“La situación actual en Colombia está causando una creciente preocupación entre la población. A medida que los hechos evolucionan, surgen nuevas informaciones que plantean más interrogantes sobre la conducta de las personas que ocupan puestos de autoridad. Crece la percepción de que se incumplen las normas éticas, de que los delincuentes se hacen pasar por «gestores de paz» y de que el panorama político es cada vez más inestable.”
La estrategia política socialista progresista que la izquierda está intentando implantar en Colombia está demostrando ser una importante fuente de incertidumbre, caos e inestabilidad, que en última instancia está conduciendo a un mayor índice de deterioro político, económico y social. Es posible que el acuerdo nacional recientemente propuesto, basado en cinco puntos, no logre erradicar la violencia del proceso político si Gustavo Francisco Petro Urrego continúa haciendo declaraciones que incitan a la insurrección, el resentimiento y al odio. Es evidente que la estrategia progresista de buscar una asamblea constituyente y restablecer la reelección presidencial obedece a segundas intenciones. Una discusión que no identifique caminos viables para la reconciliación basados en la transformación no puede ser vista como un enfoque neutral u objetivo.
Para evitar nuevas escaladas y garantizar un entorno seguro y respetuoso para el debate político, es esencial respetar los procedimientos y los calendarios electorales establecidos. Esto es un reto cuando las corrientes de gobierno están involucradas en disputas con el Consejo Nacional Electoral, impidiendo su capacidad para llevar a cabo las funciones que le han sido designadas. Gustavo Francisco Petro Urrego representa un importante motivo de preocupación en Colombia. La propuesta del progresismo socialista es hipócrita al no reconocer que antes existía corrupción en el gobierno y que, bajo la influencia de la izquierda, ahora el gobierno es la corrupción. Parece que el Pacto Histórico está dispuesto a consentir comportamientos inadecuados para mantener el control. Los dos últimos años han demostrado que las ideas asociadas al «petrismo» son mediocres y perjudiciales en la práctica. La situación actual ha llevado a un consenso entre los colombianos de que la administración de Petro Urrego carece de credibilidad, sus cimientos son inestables y sus acciones perjudican a la nación.
La estrategia desplegada por el progresismo socialista está diseñada para desviar la atención de los desafíos del país mientras promueve políticas populistas y asegura la aprobación de polémicas reformas en el Congreso. La ineficiencia, la corrupción y la politiquería van en aumento mientras Gustavo Francisco Petro Urrego y su grupo político buscan consolidar su posición de cara a las elecciones de 2026. La transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto es una meta frecuentemente citada por la izquierda, pero es poco probable que se logre en el contexto de desigualdad económica. Es difícil aceptar que la transformación de la economía colombiana se base en una estrategia de nivelación hacia abajo, de quiebra de la población, de regreso a un modo de vida primitivo, de reparto de recursos en un contexto de falta de luz, de cocina con leña, de carencia de recursos y de violencia como base de la supervivencia.
Alcanzar un compromiso será difícil si la deliberación razonada no es congruente y conduce a la atomización del proceso de reforma social en el Congreso. El reciente encuentro entre Gustavo Francisco Petro Urrego y Salvatore Mancuso Gómez es un buen ejemplo. Fue una clara violación de los principios democráticos, y de justicia social, un duro recordatorio de los retos que se enfrentan para unir al país. Es evidente que lo inapropiado y lo nefasto es un factor común entre el progresismo socialista, la guerrilla, el paramilitarismo y la mafia. A pesar de los mejores esfuerzos por unir las bodegas digitales, los influenciadores sociales del país, en la promoción de mensajes progubernamentales en las redes sociales el mensaje para los mártires de la violencia es claro. Es evidente que las víctimas no son una prioridad en todo el país. Parece que el gobierno está depositando toda su confianza en una estrategia política que apoya a los criminales y fomenta la delincuencia en nombre de la búsqueda de un acuerdo de «paz total».
A pesar de enarbolar ideales socialistas progresistas, el gobierno colombiano aún no ha demostrado ningún progreso o logro tangible en consonancia con su compromiso declarado de cambio. Gustavo Francisco Petro Urrego pronuncia discursos apasionados en las comunidades locales, pero no logra comprometerse con la gente ni comprender sus necesidades. El Pacto Histórico está minando gradualmente la estabilidad y el progreso de Colombia. Su estrategia de auto-victimización y restricciones financieras es insostenible cuando se hace evidente que los fondos se mantienen en fideicomisos y que se están estableciendo mecanismos para influir en la opinión pública y asegurar votos. La narrativa de promover el desarrollo económico, la protección de la niñez, la vida digna para los ancianos, la paz y la prosperidad con justicia social para los ciudadanos, se convierte en parte del paisaje al ver cómo el progresismo debilita las instituciones y la Carta Magna para adherirse a una ideología ya fracasada en otras nacionales vecinas.
La propuesta de un acuerdo nacional no es más que una cortina de humo. La retórica de Gustavo Francisco Petro Urrego es incendiaria y, además de incitar a la violencia, demuestra que es el foco de un movimiento mesiánico alejado de la realidad. A medida que la izquierda gana poder, se conecta con elementos criminales, guerrilleros y de quienes desde el otro lado de la ley se identifican con un movimiento político demagógico. El Pacto Histórico ha hecho realidad la vieja preocupación de que el progresismo no tiene cabida, y de que cualquier concesión que se haga será inevitablemente explotada. La postura de su presidente es inflexible, y por eso está adoptando una radicalización más firme contra quienes sostienen opiniones contrarias. La intimidación de los medios de comunicación y de los periodistas es una amenaza para la democracia. Los colombianos sufren intimidaciones a diario. No hay pruebas de que el «petrismo» haya cumplido nunca ninguno de los acuerdos a los que ha llegado. Por lo tanto, es poco probable que lo haga esta vez. Las acciones de este partido político se basan en la demagogia y la corrupción. Todavía no han demostrado capacidad de acción ni de ejecución de planes.
Gustavo Francisco Petro Urrego y su equipo de gobierno deben dejar de lado sus convicciones políticas y centrarse en la reactivación económica y el liderazgo empresarial. Un país frenado por el auge de ideas de izquierda fracasadas, como la cultura del victimismo o el decrecimiento, difícilmente podrá capitalizar plenamente las oportunidades y priorizar la creación de valor. Para debatir posibles acuerdos, es esencial dejar de lado cualquier comportamiento distractor o improductivo, incluidos los ataques personales y la estigmatización de quienes expresan críticas a los cambios propuestos. El uso del engaño como medio para mantener el poder pretende persuadir a la población para que crea una falsedad y erosionar su confianza en la veracidad de la información. Una población que no es capaz de distinguir entre la verdad y la mentira es incapaz de reconocer que el odio, la división y el resentimiento dirigidos por su mandatario están impidiendo la consolidación de la narrativa que ha estado promoviendo desde 2022, que consiste en presentarse como demócrata y conciliador. Su comportamiento errático, su retórica autocomplaciente y el uso de un lenguaje incendiario demuestran los peligros potenciales de un déspota demagogo en el poder. Es imperativo que Colombia salvaguarde la democracia del voluntarismo ideológico y populista que busca imponer un gobierno prepotente e ineficaz para enfrentar la corrupción y la violencia, al tiempo que antidemocrático con sus ciudadanos y la sociedad civil.
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