Una grave ola de violencia sacudió al suroccidente de Colombia durante el fin de semana, dejando al menos 20 personas muertas y decenas de heridos, en lo que se considera uno de los episodios más críticos de orden público en los últimos años.
El hecho más grave ocurrió en el municipio de Cajibío, Cauca, donde un artefacto explosivo fue detonado en la vía Panamericana cerca de un bus de transporte público. La explosión causó la muerte de la mayoría de sus ocupantes y generó gran conmoción a nivel nacional.
De acuerdo con reportes preliminares, los ataques serían atribuidos a disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco”, que habrían ejecutado múltiples acciones armadas en un corto periodo de tiempo. Entre estas se incluyen atentados con explosivos, hostigamientos a la Fuerza Pública y ataques con drones contra infraestructura estratégica en municipios del Valle del Cauca y Cauca.
En total, se habrían registrado cerca de 30 acciones violentas en diferentes localidades como Cali, Palmira, Jamundí, El Tambo y Miranda, evidenciando una intensificación del conflicto en esta región del país.
Las autoridades han manifestado su preocupación por el uso de nuevas tácticas por parte de los grupos armados, así como por su capacidad de coordinación y alcance. Además, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas previas sobre el riesgo de escalamiento de violencia en estos territorios, señalando fallas en la prevención y respuesta institucional.
Este panorama ha reactivado el debate político en torno a la seguridad y la estrategia de “paz total” del Gobierno. Varios candidatos presidenciales han cuestionado los resultados de esta política y han pedido medidas más contundentes para enfrentar a los grupos armados ilegales. Otros sectores, por su parte, han rechazado los ataques y han llamado a fortalecer la institucionalidad y proteger a la población civil.
Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, el terrorismo en Colombia ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, con más de 1.300 actos registrados en 2025, lo que refleja la persistencia y capacidad de adaptación de las estructuras criminales.
Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, las autoridades han reforzado la presencia militar en las zonas afectadas. Sin embargo, la situación sigue generando preocupación entre la ciudadanía, especialmente en medio del contexto electoral.
La prioridad, coinciden distintos sectores, es garantizar la seguridad de la población civil y evitar que hechos como estos se repitan.
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