El Gobierno de Gustavo Petro parece experto en montar espectáculos mediáticos y levantar cortinas de humo para distraer la atención pública. Un ejemplo reciente fue la solicitud del ministro de Minas y Energía, Palma, al presidente de Ecopetrol para que entregara un reporte detallado sobre la cantidad de gas natural consumido por las refinerías de la empresa durante 2025 y lo corrido de 2026.
Ese informe, conocido en febrero, confirmó lo que muchos advertían, la reposición de gas natural fue insuficiente para el país. Ecopetrol reportó un déficit de -14,7 MBPE en 2025, una señal preocupante sobre la seguridad energética de Colombia.
Lo verdaderamente lamentable es que la empresa más importante de los colombianos se está debilitando aceleradamente bajo la ineficiente gestión de su actual presidente, Ricardo Roa. En apenas tres años, las utilidades netas de Ecopetrol han caído cerca de un 73 %, mientras la acción pasó de $3.610 a cerca de $1.800.
Las consecuencias para el país son evidentes. Las transferencias al Estado fueron de $58 billones en 2023, pero cayeron a $40 billones en 2024, es decir, $17,9 billones menos para inversión social.
El panorama se torna aún más oscuro si se consideran los cuestionamientos que rodean a Roa, sanciones en la Procuraduría General de la Nación y la reciente multa del Consejo Nacional Electoral por $5.900 millones, relacionada con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Pero más preocupante aún es que el Gobierno parece haber diseñado una ruta que debilita deliberadamente a Ecopetrol. Una de las decisiones que más inquieta es la posible venta de la operación más rentable de la compañía, Permian, en Texas (Estados Unidos). Este activo representa cerca del 15 % de la producción total de Ecopetrol, con aproximadamente 115.000 barriles diarios. Desprenderse de esa operación sería un error estratégico que afectaría gravemente la estabilidad financiera de la empresa.
Resulta paradójico que mientras el Gobierno colombiano insiste en su agenda ideológica contra los hidrocarburos, otros gobiernos de izquierda en la región avanzan en sentido contrario. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha firmado más de 150 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. En México, la presidenta ha anunciado la implementación del fracking como herramienta para fortalecer la producción energética.
Es evidente que la aversión ideológica contra el sector de hidrocarburos es una particularidad del gobierno Petro.
Este sí parece ser el gobierno del decrecimiento económico. No solo permitió que las utilidades netas de Ecopetrol cayeran de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, sino que además llevó al país a un déficit fiscal de 6,4 % del PIB y a un déficit primario de 3,5 % del PIB.
Colombia solo había registrado niveles de déficit similares en 1999 y durante la pandemia.
Se trata de un verdadero autogol a las finanzas públicas. Mientras el gasto del gobierno sigue aumentando, especialmente en burocracia, los ingresos prácticamente no crecen. Entre 2022 y 2025, el déficit primario aumentó 2,6 puntos del PIB, impulsado por un incremento del gasto primario de 2,7 puntos, mientras los ingresos se mantuvieron prácticamente estancados.
Los mercados ya empezaron a reaccionar. El mercado de deuda pública despertó de la “anestesia” generada por las operaciones de manejo de deuda, y las tasas de los TES han subido con fuerza, acercándose al 14 %.
La recuperación de Ecopetrol y de las finanzas del Estado será un enorme reto para los próximos años. La salida pasa por reactivar el sector energético, recuperar la confianza inversionista y fortalecer las alianzas público-privadas.
Porque la evidencia es clara: no existe mejor socio para el desarrollo de un país que el sector privado.
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