Además de los recientes escándalos de corrupción y fraude, el debate sobre la reforma del sistema pensional vuelve a encenderse, tras las recientes recomendaciones de la OCDE en la cual sugiere aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 57 años y equipararla con la de los hombres a 62 años.
El problema del sistema pensional es complejo y en cierta medida es de equidad de género. Las mujeres colombianas dedican en promedio siete horas[1] diarias al trabajo doméstico no remunerado y dos al cuidado de niños y personas adultas, cifra que equivale al doble de la de los hombres. Esto impide que las mujeres participen del mercado laboral, estudien y obtengan ingresos suficientes para cotizar de la misma manera que lo haría un hombre, y por ende esto debe ser tenido en cuenta a la hora de completar los requisitos necesarios para adquirir su jubilación.
Por otro lado, el déficit en el sistema asciende hoy en día a 38 billones de pesos, equivalente al 4.4% del PIB en 2016, 70 de cada de 100 pesos recaudados en impuestos se destinan a este rubro, para hacer una idea de la enorme magnitud de la cifra, es casi 6 veces lo pagado por el 57.6% de Isagen. De hecho, el problema de fondo radica en que los ingresos del sistema pensional (el activo pensional) son menores que los gastos del sistema (pasivo pensional), los aportes y las ganancias de capital generadas en los mercados de renta fija no son suficientes para cubrir el déficit. Las ganancias provenientes de capital derivadas de la rentabilidad de los bonos de deuda pública de largo plazo en Colombia son cercanas al 7%; pero la tasa a la cual se descuenta el pasivo es del 4%[2]; esto plantea un desequilibrio debido a que los pasivos serian perpetuamente mayores a los activos generados en la economía, conllevando a un mayor endeudamiento año tras año para financiar la situación lo cual solo empeoraría los niveles de consumo agregado.
Lo cierto hoy, es que administraciones laxas, problemas de corrupción y una alta tasa de informalidad laboral han solventado un sistema altruista que solo favorece a dos millones de personas equivalentes al 4.2% de la población total en Colombia, lo cual genera un déficit que crece de manera exponencial. Las medidas que debe tomar el Gobierno serán impopulares y tendrán un alto costo político, entre ellas estarán aumentar las edades, los montos necesarios para adquirir una jubilación tanto en hombres como en mujeres, aumentar la tasa a la cual se descuenta el pasivo por lo menos el hasta el 7% , además de reducir los beneficiados por el sistema. Estas medidas son impensables las tome el Gobierno Santos y menos en momentos donde su desaprobación asciende al 81%. El reto que deberá afrontarse por la siguiente administración la cual por el bien de todos deberá equilibrar la Balanza.
[1] DANE: Cuenta Satélite Economía del Cuidado
[2] Tasa vigente según resolución 610 del 14 de abril de 1994. Superintendencia Bancaria.