el mismo libreto: el Estado diagnostica la reincidencia delictiva como un problema grave, publica documentos técnicos, anuncia reformas y, sin embargo, poco cambia. Las cárceles siguen llenas, la inseguridad se recicla y quienes salen del sistema penal vuelven a él con una frecuencia que debería alarmarnos. Pero quizá el punto ciego está en la premisa misma desde la que pensamos la regulación.
Si uno regresa a la tradición liberal clásica, especialmente a la visión de John Locke, encuentra una idea contundente y hoy casi olvidada: el Estado no existe para administrar la vida de las personas ni para moldearlas según el deseo de los gobernantes. Su función es mucho más sencilla y exigente: proteger los derechos naturales —vida, libertad y propiedad— y garantizar un marco de convivencia pacífica. Nada más, pero tampoco nada menos.
Desde esta perspectiva, la regulación solo es legítima si protege esos derechos frente a riesgos reales, y debe ser mínima, clara, estable y no invasiva. No le corresponde dirigir la economía, la moral ni la conducta privada; su papel es remover obstáculos injustos y asegurar un entorno en el que las personas y la sociedad civil puedan prosperar por sus propios medios.
Con esta brújula normativa, vale la pena preguntarse cómo abordar la reincidencia delictiva en Colombia sin caer en la tentación de expandir el aparato estatal.
La evidencia es clara: las estadísticas penitenciarias muestran que, en años recientes, casi uno de cada cuatro internos —alrededor del 25 %— ha sido reincidente, un indicador que pone de manifiesto la fragilidad de nuestras políticas de reinserción social; un dato que, más allá de la estadística, expone un sistema incapaz de articular oportunidades reales de reinserción. Y, aunque existen esfuerzos como la Ley 2208 de 2022 —la llamada Ley de Segundas Oportunidades—, su impacto sigue siendo limitado. La norma busca incentivar a las empresas a contratar población pospenada mediante beneficios económicos y tributarios. Es un paso importante, pero insuficiente.
¿Por qué? Porque no enfrenta las raíces del problema: el desempleo estructural de los pospenados, los estigmas legales y sociales, la falta de formación pertinente y la ausencia de articulación entre el sector público, las empresas y la sociedad civil. El Estado sigue actuando como si bastara con promulgar leyes para resolver problemas complejos. No funciona así. Las empresas no contratan por decreto.
Necesitamos entender que la reincidencia no es solo un problema penal: es también un problema regulatorio y de diseño institucional. La falta de empleo aumenta la probabilidad de delinquir; la reincidencia incrementa el temor empresarial; y ese temor, a su vez, alimenta el desempleo. Un círculo vicioso que ninguna ley bienintencionada romperá sin modificar los incentivos reales que enfrentan empleadores, comunidades y personas liberadas.
¿Qué hacer, entonces? No más burocracia, sino mejor regulación. No más gasto sin evaluación, sino instrumentos basados en resultados. En lugar de ampliar el Estado, usarlo como árbitro y catalizador. Por eso resulta atractivo pensar en un “boost regulatorio” de inspiración minarquista: un paquete de incentivos de mercado, temporales y medibles, que reduzca los costos percibidos por las empresas y traslade los riesgos al sector privado, donde pueden gestionarse mejor.
Propuestas como plataformas digitales de empleabilidad, bonos de impacto social para financiar formación laboral, créditos negociables para la contratación, sellos reputacionales para empresas que abran segundas oportunidades y cláusulas de safe harbor que otorguen seguridad jurídica permitirían romper la lógica actual. No es más Estado; es un Estado más inteligente, más limitado y funcional.
Todo bajo un principio clave: la temporalidad. Sin resultados verificables en 24 meses, ningún incentivo debería perpetuarse. Porque lo contrario no sería política pública, sino dependencia fiscal.
Colombia necesita políticas que apuesten por la libertad responsable, no por más controles. La evidencia internacional es clara: el empleo reduce la reincidencia. Pero hacerlo posible requiere alinear incentivos, no imponer obligaciones. El Estado debe ser garante de reglas claras, no un sustituto del mercado ni de la sociedad civil.
La verdadera solución está en reconocer que la libertad —bien diseñada, bien medida y bien incentivada— es un motor más poderoso que cualquier decreto. La pregunta no es si necesitamos más regulaciones, sino si estamos dispuestos a diseñar regulaciones que confíen, por fin, en la capacidad de las personas para reconstruir su vida cuando el Estado deja de estorbar y empieza, simplemente, a proteger.
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