El reciente incremento del salario mínimo en Colombia ha sido defendido por el Gobierno como una medida de justicia social. No obstante, diversos indicadores económicos y la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos evidencian que la decisión, adoptada más desde una lógica política que técnica, está generando efectos adversos profundos en la economía real del país.
Aunque el aumento porcentual ha sido uno de los más altos de los últimos años, este no ha venido acompañado de un crecimiento equivalente en la productividad ni de una economía sólida que lo respalde. Como consecuencia, el impacto se ha trasladado de manera casi inmediata al costo de vida de los colombianos.
INFLACIÓN Y PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO
Lejos de mejorar las condiciones de los trabajadores, el incremento salarial ha coincidido con una aceleración en los precios de bienes y servicios esenciales. Alimentos, transporte, arriendos y servicios públicos han registrado alzas que superan el ingreso adicional recibido, lo que ha llevado a una pérdida real del poder adquisitivo, especialmente en los hogares de ingresos bajos y medios.
PRESIÓN SOBRE EL EMPLEO FORMAL
El aumento del salario mínimo también ha significado una carga adicional para pequeñas y medianas empresas, responsables de la mayor parte del empleo en el país. Ante la imposibilidad de asumir mayores costos laborales, muchos empleadores han optado por reducir personal, aplazar contrataciones o migrar hacia esquemas de informalidad, debilitando aún más el mercado laboral formal.
DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y MENOR INVERSIÓN
Desde distintos sectores económicos se advierte que decisiones de este tipo, cuando no están alineadas con la realidad productiva del país, terminan desincentivando la inversión y frenando el crecimiento económico. Una economía con menor dinamismo reduce oportunidades, afecta la generación de empleo y limita la sostenibilidad fiscal.
UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE EXIGE RESPONSABILIDAD
Mejorar el ingreso de los trabajadores es un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, cuando las decisiones se toman sin un análisis integral de sus consecuencias, se corre el riesgo de convertir una medida social en un factor de inestabilidad económica, cuyos costos recaen, paradójicamente, sobre quienes se pretende beneficiar.
El debate sobre el salario mínimo en Colombia no puede seguir reducido a anuncios triunfalistas. Requiere seriedad técnica, diálogo con todos los sectores y una visión de largo plazo que priorice el bienestar real de los ciudadanos y la sostenibilidad de la economía nacional.
Porque un salario digno no se define por el porcentaje anunciado, sino por la capacidad real de las familias colombianas para vivir con estabilidad y futuro.
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