La aporofobia digital no es únicamente un fenómeno social o tecnológico. Desde el desarrollo de esta investigación he sostenido que se trata, ante todo, de un problema jurídico contemporáneo, con impactos directos sobre el ejercicio efectivo de derechos fundamentales. En la medida en que las plataformas digitales se han convertido en espacios centrales para la expresión, el trabajo, la participación ciudadana y la construcción de identidad, las dinámicas de exclusión que allí operan producen efectos concretos sobre la dignidad humana, la igualdad material y la libertad.
El concepto de aporofobia digital fue formulado por mí por primera vez en América Latina y a nivel mundial como parte de una línea de investigación registrada y en desarrollo, cuyo resultado principal es el libro Aporofobia Digital – Desigualdad, visibilidad y poder en la era del algoritmo. Esta categoría parte del concepto de aporofobia desarrollado por la filósofa Adela Cortina, pero lo amplía críticamente hacia el ecosistema algorítmico, donde la pobreza no se expresa únicamente en términos económicos, sino también como falta de visibilidad, alcance, legitimidad simbólica y participación efectiva en el espacio público digital.
Desde esta perspectiva, consideré fundamental incorporar un análisis jurídico que permitiera comprender la aporofobia digital no solo como una práctica cultural o tecnológica, sino como una forma contemporánea de discriminación estructural. Por ello invité a las abogadas Johanna Zapata González y Dayana Betancur Escobar a participar en el libro con aportes especializados desde el derecho constitucional y los derechos humanos.
Johanna Zapata González es abogada, comunicadora gráfica publicitaria de la Universidad de Medellín, especialista en Mercadeo Gerencial, creadora del proyecto Cocina al Derecho y conciliadora en Derecho de Corjurídicas. En su análisis, advierte que la aporofobia digital constituye una amenaza silenciosa para el orden constitucional, en tanto el entorno digital, lejos de operar como un espacio neutral de libertad, funciona bajo una arquitectura de control que recuerda las críticas formuladas por Noam Chomsky sobre los sistemas de poder contemporáneos: estructuras donde las reglas no siempre son visibles, pero sí profundamente condicionantes.
Desde esta lógica, la invisibilización algorítmica afecta derechos como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la dignidad humana y el principio de igualdad. No basta con tener la posibilidad formal de “hablar” en redes sociales; el derecho fundamental también implica la posibilidad real de ser escuchado. Cuando los algoritmos priorizan sistemáticamente voces con capital económico, estético o simbólico, y relegan aquellas que no cumplen con esos criterios, se configura una forma de censura privada que impacta de manera directa el debate público y la participación democrática.
Por su parte, Dayana Betancur Escobar, abogada y magíster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional, plantea que la aporofobia digital activa obligaciones concretas del Estado. Desde un enfoque de derechos humanos, recuerda que instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho a participar en la vida cultural, a beneficiarse del progreso científico y a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio. En el contexto contemporáneo, estos derechos incluyen de manera ineludible el acceso y la participación efectiva en entornos digitales.
Betancur subraya que la exclusión digital no puede entenderse como una falla individual atribuible a la falta de habilidades o esfuerzo personal, sino como una vulneración estructural que exige políticas públicas diferenciadas, regulación efectiva y responsabilidad estatal. En sociedades marcadas por profundas brechas sociales, asumir que el acceso a la tecnología es universal invisibiliza a millones de personas y contribuye a la reproducción de la desigualdad.
Nombrar este fenómeno como aporofobia digital no constituye un ejercicio meramente semántico. Ponerle nombre a la exclusión permite hacerla visible, analizarla críticamente y abrir caminos para su transformación. En un mundo donde la vida social, política y económica se organiza cada vez más alrededor del algoritmo, el reto jurídico es garantizar que el entorno digital no se consolide como un privilegio reservado a quienes poseen capital económico, simbólico o técnico, sino que se configure como un espacio donde la dignidad humana y los derechos fundamentales sean efectivamente protegidos.
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