“El sistema necesita una reforma que lo mejore, no que lo destruya. Y esto debería ser un propósito de país, al fin y al cabo nos prometieron ser una potencia mundial de la vida”
El sistema de salud colombiano nació con la ley 100 de 1993, en reemplazo del antiguo Seguro Social, que no atendía los pobres ni los desempleados, a quienes les tocaba en su mayoría esperar la caridad. Desde entonces ha sido el gran contribuyente para la equidad en Colombia, permitiendo que los que más tienen, subsidien la atención sanitaria de los que les falta todo.
Este sistema venía con muchos problemas, pero también menos de los que hoy reconocemos, e incluso tenía resultados por mostrar: cobertura universal con democratización del acceso, reducción de brechas entre regímenes, disminución de la morbimortalidad, mejoría de la esperanza de vida y hasta resiliencia frente a una pandemia.
Hoy, son miles de pacientes los que están sufriendo las consecuencias del cambio de modelo, basta con visitar un servicio de urgencias o un dispensario de medicamentos. Las tutelas vienen en aumento, pero hoy son un canto a la bandera: el nuevo interventor de la Nueva EPS encontró 120.000 tutelas sin responder. ¿Todavía estarán vivos los pacientes?
Conseguir una cita con médico general toma ahora más tiempo que durante la pandemia, y ni hablar de las citas con especialistas. Ese drama humano tiene detrás una crisis económica: según cálculos de ACEMI, el gremio de las aseguradoras, de cada $100 que recibieron por UPC (el pago que hace el Estado por cada afiliado), las EPS en promedio pagaron $109. Adivinen quién paga el déficit.
La negación de la crisis cuesta vidas. Los pacientes mueren por falta de medicamentos, insumos y prestadores, pero también por fanatismo ideológico. Esta semana lloramos por la muerte de Kevin, un niño con hemofilia, que murió esperando el tratamiento que no recibía desde hacía 2 meses. Los pobres, simplemente, mueren.
Los ricos, en cambio, lloran. Según algunos datos de ANIF, como porcentaje del gasto corriente en salud, el gasto de bolsillo subió a 16,8% en 2024, desde 14,2% en 2021, acercándose al umbral del 20% que la OMS considera de alto riesgo financiero para los hogares. En 2025, los seguros privados de salud lograron un crecimiento récord: según Fasecolda, entre enero y julio se registró un crecimiento histórico del 23%.
Quienes tenemos la fortuna de tener un seguro privado de salud, aunque nos cuesta más, accedemos a especialistas, medicinas y servicios de alta complejidad, con una facilidad diametralmente opuesta al calvario que tienen que vivir millones de pacientes en algunas EPS, particularmente en las intervenidas. Eso es inequidad, y de la más cruel.
Si para los pacientes llueve, para el personal de salud no escampa: falta de pagos, sobrecarga laboral, informalidad y maltrato. Igual o peor están los hospitales. Los que han logrado sobrevivir lo han hecho recortando servicios o apalancados por el auge de los seguros privados. No es para menos: once EPS intervenidas concentran el 80% de las deudas de los hospitales.
El gobierno tiene razón en muchas cosas sobre el sistema de salud, pero el fin no justifica los medios. Los ciudadanos lo único que quieren es que los atiendan y les entreguen sus medicamentos; quién gane ideológicamente los tiene sin cuidado. El sistema necesita una reforma que lo mejore, no que lo destruya. Y esto debería ser un propósito de país, al fin y al cabo nos prometieron ser una potencia mundial de la vida.
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