“Los ciudadanos no necesariamente discrepan de manera radical sobre las políticas públicas, pero desarrollan una fuerte animadversión hacia quienes se identifican con el campo político contrario”
Desde las elecciones a cámara y senado y, luego, con el anuncio de las fórmulas vicepresidenciales por parte de las campañas en contienda, hay un creciente interés en la opinión pública por lo que se denomina el centro político. Esto se da, debido a que las fuerzas mayoritarias en disputa requieren apelar a electores no partidistas —no militantes— para aumentar su caudal de votantes. Sin embargo, parece que, más allá de su utilidad, no hay claridad sobre cómo está compuesto dicho centro, pues algunos se refieren a él como si fuese un huérfano al que hay que encontrarle un líder que le sirva de padre o madre, mientras que otros lo identifican como una masa de electores que en contextos de fuerte confrontación política, no se identifican plenamente con ninguno de los polos ideológicos que dominan la contienda.
A título personal me gusta más la segunda concepción, pues, apellidar el centro político es darle crédito electoral a los oportunistas que quieren pescar en río revuelto. En cambio, entenderlo como comportamiento electoral se acerca más a su definición técnica; que en términos castizos, puede traducirse como aquellos electores que se aferran a la frase popular “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.
Sin embargo, en términos prácticos, esta definición resulta incompleta, ya que decir que el centro está compuesto por votantes moderados, no da muchas luces del fenómeno si antes no se comprende frente a qué extremos se posiciona.
Así, en uno de los extremos del debate aparecen discursos que van más allá del conservadurismo tradicional y proponen soluciones punitivas radicales frente a la inseguridad, como la pena de muerte o la cadena perpetua. Estas posiciones, características de la extrema derecha, han sido defendidas por figuras como Abelardo de la Espriella o Santiago Botero. En ese mismo campo político, se ubica también el partido Centro Democrático, representado por Paloma Valencia, que en el contexto electoral ha intentado moderar parte de su discurso y ampliar así su atractivo frente a este elector de centro, pero aún le cuesta soltar el extremo y le pesa la lengua para reconocer los derechos de sectores indígenas y de la población LGTBIQ+, muy a pesar de su fórmula vicepresidencial.
En el otro extremo del debate suele ubicarse lo que muchos de sus contradictores califican como “extrema izquierda”. Esta etiqueta se ha utilizado con frecuencia desde que el actual presidente Gustavo Petro llegó al poder y asimismo ha sido endosada al candidato Iván Cepeda. Sin embargo, un examen más detenido del programa político que se ha defendido desde esta orilla, permite matizar esa caracterización.
Desde la izquierda, en ningún momento se ha planteado una ruptura con los fundamentos del sistema capitalista ni con el marco institucional de la economía de mercado consagrado en la Constitución. Al contrario, muchas de las propuestas que se han impulsado desde el gobierno apuntan más bien a ampliar el acceso a los beneficios del sistema económico, a fortalecer el papel del Estado en la regulación de sectores estratégicos y a promover una transición productiva que combine desarrollo económico con protección ambiental. Se trata, en el fondo, de un proyecto reformista que busca democratizar el acceso al capitalismo más que su sustitución. Desde la perspectiva de la ciencia política, este tipo de propuestas se ubicaría más cerca de posiciones de centroizquierda que de una izquierda radical.
Sin embargo, en el debate público colombiano estas iniciativas suelen presentarse como extremas, pues, desde la apertura económica de Gaviria en los años noventa y especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe, el debate político colombiano se estructuró alrededor de una agenda centrada en la seguridad, el orden institucional y la continuidad de un modelo económico liberalizado. En ese escenario, propuestas relacionadas con una mayor intervención del Estado o con reformas sociales amplias se perciben como radicales, aun cuando se mantengan dentro de los marcos del capitalismo democrático.
En este sentido, vale la pena defender la idea de que lo que presenciamos, más que una polarización ideológica o programática es una polarización afectiva. Lo anterior quiere decir, que en vez de diferencias profundas entre programas políticos sobre lo fundamental —como el modelo económico—, la disyuntiva política se manifiesta en el plano emocional. Es decir, los ciudadanos no necesariamente discrepan de manera radical sobre las políticas públicas, pero desarrollan una fuerte animadversión hacia quienes se identifican con el campo político contrario. El adversario político deja de ser visto como un competidor legítimo dentro de la democracia y pasa a percibirse como una amenaza.
Este tipo de polarización es alimentada desde la retórica de los líderes políticos y propagada por las dinámicas propias de las redes sociales y se amplía a los espacios de conversación cotidiana, haciendo cada vez más confrontativas las discusiones, incluso cuando las propuestas de política pública no están tan alejadas unas de otras como el tono del debate hace pensar.
En este orden de ideas, el votante de centro parece definirse apenas por su cansancio ante la confrontación o por su carácter conciliador, pero ante la polarización afectiva, más que un proyecto político, resulta ser una categoría simbólica, un sin-cuerpo que rara vez se traduce en una agenda política coherente y que se balancea al ritmo que imparte la pugna electoral. De ahora en adelante, hay que prestar mayor atención a las posturas y acciones de los candidatos extremos para comprender hacia dónde se inclinan sus decisiones.
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