El pasado 21 de agosto publiqué la columna titulada ¿Quién es el responsable del hundimiento de la reforma a la Ley 30? En dicha columna presentaba el estado de postración y agonía política en el cual se encontraba el proyecto de ley que reforma el componente financiero de la Ley 30 de Educación Superior —los artículos 86 y 87 —. No faltaron los adjetivos; la asignación múltiple de responsabilidades —asumiendo en primera persona la que me corresponde—; y la evidente decepción ante el abandono de un proyecto de ley que para esa fecha se encontraba en la posición 59 del orden del día de la plenaria del Senado.
Pues bien, me alegra reconocer que mi desesperanzador y apocalíptico diagnóstico en torno a la discusión política de la reforma quedó completamente desvirtuado con su aprobación en segundo debate el día 24 de septiembre. No lo vi venir. En pocas semanas el Gobierno se movió como nunca y no solo logró posicionar el proyecto como una discusión prioritaria en una plenaria abarrotada, sino que, además, revalidó un consenso multipartidista estratégico en la centroizquierda que si se mantiene en la Cámara de Representantes le podría dar luz verde, por fin, a una reforma necesaria para estabilizar las finanzas de la educación superior pública.
Ciertamente me equivoqué, de eso no cabe la menor duda; sin embargo, dicha columna fue resultado de un análisis de viabilidad política escrito a partir de las variables conocidas en el momento. Que, en mi compresión del trámite legislativo, me daban a entender, sin asomo de duda, que la reforma ya era letra muerta. Pero como su aprobación es una cuestión política y en política todo puede cambiar en un segundo; su discusión, por obra y gracia de los grupos de presión y de la activación de una capacidad de consenso que hasta el momento no se había visto en el ministro Daniel Rojas, permitió que saliera de un estado de postración.
Ya se está a medio camino para su aprobación total, pero todo parece indicar, si nos atenemos a la amplia gobernabilidad que ha tenido la agenda del Gobierno en la Cámara de Representantes, que el trámite restante no será demasiado traumático. Aunque no caeré en el afán en exceso optimista de afirmar que la reforma es una realidad a rajatabla; sin duda, el camino se encuentra mucho más despejado, pero todavía restan dos debates —uno en Comisión Sexta y otro en plenaria de Cámara—y una eventual conciliación en Senado. Honrando el mea culpa implícito en la presente columna no me moveré de un principio aleccionador: en política todo puede cambiar en un segundo.
Y reconozco que me agrada reconocer mi error. Que por fin se avance en la discusión de una reforma que salda —parcialmente— una deuda histórica con la educación superior pública es ante todo una gran noticia para la sociedad colombiana. Cada columna que publiqué desde su radicación el 3 de septiembre de 2024 estuvo motivada por destacar esa relevancia. Pero no debemos bajar la guardia, porque en términos políticos, como ya advertí, estamos a media marcha, se debe blindar socialmente su aprobación en los dos debates que restan en Cámara. Si el consenso multipartidista logrado en Senado se sostiene y la sociedad civil se hace presente con más contundencia, la reforma será una realidad. Formará parte indiscutible del legado del Gobierno del cambio.
A veces me gusta aclarar que de formación profesional soy politólogo, no soy futurólogo, simplemente no tengo la destreza suficiente como para anticiparme a resultados electorales o a movidas políticas. Planteo mis análisis desde las columnas de opinión echando mano de las variables de las cuales dispongo en un determinado momento. Las columnas, en principio, son ejercicios de escritura situados y, en ocasiones, son invitaciones a la acción. Llamados de atención para avanzar o no bajar la guardia. Así que con los ojos puestos en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
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