Cuando Virginia Wolf se preguntó qué necesitaban las mujeres para escribir buenas novelas, propuso una “habitación propia”: un lugar donde pudieran escribir y consolidar su libertad y autonomía. Hoy ese concepto ha llevado a la necesidad de contar con un cuarto propio en el Estado, desde donde se transforme un orden de género desigual.
Cada día parece tomar más fuerza el discurso, vacío y mediocre, de un Estado más pequeño, apalancado en la supuesta idea de mayor eficiencia. Desde el Concejo de Medellín, el concejal Andrés Felipe Rodríguez, ha propuesto cerrar no sólo la secretaría de las Mujeres, sino también la Juventud, las gerencias de Etnias y de Diversidades Sexuales e Identidades de Género. Estamos ante el embate del neoliberalismo para desmontar el Estado Social de Derecho.
Hablemos con datos concretos. La Secretaría de las Mujeres de Medellín tuvo en el 2023 un presupuesto inicial aprox. de $28.000 millones, de los cuales 5.000 millones son concepto de funcionamiento; es decir, para el rubro de “burocracia” con lo cual, según el concejal “se instrumentaliza” la lucha de las mujeres. Sin embargo, omite que con ese se paga, por ejemplo, a las servidoras que sostienen el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres y que en una ciudad como Medellín, que ha logrado reducir los feminicidios, es irresponsable proponer desmontarlo.
Pero, tomemos por un momento en serio la propuesta del concejal ¿Qué pasaría si fusionamos la Secretaría de Inclusión con la Secretaría de las Mujeres? En la práctica los programas y proyectos que hoy ejecutan estas dependencias deberán ser implementados por Inclusión, cuyos servidores públicos ya están saturados con sus propias labores.
Así, la administración se vería obligada a trasladar a los servidores de esta dependencia a la de Inclusión, teniendo una Secretaría incluso más grande que antes de la fusión. La única reducción en costo sería no contar con una persona de nivel directivo, es decir la secretaria, que lidera dicha dependencia. ¿Vale la pena gastarnos los mismos recursos de funcionamiento y quitarle su “habitación propia” para reducirlas a un programa de otra secretaría o, cuando mucho, a una subsecretaría?
O acaso lo que propone el concejal no sólo es fusionar las Secretarías sino eliminar programas y proyectos de la Secretaría de las Mujeres. ¿Le estorba el programa de educación, cuyas servidoras transforman planes educativos para promover una educación no sexista?; o ¿quiere reducir el programa de autonomía económica, a través del cual se busca que las mujeres puedan tener mayores ingresos?; o, si de disminuir el tamaño de la Secretaría se trata, ¿quiere eliminar la burocracia que se encarga de coordinar los hogares de acogida para las mujeres en riesgo de feminicidio?
Últimamente está en auge el debate entre lo político versus lo técnico, se acusa a la izquierda de ser poco rigurosa y actuar sólo por intereses políticos; sin embargo, el concejal pretende cerrar media Alcaldía de Medellín y no hemos conocido estudios frente a los costos y viabilidad.
Esto es una amenaza directa a la democracia, escudada en lo que el concejal en sus redes ha llamado “estatismo globalista”. Al fin y al cabo, como dice David Harvey, el Estado neoliberal se conforma con derechos de propiedad privada individual, imperio de la ley e instituciones de libre mercado para garantizar las libertades individuales, a pesar de que esto sea insuficiente y se necesiten acciones afirmativas urgentes para superar las barreras que mujeres, trans, gays, lesbianas, negros, etc. enfrentamos.
El cuarto propio de las mujeres, de la población LGBTI y de la afro, no pueden cerrarse. Nuestra representación en el Estado es necesaria para garantizar nuestros derechos. La verdadera discusión técnica y rigurosa que deberíamos estar dando es por el contenido real de los programas de estas dependencias, no por cerrarlas e intentar ser un remedo de Milei colombiano. Por ejemplo, en Medellín la Secretaría de las Mujeres no tiene competencias frente a la desaparición de mujeres o la explotación sexual, ¿por qué no discutir más bien esa reforma?
Posdata 1: al concejal Andrés Rodríguez le preocupan mucho las finanzas estatales a pesar de que no ha pagado 226 millones de pesos al distrito en razón al impuesto de Industria y Comercio de la empresa Cesco, de quien fue propietario. Pero sí le interesa que el Estado gaste nuevos carros y modernizar su oficina en el Concejo. ¿Prioridades?
Postdata 2: ya vimos lo que pasó en Ecuador, el desmonte del Estado Social y de Bienestar por el neoliberalismo salvaje conllevó a un aumento de la violencia que hoy convierte a dicho país en la Colombia de los 90s.
Comentar