“El siguiente paso estratégico del gobierno del cambio ha seguido un camino, esquema y forma similar al de la Reforma a la Salud. La izquierda configura un conato de angustia desde el que se intenta cambiar a un atractivo económico, social o público, la captación del ahorro ciudadano para financiar los subsidios que se materializarán en votos y adulaciones para su presidente de cara a 2026.”
La izquierda política colombiana está aprovechando una crisis para desviar la atención pública mientras aplica tácticas que ya han provocado importantes problemas en Venezuela. La retórica de Gustavo Francisco Petro Urrego parece estar diseñada con un único objetivo: incitar a la angustia económica y conducir a la nación hacia un desenlace calamitoso. La decisión de apropiarse de los ahorros de los colombianos demuestra una clara y urgente necesidad de conseguir recursos adicionales para seguir fortaleciendo las filas guerrilleras y avanzar en el macabro esquema ideológico de la izquierda en toda América Latina. Resulta preocupante que la única propuesta planteada por el gobierno para la reactivación económica de Colombia sea recurrir a los ahorros privados, redirigiendo los recursos al apetito ideológico de un individuo con un historial de mala ejecución y que actualmente enfrenta numerosas acusaciones de corrupción, que prende las alarmas hasta de quienes cohonestaban con él.
A medida que pasa el tiempo, es cada vez más evidente que Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de gobierno están perdiendo interés en llegar a un acuerdo nacional. Para reactivar la economía es indispensable poner límites a la búsqueda de la paz total, al diálogo con los grupos armados ilegales y a la solución del tema del secuestro. Esto ayudará a evitar la atomización de la ciudadanía y facilitará un enfoque más constructivo para alcanzar la paz. En el actual clima de incertidumbre, es un reto fomentar un renovado optimismo y esperanza en el colectivo social. Es imperativo salvaguardar los ahorros de la población frente a la incesante búsqueda de recursos financieros por parte del Gobierno para mantenerse en el poder. Existe un riesgo claro e inminente de que en Colombia se repita la situación actual de Venezuela, tanto en la forma como en el fondo. La financiación de un séquito de individuos que pretenden imponer el miedo y desestabilizar la democracia de un país en el que el constituyente primario no está actualmente protegido y, por lo tanto, corre el riesgo de ser socavado en el futuro.
La concepción del ahorro de los ciudadanos como capital social equivale a una expropiación. Es inaceptable que el fruto de años de trabajo y esfuerzo corra la suerte que ya han corrido las pensiones. Solo en el contexto de una dictadura sería aceptable que la población perdiera el derecho a decidir en qué gasta sus propios recursos. Para los contradictores de Gustavo Francisco Petro Urrego, es cada vez más evidente que Colombia está a punto de repetir los pasos en falso de Venezuela y Argentina. El precedente sentado por las reformas y el actuar gubernamental ya está siendo seguido por el llamamiento a asegurar los ahorros fuera del sistema bancario. Esto podría desembocar en un corralito peor que el vivido por los argentinos durante la era Kirchner. Los de la izquierda están intentando crear una crisis en el sector financiero, con la intención de incitar al pánico y provocar que muchos busquen cómo sacar su dinero del país. Esto se debe a la arrogancia y arbitrariedad del planteamiento ideológico del progresismo socialista.
Cada vez es más difícil para los colombianos mantenerse al margen de la rápida evolución del panorama político. Es notable que las iniciativas introducidas por la administración izquierdista no hayan podido ganar tracción, con numerosos ejemplos en el sector de las pensiones, la salud, la educación, las tierras improductivas, la inversión extranjera y los excesivos sobrecostos que ya han puesto de manifiesto la necesidad de una nueva reforma fiscal. Explotaron el entorno caótico y corrupto en su beneficio, capitalizando la necesidad de agua en la Guajira. Gustavo Francisco Petro Urrego pretende aprovechar la actual espiral de ineptitud para apoderarse del dinero de los colombianos y seguir gastando a manos llenas. La ideología guerrillera surgida en los años ochenta y noventa ha vuelto a manifestarse. Este ideario se caracteriza por una tendencia a apoderarse y apropiarse de los recursos sin dejar nada atrás.
El futuro y el bienestar de muchas personas y familias corren ahora el riesgo de verse amenazados por quienes están dispuestos a explotar la situación en beneficio propio. Lo que puede percibirse como un anuncio destinado a desviar la atención podría resultar un acontecimiento importante en un futuro próximo. Quienes apoyan la propuesta de cambio de Gustavo Francisco Petro Urrego han calificado las críticas de infundadas. Sin embargo, esto ignora el hecho de que la propuesta ha sido objeto de una estrecha vigilancia y que se está aplicando sin el control ni la transparencia adecuados. Los fondos que se buscan no se utilizan para sacar a los colombianos de la pobreza. Por el contrario, el estado intenta conseguir recursos para financiar las actividades de su mandatario. Las promesas de una falsa paz se deshacen poco a poco ante el comportamiento autocomplaciente de un hombre que ya está en campaña para la reelección.
Para los socialistas progresistas es un reto comprender que el sector privado no es ni «público» ni «social». Muchos se resistían a aceptar que, tras la Reforma Pensional, era evidente que Gustavo Francisco Petro Urrego pretendía beneficiarse de los ahorros de los colombianos, incluidos los obligatorios por ley para las personas con ingresos más bajos. Los de izquierda han asumido numerosos compromisos, entre ellos el de otorgar subsidios y remunerar a los influenciadores que constituyen el comité de aplausos del Pacto Histórico y su séquito de aduladores. Los ahorros de los colombianos están protegidos bajo el principio y el derecho a la propiedad privada, y no pueden ser expropiados a discreción de un gobernante que sólo está de paso por ese cargo. La democracia es el resultado del esfuerzo colectivo y la cohesión social. Es imperativo que se salvaguarde este sistema contra cualquier intento de subvertirlo por parte de individuos con intenciones malévolas.
No es prudente gastar los recursos de la ciudadanía en mantener el ego de un mitómano irascible e irresponsable. Su presidente ha demostrado su falta de competencia en funciones administrativas y se ha rodeado de un equipo de gobierno igualmente inepto. El grupo político que prometió el cambio introdujo en su agenda la práctica tradicional de los políticos, es decir, el saqueo de los fondos públicos. En Colombia, la garantía de autonomía se está erosionando gradualmente, y el ataque al ahorro privado mediante medidas forzosas está socavando el proceso democrático. Es evidente que la izquierda ya ha atacado el ahorro pensional y ahora se concentra en la liquidez. No se respetan los principios establecidos, no se tiene en cuenta la realidad y no se aborda la coyuntura, no se puede naturalizar el secuestro de soldados por parte de grupos implicados en el proceso de paz.
No es función de los ahorros de los ciudadanos financiar subvenciones que el gobierno podría asumir si no estuvieran raspando la olla hasta el fondo. Los frutos del trabajo y el esfuerzo del pueblo representan un proyecto para una vida mejor, crecimiento económico, un futuro más brillante, aspiraciones, expansión, autonomía y espíritu empresarial. Es inviable que la actual administración formule planes con los fondos que se han acumulado con esfuerzo y sacrificio. Es imperativo que Colombia deje de perseguir una estrategia ideológica que ya ha demostrado sus desastrosas consecuencias para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Argentina, entre otras naciones. Es importante entender que el dinero público es el dinero del estado. Es el producto de los impuestos pagados por los ciudadanos, mientras que el resto del dinero depositado en los bancos es privado.
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