Hay un principio que los médicos, los ingenieros de sistemas y los buenos administradores comparten: si algo funciona, debes tener una razón muy sólida para cambiarlo. No un capricho. No un contrato más conveniente. Una razón técnica, documentada, que justifique el riesgo que trae toda transición. Porque en los sistemas críticos —y un sistema de emergencias médicas es de los más críticos que existen— el período de cambio es el momento de mayor vulnerabilidad.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí operó el Sistema de Emergencias Médicas del municipio durante más de seis años: desde 2019 hasta el 31 de enero de 2026. Seis años construyendo protocolos, entrenando personal, respondiendo emergencias a las tres de la mañana, llegando al domicilio de ciudadanos que en ese momento no tenían a nadie más. Seis años ganándose algo que no se compra con presupuesto: la confianza de la gente.
“A partir del 1 de febrero de 2026, la operación del Sistema de Emergencias Médicas del municipio dejó de estar a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.” — Comunicado oficial, Bomberos Voluntarios de Itagüí, 2026.
Lo que llama la atención no es el cambio en sí. Las administraciones tienen la potestad de reorganizar sus operaciones. Lo que llama la atención es el silencio. Mientras Bomberos emitía un comunicado claro y transparente informando a la comunidad sobre el fin de su operación del SEM, la Alcaldía no emitió ningún comunicado. Ninguno. Ni para explicar por qué se terminó la alianza, ni para presentar al nuevo operador, ni para decirle a los itagüiseños quién va a responder cuando llamen al número de emergencias. La ciudadanía tiene derecho a saber eso. No es un detalle administrativo. Es información de vida o muerte.
Y luego llegó el 8 de febrero de 2026. Ocho días después del cambio de operador. Una niña de 12 años con una intoxicación medicamentosa masiva. Una familia llamando desesperada. Una ambulancia que llegó —hay que reconocerlo— pero con una paramédica y un conductor, sin médico, esperando confirmaciones para poder trasladarla. Un sistema que no podía salir del municipio. Cuatro horas después, una remisión a una institución de mayor complejidad. Veinticuatro horas después, una familia destrozada.
¿Esos ocho días importan? ¿El cambio de operador pudo haber generado una brecha en protocolos, en personal, en rodaje institucional? No lo sabemos. Nadie lo ha explicado. Esa es exactamente la pregunta que el Concejo Municipal de Itagüí tiene el deber de hacerle a la Secretaría de Salud.
Habría que preguntarle también a la Administración: ¿cuál fue la razón para no renovar la alianza con Bomberos? ¿Fue de fondo técnico o fue de fondo económico? ¿Quién opera el SEM hoy y en qué condiciones? ¿Está habilitado ante el Ministerio de Salud? ¿Tiene los mismos tres vehículos, los ocho tecnólogos y los cuatro médicos que se prometieron cuando se lanzó el programa? ¿O la transición trajo consigo una reducción silenciosa de capacidad?
El Cuerpo de Bomberos no solo operó el SEM: lo legitimó. Su historia en Itagüí, su vocación de servicio, su presencia permanente en la comunidad le daba al sistema una credibilidad que no se construye de la noche a la mañana. Eso también se perdió con el cambio. Y nadie pareció calcularlo.
Itagüí merece un SEM que funcione. Que tenga personal capacitado, protocolos actualizados, capacidad de traslado intermunicipal y articulación real con el sistema departamental. Merece también una Administración que cuando toma decisiones que afectan servicios esenciales, las explique, las justifique y las comunique. Cambiar lo que funciona sin decir por qué, y sin garantizar que lo nuevo funciona igual o mejor, no es gestión pública: es apuesta con la vida de la gente.
Desde el Concejo Municipal vamos a hacer las preguntas que la Administración no quiere que se hagan. Porque en esto no caben el silencio ni la opacidad. Lo bueno no se cambia sin explicación. Y si se cambió, hay que demostrar que lo nuevo es mejor. Con hechos, con datos y con la transparencia que los itagüiseños merecen.
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