El Bajo Cauca antioqueño es una región que hoy sufre las consecuencias del Paro Minero. Varios municipios bloqueados, sin acceso a víveres y medicamentos. La situación que subyace es profunda y se relaciona con el abandono del Estado en esta región que es la más pobre del departamento.
La teoría económica nos dice que los agentes son racionales y buscan maximizar su bienestar. De esta manera, aquello que les parezca que lo puede aumentar, será para ellos un incentivo positivo que buscarán que ocurra. Ahora, cuando una persona está en situación de marginalidad, no tiene manera de evitar los efectos nocivos de algunas decisiones en el largo plazo, porque de lo que se trata es de prolongar la propia vida y ello no puede esperar a mañana.
La dificultad es que el Estado no ha intervenido la raíz del problema y no ha buscado que a la región ingresen capitales y que sea fácil montar otras industrias rentables, ni ha hecho esfuerzos por formalizar a muchos mineros tradicionales. No se ha garantizado que sea siquiera seguro realizar negocios y cooperar para conseguir un desarrollo verdaderamente sostenible. Algunos autores como Thomas Hobbes plantean que el Estado se constituye para garantizar seguridad y que esta es indispensable para que los súbditos cooperen y puedan progresar, cosa que Colombia no se ha cumplido en el Bajo Cauca y otras zonas del país donde no logra ejercer soberanía.
Entre los actores relevantes se encuentran los siguientes grupos: los formales, como las empresas nacionales y extranjeras que operan con el cumplimiento de los requisitos del Código de Minas, a saber, un título minero y las licencias ambientales; los artesanales, que ejercen la minería de subsistencia y de manera informal, pero no ilegal a pequeña escala; otras formas de minería, esta vez sí ilegal, que no cumple los requisitos normativos y operan maquinaria industrial, que es la que han atacado las fuerzas armadas y, finalmente, los grupos criminales que explotan los recursos, algunos de los cuales han tratado de revestirse de la apariencia de políticos, pero que son la causa de gran parte de la inseguridad.
Como se ha dicho, el Estado debe intervenir en el fondo del asunto y, ejerciendo soberanía, crear las condiciones de desarrollo que esta parte de Antioquia necesita, tratando a cada uno de los actores como corresponde. Si el Estado lo hiciera, incluso con una actitud que algunos podrían llamar “neoliberal”, por lo menos garantizando los servicios más elementales como seguridad, infraestructuras, acceso a tribunales que diriman los conflictos, educación, entre otros; ya se conseguiría que la región funcionara y no empujara a las personas al dilema de “envenenar el río o morir de hambre”.
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