Cien días de “honestidad”: Orsi y el derrumbe de un eslogan

“El estatismo no es un sistema político basado en la justicia, sino en el crimen”.
– Ayn Rand.

Han transcurrido los primeros cien días del gobierno de Yamandú Orsi, y con ellos se derrumba la mascarada de moderación que pretendía revestir a la nueva administración del Frente Amplio. A contramano de lo que prometía su campaña electoral cuando decía “que gobierne la honestidad”, lo que emerge es una estructura cada vez más similar a la de los viejos gobiernos populistas de la región, donde el Estado se convierte en juez y parte, en empleador de militantes y en reproductor de privilegios para los cercanos al poder.

Lejos de una refundación ética, los primeros pasos de Orsi han sido un rosario de escándalos, designaciones cuestionables, gestos de simpatía hacia dictaduras extranjeras, y una lógica de reparto de poder que mezcla el pragmatismo sin principios con el clientelismo más burdo. La ilusión de un Frente Amplio renovado y respetuoso de las reglas del juego republicano se diluye rápidamente, dejando en evidencia una orientación clara: estatismo con retórica social, pero con las viejas mañas del caudillismo político de izquierda.

De la transparencia al encubrimiento burocrático

Uno de los casos más representativos de este nuevo ciclo ocurrió en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Cecilia Cairo, una figura de larga trayectoria en el Frente Amplio, fue designada ministra con bombos y platillos. Sin embargo, a las pocas semanas, estalló un escándalo que obligó a su renuncia: su propiedad estaba sin declarar y, por tanto, no había realizado el pago del impuesto de primaria durante los últimos 30 años. El hecho no solo era un problema legal, sino que erosionaba toda legitimidad ética para quien debía liderar políticas de acceso a la vivienda y regularización.

Lo más preocupante no fue solo el caso en sí, sino la reacción del oficialismo. En lugar de una condena clara y una investigación profunda, se optó por minimizar el hecho y proteger la imagen del gobierno. Como es costumbre cuando se trata de la extrema izquierda latinoamericana, el relato se impuso sobre la verdad, y la fidelidad partidaria fue casi más fuerte que cualquier compromiso con la transparencia.

El mismo patrón se repitió con Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El exrector de la Universidad de la República quedó en el ojo del huracán al conocerse que su casa en el balneario Solís no estaba declarada correctamente y, por ende, tampoco tributaba. Las justificaciones fueron de una pobreza moral preocupante: “no tiene final de obra”. Una excusa burocrática impropia de quien dirige uno de los órganos más importantes en la planificación del gasto público.

No obstante, contrario a lo sucedido con la ministra de Vivienda, Arim no renunció ni fue apartado del cargo. Simplemente, se le intimó la regularización e intentaron jugar con el relato de que ya estaba resuelto el tema. Una vez que catastro intimó y el director de OPP regularizó, el gobierno y su propio partido comenzaron los esfuerzos por diluir la situación. Rodrigo Arim sigue en su cargo.

Reparto de tierras: la vieja fórmula disfrazada

Otro caso que encendió las alarmas fue la compra de la estancia María Dolores, en el departamento de Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). La operación, justificada como un homenaje al recientemente fallecido expresidente José “Pepe” Mujica y que implica un gasto millonario, es reseñada como un esfuerzo por resolver las demandas de pequeños productores. Sin embargo, varios dirigentes de la oposición en el Parlamento han observado de cerca y cuestionado gravemente la movida.

Detrás del discurso de apoyo al agro y a los más humildes, lo que se escondía era una nueva maniobra de apropiación política del aparato estatal. Como ocurrió con ANCAP, UTE y otras empresas públicas en el pasado, Colonización parece estar volviendo a ser una plataforma para premiar aliados, financiar estructuras militantes y concentrar poder económico bajo el disfraz de justicia social.

El 29 de mayo, tras varios días de polémica, el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, renunció al cargo, el cual había aceptado ser beneficiario del mismo organismo, lo que es una falta grave al Artículo N.º 200 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que inicia diciendo:

“Los miembros de los Directorios o directores generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del Instituto de que forman parte. […]”

Previo a su renuncia, Viera recibió un apabullante espaldarazo de parte de su fuerza política, lo que puso al presidente Orsi en la incómoda situación de intentar justificar la permanencia del jerarca al frente del INC. No obstante, los respaldos no fueron suficientes, y finalmente se materializó la renuncia, siendo la tercera ficha de Orsi en caer, a menos de 100 días de iniciado el gobierno.

Jerarca superdotada: la salida de Alejandra Koch

Alejandra Koch, quien venía ejerciendo cargos en la Administración Nacional de Puertos (ANP) en representación del Frente Amplio, renunció a la vicepresidencia de dicha institución el 2 de mayo, casi inmediatamente después de asumir.

La permanencia de Koch en la ANP y su nombramiento fueron severamente cuestionados cuando se supo que, siendo miembro del directorio de la misma institución, dio su voto para aprobar el ascenso de su marido y su chofer, configurando así un conflicto de intereses. Además, se le cuestionó el hecho de que, en 2022, al asumir como directora vocal, pidió mantener el sueldo que venía cobrando como funcionaria, el cual se le sumaba a la nueva remuneración.

Un tercer cuestionamiento se presentó cuando se supo que, en 2013, tras haber asumido como subgerenta del área de Sistema Nacional de Puertos, pese a no tener la formación específica, Koch completó 19 cursos en dos meses, hazaña que varios legisladores calificaron de imposible.

Venezuela: la complicidad como política exterior

En lo que respecta a política internacional, Orsi ha confirmado los peores temores. Ante un nuevo fraude electoral en Venezuela que habilita a Maduro a perpetuarse aún más en el poder, el gobierno uruguayo optó por desconocer a Edmundo González Urrutia como presidente interino, contrario a lo que hicieron países como Chile, Paraguay y buena parte de Europa. Esta postura, que se presenta como “neutral”, en realidad es una muestra de alineamiento ideológico con el chavismo.

La negativa a condenar a Maduro no es neutralidad: es complicidad. Es un gesto político deliberado, que confirma que el Frente Amplio, aun siendo una izquierda supuestamente moderada, sigue viendo en los regímenes autoritarios de izquierda un modelo legítimo. Y esa simpatía no es gratuita: forma parte de una estrategia geopolítica que busca fortalecer una alianza bolivariana en decadencia, pero todavía funcional para los intereses del progresismo continental.

Designaciones funcionales: Carolina Ache y Beatriz Argimón

Tal vez uno de los movimientos más simbólicos fue la designación de Carolina Ache como embajadora en Portugal y de Beatriz Argimón en la UNESCO. Ambas figuras, provenientes del espectro opositor, aceptaron cargos diplomáticos ofrecidos por el gobierno. Esta estrategia, vendida como apertura y pluralismo, en realidad es un intento de desactivar oposiciones incómodas y de construir una legitimidad internacional basada en rostros ajenos al Frente Amplio.

El problema no es solo ético, sino estructural: el oficialismo no construye puentes con la oposición a través del diálogo, sino a través de cargos. No invita a debatir modelos de país, sino que ofrece sueldos en dólares y viajes al exterior para neutralizar voces críticas. El resultado es un paisaje político desdibujado, donde la cooptación reemplaza al disenso y donde los incentivos para resistir al avance estatista se diluyen en privilegios diplomáticos.

Acelerando a fondo: bienvenido el socialismo del siglo XXI

En apenas cien días, el gobierno de Yamandú Orsi ha dejado en claro que no es un nuevo Frente Amplio, sino una versión reciclada de la vieja extrema izquierda latinoamericana. Sin un estilo sobrio, ni una comunicación más cuidada, el contenido es el mismo: un proyecto de expansión estatal, erosión de libertades y abusos de poder sin medida.

El estatismo de rostro amable es, quizás, aún más peligroso que el populismo explícito. Porque no genera reacción, porque parece razonable, porque se disfraza de sensibilidad social. Pero como bien advirtió Ayn Rand, el estatismo no es un sistema justo: es una forma de criminalidad legalizada, donde unos pocos deciden sobre la vida, la propiedad y el esfuerzo de los demás.

Uruguay necesita menos Estado, menos burócratas con excusas, y más ciudadanos libres con responsabilidad. Menos designaciones cruzadas, y más competencia auténtica de ideas. Los primeros cien días han sido una advertencia. Que no se conviertan en la antesala de una regresión institucional que nos devuelva al autoritarismo del siglo XXI disfrazado de república progresista.

La versión original de esta columna apareció por primera vez en nuestro medio aliado El Bastión.