Hay una niña en La Guajira que no desayunó esta mañana. Hay un joven en Quibdó que terminó el bachillerato sin poder leer un texto con fluidez. Hay una madre en Soacha que trabaja cuatro horas y media más que su esposo en tareas de cuidado sin que nadie le pague un solo peso. No son metáforas. Son cifras del DANE, de UNICEF, del Banco Mundial. Son los rostros de la desigualdad que muchos prefieren ignorar, pero que este gobierno decidió mirar de frente.
Hablemos con los números, porque los números también tienen alma cuando representan vidas. En 2024, la pobreza monetaria bajó al 31,8 %, la cifra más baja en trece años (DANE). Son 1,2 millones de personas que cruzaron la línea. La pobreza extrema descendió al 11,7 %, por primera vez por debajo de los niveles prepandemia. ¿Quién sacó a esos colombianos de la miseria? No fue la mano invisible del mercado. Fueron políticas públicas concretas: aumentos reales y consecutivos del salario mínimo, redistribución de 440 mil hectáreas de tierra —trece veces más que el gobierno anterior—, inversión de 70 billones en educación y 63 billones en salud, reducción del desempleo a un solo dígito por primera vez en años, y una economía que creció 3,6 % en el tercer trimestre de 2025 impulsada no por fósiles sino por agricultura, industria y turismo.
Pero celebrar no significa conformarse. Colombia sigue siendo el tercer país más desigual del planeta, solo superado por Sudáfrica y Namibia, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2025). Nuestro coeficiente de Gini cerró en 0,551. El 60 % de la población es vulnerable a caer en la pobreza o ya vive en ella. Y la OCDE nos recuerda, con crueldad estadística, que aquí se necesitan once generaciones para que una familia del 10 % más pobre alcance el ingreso medio. Once generaciones. Eso no es desigualdad: es condena hereditaria.
Aquí necesitamos una distinción que no es académica sino vital: igualdad no es lo mismo que equidad. Igualdad es darle a todos lo mismo; equidad es darle a cada quien lo que necesita según su punto de partida. La derecha colombiana defiende una supuesta igualdad ante la ley que en la práctica significa que el hijo del banquero y el hijo del jornalero compitan como si la cuna no determinara el destino. Eso no es igualdad: es crueldad disfrazada de meritocracia.
Lo digo como activista que ha dedicado su vida a la defensa de la niñez: 7,2 millones de niños colombianos no tienen garantizados sus derechos integrales por su condición económica (UNICEF-DANE). En Chocó la pobreza monetaria alcanza el 67,4 %; en La Guajira, el 65,7 %. En zonas rurales de Amazonas y Guainía, la pobreza de aprendizaje supera el 95 %: niños de diez años que no pueden leer. Y las mujeres: en 2024 se registraron 745 feminicidios según el Observatorio de Feminicidios Colombia, más de dos mujeres asesinadas cada día. Solo entre enero y abril de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 123 feminicidios más. Para una colombiana, encontrar empleo sigue siendo casi el doble de difícil que para un hombre. La creación del Ministerio de Igualdad y Equidad no fue un capricho: fue la respuesta a una deuda que ningún gobierno anterior quiso asumir.
Conozco esa violencia de primera mano. Conozco las calumnias, las campañas de desprestigio disfrazadas de opinión. He visto cómo se intenta reducir a una mujer con trayectoria a un simple rumor de alcoba, porque para ciertos sectores una mujer que aspira al Congreso solo puede haber llegado ahí por la intervención de un hombre. Eso es machismo estructural. Eso es desigualdad operando en tiempo real.
Me pregunto con honestidad: ¿dónde estaba la indignación de la derecha cuando La Guajira enterraba niños por desnutrición? ¿Dónde estaban las voces que hoy quieren acabar con el Ministerio de Igualdad cuando el 82 % de los delitos sexuales en Colombia tenía como víctimas a menores de edad? La equidad tiene geografía: no es lo mismo nacer en Bogotá, con el 19,6 % de pobreza, que en Quibdó, con el 59,6 %. Por eso la reforma agraria no es un delirio bolivariano: cuando el campesino tiene tierra, produce alimentos. Y cuando produce alimentos, el país come.
Colombia lleva doscientos años siendo un país donde la cuna determina el destino y el código postal predice la esperanza de vida. La igualdad que soñamos no cabe en un eslogan de campaña. Tiene olor a leche materna en las cocinas comunitarias de Ciudad Bolívar, tiene textura de cuaderno nuevo en las manos de una niña indígena del Vaupés, tiene sonido de máquina de coser en un taller de economía popular en Buenaventura. No defiendo un gobierno porque sí. Defiendo los datos, las cifras, las vidas concretas que están cambiando. Y defiendo el derecho de millones de colombianos a soñar con un país donde igualdad y equidad no sean palabras de discurso, sino pan sobre la mesa.
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