Las relaciones internacionales, son otro punto negro de la gestión de Gustavo Petro, a pocas semanas de cumplirse el primer año de su mandato. El repertorio de malas decisiones, controvertidos nombramientos y cuestionables declaraciones, es inagotable.
Al nepotismo y la baja ejecución presupuestal, se suma la afinidad ideológica por encima del interés nacional, como base para la diplomacia, cruzando, en ocasiones, el umbral de la complicidad criminal.
Los hechos son irrebatibles; en primer lugar, las designaciones en el cuerpo diplomático han sido duramente cuestionadas, incluso por parlamentarios gobiernistas. El Canciller Leyva nombró decenas de personas sin cumplimiento de los requisitos mínimos, además de incumplir la promesa de campaña de que se respetaría la carrera diplomática. Entre los más escandalosos están: Karen Carvajal, técnica en diseño de modas, nombrada en el consulado colombiano en Barcelona como segunda secretaria; Andrés Camilo Hernández, designado consejero de relaciones exteriores en México sin cumplir con los requisitos, como lo certificó el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2022; peor aún, Álvaro Moisés Ninco, embajador en ese mismo país, de quien solo fue posible destacar en su perfil, haber sido asesor Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Bolívar y asistir a un simposio de estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda y al Modelo de la ONU de la Universidad de la Sabana, como consta en el Decreto 190 del 23 de febrero de 2023. Y cómo no mencionar la designación de Sebastián Guanumen en el cargo de Cónsul de Colombia en Chile, tristemente célebre por ser el estratega de comunicaciones de Petro que instaba a sus colaboradores a correr la línea ética en la campaña, para llevar a cabo una guerra sucia en contra de los demás candidatos presidenciales. Otra de las designaciones fue la de Armando Benedetti, en calidad de embajador de Colombia en Venezuela, a quien el propio Canciller calificó de drogadicto, no apto para el cargo.
Petro restableció relaciones con el régimen de Maduro y se ha obsesionado por legitimarlo; pero su labor no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los colombianos que residen en dicho país, ni para abogar por nuestros compatriotas presos políticos del régimen, ni mucho en menos para aliviar a las poblaciones colombianas de fronteras, agobiadas por el accionar criminal de las estructuras que reciben refugio en ese territorio.
Además, el Gobierno del Cambio ha puesto en riesgo los lazos e inversiones de aliados estratégicos como el Reino de Marruecos, al establecer relaciones diplomáticas con el Frente Polisario (República Árabe Saharaui Democrática), organización con vínculos con el M-19, a la que la ONU nunca ha reconocido como Estado. Algo similar sucede con la directriz emitida por la Cancillería a todos los funcionarios del sector público del orden nacional, departamental y municipal ordenando abstenerse de tener contacto, reuniones y/o manifestaciones de apoyo con funcionarios de Taiwán; a pesar de que desde hace más de 40 años, tenemos relaciones económicas, culturales y sociales, a través de la Oficina Comercial en Colombia, con esa Nación.
Pero eso no es todo, el Congreso del Perú declaró a Petro persona no grata, por su injerencia en asuntos internos y su apoyo a Pedro Castillo, procesado por delitos contra el régimen constitucional peruano y corrupción; misma solidaridad cómplice expresada a favor de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la justicia argentina.
Esa peculiar tendencia a involucrarse en asuntos propios de otros países, le valió a Petro justificados cuestionamientos por parte de los chilenos, que tomaron como un insulto a su democracia, el que calificara como un fracaso el resultado del plebiscito y como una vuelta a Pinochet.
El caso de Nicaragua merece mención especial; primero, por la orden del Canciller Leyva para que la delegación colombiana no se hiciera presente, el 12 de agosto de 2022, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, cuyo fin era emitir una Resolución de condena contra la sistemática represión y la consecuente violación de los derechos humanos de distintos sectores sociales, religiosos y políticos (Resolución 1203 de 2022); este hecho nunca fue aclarado por el Gobierno Petro. Ese mismo día, designaron como embajador colombiano en Nicaragua a León Freddy Muñoz, capturado en junio de 2018 con cocaína en el Aeropuerto Internacional de Rionegro, y que ahora es cuestionado por participar con símbolos alusivos al Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la marcha para conmemorar la revolución en el país centroamericano.
A esto se suma, la inédita cruzada internacional liderada por Petro, en procura de la legalización del narcotráfico; mientras frena las acciones institucionales para impedir la expansión de los cultivos ilícitos y promueve reformas constitucionales para legalizar el uso recreativo de la marihuana y su distribución; además de buscar brindar beneficios penales a cultivadores y demás eslabones de la cadena. Y aunque el Gobierno insista en que la nueva política contra las drogas está fundada en la incautación, en abril de este año el propio Ministro de Defensa tuvo que reconocer que la cantidad de alcaloide decomisado había disminuido en un 30%, con relación al mismo periodo del año anterior.
Así, las relaciones internacionales son otros desastre del Gobierno del Cambio, pero en reversa.
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