Según la Policía Nacional la operación contra la minería ilegal en Buriticá es una clara acción contra las finanzas del Clan Úsuga; sin embargo, también ha generado una crisis humanitaria de grandes dimensiones.
La minería ilegal ha sido una de las principales fuentes de financiación de las bacrim. A modo de ejemplo, en 2014 la fiscalía desmanteló una red que lavaba 2.6 billones de pesos entre 2007 y 2014. Así, en el marco de la lucha contra el Clan Úsuga se realiza actualmente la “OPERACIÓN CRETA”, que busca el desmantelamiento de la minería ilegal en el municipio de Buriticá, al noroccidente de Antioquia. La operación consistió en el despliegue de 400 soldados de la Cuarta Brigada, que en conjunto con la Policía Nacional y la Fuerza Aérea pretenden que el Clan Úsuga deje de recibir los 200.000 millones que la minería ilegal en Buriticá le representa.
La complejidad del fenómeno de la minería ilegal es tal, que tras 12 días de intervención, del municipio han salido 2300 personas, entre mineros y trabajadoras sexuales. En términos generales, aproximadamente 5000 mineros dejaron de producir en los socavones ilegales. Asimismo, la problemática está, en gran parte, ligada a la existencia de las bandas criminales; de este modo, las Bacrim no sólo crean minas ilegales sino que extorsionan a quienes ejercen la legal y las artesanales; ampliando, aún más, sus arcas.
La minería ilegal afecta la economía nacional, el medio ambiente y las condiciones socio-políticas de las localidades. Ingresa rentas ilegales a la economía, destruye zonas protegidas usando químicos prohibidos y altera la vocación de los municipios afectados, explota niños y genera desplazamientos. Por tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar la explotación, regulada y responsable, del subsuelo; por un lado, los grupos armados ilegales no pueden continuar aumentando sus finanzas y, por el otro, se tienen que asegurar la manera en que la minería legal sea sostenible medioambientalmente y genere empleos a lo largo del país.
Según datos de la Policía Nacional, la minería ilegal tiene presencia en más de 10 departamentos del país, por lo cual lo ocurrido en Buriticá no es un caso aislado. Se está ante una situación de orden estructural y nacional. A 2011 más del 63% de la explotación realizada en Colombia era de carácter ilegal. Los recursos más explotados son el oro y el carbón, pero se encuentra que incluso las FARC explotan coltán en Guainía y Vichada; en estos territorios se explota a los indígenas para que produzcan coltán y paguen extorsiones a las guerrillas. En Colombia hay 17.5 millones de áreas estratégicas para la producción de coltán.
A raíz de todo lo visto, Al Poniente, en el marco de su función democrática, invita a los ciudadanos A Pensar de Todo e impactar la opinión pública sobre el fenómeno de la minería ilegal. Nos preguntamos, y queremos que los lectores lo hagan también, ¿Cómo evitar que en Buriticá y el resto del país se vuelvan a abrir las minas cerradas?, ¿Qué protocolos humanitarios se llevarán a cabo en conjunto con las operaciones militares? y, por último, ¿Cómo insertar en el mercado minero a las actividades artesanales que no están relacionadas con la actividad criminal de las bacrim?
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