Colombia vuelve a enfrentarse a una de sus heridas más profundas: la violencia política. En pleno desarrollo de una campaña electoral que debería estar marcada por el debate de ideas y la confrontación democrática, el país presencia un preocupante aumento de asesinatos, amenazas e intimidaciones contra líderes políticos y sociales. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué el Estado parece incapaz de garantizar el ejercicio libre y seguro de la democracia?
Los hechos recientes son alarmantes. Hace apenas unos días fue asesinada Mileydy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca, y dirigente del Centro Democrático. Dos hombres en motocicleta acabaron con su vida en un ataque que hoy sigue rodeado de incertidumbre. A este crimen se sumaron los homicidios del exalcalde de Currabal, Meta, Rogers Mauricio Devia, y de su asesor Eder Fabián Cardona, ambos vinculados a la campaña política de Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, otros líderes denuncian seguimientos, hostigamientos y amenazas directas.
La situación no es aislada ni accidental. En el mismo municipio, la concejal Alma Beatriz Lara denunció que personas sospechosas rodeaban su residencia, mientras el excandidato Julián Cardona sobrevivió a un atentado armado contra el vehículo en el que se movilizaba. El mensaje que deja esta escalada de violencia es devastador: participar en política en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Lo más preocupante es que estos hechos ocurren en medio de reiteradas advertencias sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones del país. Antioquia, por ejemplo, vive una alarmante intensificación de la violencia. Este fin de semana fueron halladas cuatro personas asesinadas en la vereda Alto Mercado, y semanas atrás tres mineros también fueron ejecutados en el departamento. Según Indepaz, ya son 54 las masacres registradas en lo corrido del año, una cifra que refleja el debilitamiento del control institucional y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales.
En este contexto, la respuesta estatal resulta insuficiente y, en ocasiones, desconcertante. Mientras las campañas afectadas exigen resultados concretos y protección urgente para sus líderes, desde el Gobierno Nacional aún no existen hipótesis claras sobre los responsables de varios de estos crímenes. La declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, reconociendo la falta de avances investigativos, no hace más que aumentar la sensación de incertidumbre y vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo ha sido contundente al advertir la gravedad del panorama. La violencia electoral no solo pone en riesgo vidas humanas; también erosiona las bases mismas de la democracia. Cuando los líderes políticos son asesinados, perseguidos o silenciados mediante el miedo, el debate público se deteriora y la participación ciudadana se restringe. Una democracia intimidada deja de ser plenamente libre.
La preocupación ya es palpable entre dirigentes de distintas corrientes políticas. El senador José Vicente Carreño hizo pública la desesperación de la concejal Alma Beatriz Lara, quien pidió auxilio ante la presencia de hombres sospechosos cerca de su vivienda. A nivel nacional, además, varios candidatos presidenciales han denunciado amenazas de muerte, mientras sedes políticas han sido objeto de ataques vandálicos. El clima electoral empieza a contaminarse peligrosamente de miedo y violencia.
La historia reciente de Colombia obliga a tomar estas señales con absoluta seriedad. El país conoce demasiado bien las consecuencias de permitir que las armas sustituyan el debate democrático. Cada amenaza ignorada, cada asesinato sin esclarecer y cada líder desprotegido representan un retroceso institucional y moral.
Por eso, el Gobierno Nacional, la Fiscalía y los organismos de seguridad tienen una responsabilidad inaplazable: garantizar que ningún ciudadano tenga que jugarse la vida por participar en política. Las investigaciones deben avanzar con rapidez y transparencia, pero también se requieren acciones preventivas contundentes para proteger a candidatos, concejales, líderes sociales y comunidades enteras.
La democracia no puede sostenerse bajo el miedo. Apostarles a las urnas, a las ideas y a la participación ciudadana jamás debería convertirse en una sentencia de muerte.
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