La determinación adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir a Iván Cepeda Castro de la participación en la consulta de marzo ha suscitado una serie de reacciones y debates en el ámbito político colombiano. Para ciertos sectores del progresismo y la izquierda, esta medida se interpreta como un acto de persecución política, representando un nuevo capítulo en una narrativa de victimización que, según sus propios argumentos, evidencia los obstáculos que la institucionalidad impone a sus líderes. Sin embargo, un análisis exhaustivo revela que esta interpretación no se sostiene frente a los hechos y al derecho. La resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) carece de fundamentos políticos y se basa en consideraciones jurídicas, centrándose en la legalidad y en la necesidad imperativa de asegurar que los procesos electorales se lleven a cabo de acuerdo con los principios que rigen la participación ciudadana.
En primer lugar, es preciso comprender que la esencia de la democracia trasciende la mera confrontación de ideas o la ostentación pública de virtudes ideológicas. La democracia, en esencia, constituye un sistema que opera dentro del marco legal y normativo, garantizando la equidad entre los participantes. Cuando un actor político busca beneficiarse de lagunas legales o de la deficiente supervisión de ciertos recursos con el fin de mejorar su posición electoral, no solo se compromete la competencia leal, sino que también se erosionan la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y la integridad de este. La participación de Iván Cepeda Castro, según indican las investigaciones y los informes del Consejo Nacional Electoral (CNE), planteaba el riesgo de un aprovechamiento indebido de recursos públicos con la reposición de votos en un segundo proceso electoral. Este asunto no se trata de simpatías políticas, sino del cumplimiento estricto de la ley.
El progresismo y la izquierda, por su parte, han optado por interpretar la decisión del CNE a través de una narrativa emocional, que enfatiza la supuesta persecución de sus líderes. Iván Cepeda Castro se presenta como una víctima de un aparato institucional que, según su perspectiva, impide que las voces progresistas sean escuchadas y que margina a aquellos que desafían la hegemonía de ciertos sectores políticos. Sin embargo, es preciso señalar que esta interpretación soslaya una realidad irrefutable, el proceso electoral no fue concebido para favorecer u obstaculizar a ninguna corriente ideológica, sino para asegurar la equidad y la legalidad. La insistencia en presentar a la población como víctima de alguna situación u otra, tiene como único fin desviar la atención de lo que realmente motiva la decisión del CNE, la necesidad ineludible de evitar irregularidades en la financiación, la reposición de votos y la utilización de recursos públicos con fines partidistas.
Es importante destacar que no se pretende deslegitimar la labor política de Iván Cepeda Castro ni los sectores que representa. La democracia se beneficia de la diversidad de ideas, del pluralismo y de la competencia de distintos enfoques sobre la manera de conducir al país. El debate no se centra en la ideología, sino en la conducta electoral y la transparencia de los mecanismos utilizados para captar la voluntad ciudadana. La política no puede ser un escenario donde la ética y la legalidad sean negociables, ni un espacio para aprovechar coyunturas con el objetivo de maximizar votos mediante estrategias que bordean la ilegalidad.
La imagen pública de Iván Cepeda Castro ha estado históricamente vinculada a discursos de confrontación y oposición, especialmente hacia aquellos que difieren de su perspectiva ideológica. Su actividad política se ha centrado principalmente en la persecución, denuncia y crítica de ciertos sectores, especialmente aquellos vinculados con Álvaro Uribe Vélez y su legado. Es innegable que esta estrategia ha generado una base de apoyo sólida, construida sobre la identificación de enemigos políticos y la polarización de la opinión pública. No obstante, la formulación de políticas desde una perspectiva de oposición y resentimiento tiene una limitación fundamental, no puede reemplazar la obligación de cumplir la ley ni justificar el uso indebido de recursos públicos.
La determinación adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) evidencia una voluntad inequívoca de salvaguardar la integridad del proceso electoral, asegurar condiciones equitativas y prevenir la malversación de fondos que podrían otorgar un beneficio indebido a un candidato o sector político determinado. Esta medida no se trata de una preferencia política o de afinidad partidista, sino de un requisito institucional que busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en la integridad del proceso electoral y en el uso adecuado de los recursos públicos. La omisión de este principio en aras de la narrativa de victimización conlleva una priorización de la emoción sobre la razón y del relato político sobre la legalidad.
Además, es evidente que la insistencia de algunos sectores progresistas en mantener a Iván Cepeda Castro en la consulta de marzo respondía a un cálculo estratégico, con el objetivo de obtener una segunda reposición de votos aprovechando su posición y notoriedad. Esta práctica, si bien puede ser vista como un acto legítimo dentro del ámbito político, presenta problemáticas cuando se combina con la utilización de recursos públicos para sostener campañas, movilizaciones o eventos que benefician directamente a un candidato. El Consejo Nacional Electoral (CNE), al actuar frente a estas irregularidades, cumple su rol de árbitro imparcial y garante de la legalidad, aunque esto pueda entrar en conflicto con los intereses políticos de ciertos actores.
El resentimiento y la hostilidad mostrados por Iván Cepeda Castro hacia aquellos que discrepan de su ideología no son meramente incidentales a su trayectoria política, sino que ejercen una influencia significativa en su percepción del escenario electoral. La estrategia de fundamentar la política en una oposición constante y en la demonización de los opositores restringe la capacidad de establecer consensos y de proponer alternativas constructivas. En contraste, la defensa de la legalidad es una práctica independiente de la política y se erige como un contrapeso ante la tentación de utilizar las normas para beneficio propio.
En última instancia, esta situación plantea una reflexión más amplia sobre la responsabilidad de los actores políticos en Colombia. Cuando la política se ve reducida a la victimización, la confrontación permanente y el aprovechamiento estratégico de recursos, existe el riesgo de que pierda legitimidad ante la ciudadanía. Los líderes no pueden fundamentar sus campañas exclusivamente en el resentimiento hacia otros, ni esperar que la polarización sirva como justificación para eludir la ley. El sistema democrático requiere de conductas responsables, transparencia en la financiación, respeto por las normas y disposición para competir en igualdad de condiciones.
Es preciso señalar que la determinación adoptada por el Consejo Nacional Electoral en relación con la participación de Iván Cepeda Castro en la consulta de marzo no debe interpretarse como un acto de persecución política ni como un ataque al progresismo. Por el contrario, se trata de una medida fundamentada en el marco jurídico, en el cumplimiento de la legislación vigente y en la necesidad imperativa de garantizar procesos electorales justos y transparentes. La estrategia de victimización y resentimiento que algunos sectores intentan proyectar no puede ocultar las irregularidades y el uso indebido de recursos que motivaron la resolución. La política no puede ni debe fundamentarse exclusivamente en la confrontación, la animadversión hacia los opositores o la búsqueda de ventajas mediante la manipulación de fondos públicos. Se insta a todos los actores involucrados a reconocer que la legalidad y la ética deben prevalecer sobre el cálculo político. La legitimidad de cualquier candidato no se construye únicamente desde la confrontación, sino desde la transparencia, la responsabilidad y el respeto a las normas que sustentan la democracia.
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