Podría decirse que acceder a la educación en Colombia es casi que un privilegio. Muchos jóvenes y adultos pagan un precio muy alto para desarrollar competencias laborales como para no obtener un buen empleo. Dedican cerca de cinco años de su vida para realizar una carrera universitaria e invierten cuantiosas sumas de dinero, y aún así deben conformarse con lo que hoy en día se oferta en la bolsa de empleo.”
Hace unos pocos meses, emergió una preocupación debido a los altos índices de desempleo en Colombia. La solución de primera mano que propuso el Estado fue persuadir a la ciudadanía de emprender sus propios negocios y estudiar carreras técnicas que tienen mayor demanda en el país, ampliando así las posibilidades de conseguir un empleo.
Pero esperen, ¿cómo es posible que alguien lidie por varios años con el costo de un semestre que supera el valor de (1) SMLV y los imperdonables intereses de préstamos para poder estudiar, y tener que conformarse con lo que hay teniendo un título profesional? A esto súmele otros gastos en relación a transporte, papelería, alimentación y actividades académicas.
Con trampas como las pruebas de estado (ICFES) definen la situación futura de los estudiantes –más no su condición intelectual-, en tanto que les abren o cierran las puertas para ingresar a la educación pública. Unos con mucho sacrificio pagan el tributo de una universidad privada, otros recurren a los cursos gratuitos del SENA, y una buena cantidad se inclina por los institutos. Mientras tanto la mayoría de los puestos en las universidades públicas los ocupan los hijos de los que manejan el poder económico del país.
La motivación de ingresar a la educación superior ha menguado en muchos jóvenes bachilleres, que al igual que la mayoría de egresados de universidades se resignan a trabajar por un mismo pago.
A este paso, con el costo elevado de las matrículas y las pruebas de estado (la meritocracia), dentro de unos años solamente tendrán acceso a la educación superior los hijos de los ricos.
