La democracia sustantiva está sufriendo en América Latina un declive dramático, y Ecuador representa uno de sus casos más alarmantes. El gobierno de Daniel Noboa está utilizando la crisis de seguridad como pretexto para desmantelar instituciones democráticas, perseguir opositores políticos y consolidar un modelo económico oligárquico. El país que sirvió de ejemplo regional en pluriversidad, inclusión y derechos de cuarta generación desde 2008 transita hacia una restauración anacrónica: racista, clasista y empobrecedora. Este artículo examina tres dimensiones de este retroceso: la crisis económica enmascarada con propaganda, la militarización fallida de la seguridad y la judicialización de la disidencia política.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad socio económica ecuatoriana resulta dramática. Mientras el ejecutivo destina 26 millones de dólares anuales a publicidad gubernamental para sostener indicadores artificiales de eficiencia y gestión social, la situación de los sectores populares se deteriora aceleradamente. Según el economista Decio Machado, el 60% de la población no logra cubrir la canasta básica familiar, una cifra que desnuda el fracaso de un patrón extractivo de generación de renta agravado por los últimos gobiernos.

El ingreso promedio que celebra el gobierno de una familia con dos ingresos de 800 dólares aproximadamente es un espejismo estadístico que oculta una realidad brutal: el 63% de los trabajadores están atrapados en la informalidad y el subempleo, sin acceso a seguridad social ni estabilidad laboral. Esta no es una crisis coyuntural, sino el resultado predecible de un modelo productivo obsoleto anclado en la exportación primaria de banano, camarón y petróleo. Además, el sector bancario se fortalece con políticas super favorables que estimulan la exportación de renta hacía el exterior mientras la manufactura nacional se asfixia y decrece (agravado con la reciente decisión de cortar relaciones diplomáticas con Colombia).

Para una familia ecuatoriana promedio, esto significa que el padre trabaja 12 horas diarias como taxista informal, la madre vende comida en la calle sin permisos y los hijos interrumpen sus estudios para contribuir al ingreso familiar. Mientras tanto, el gobierno invierte millones en informes publicitarios y spots de redes sociales que proclaman una prosperidad inexistente. Esta brecha entre propaganda y realidad no es un error de comunicación, es una estrategia deliberada para promover consenso mientras se perpetúa la desigualdad estructural.

La seguridad ciudadana, eje central del discurso presidencial durante la campaña de 2023 y 2025 ha colapsado estrepitosamente. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios, alcanzando una tasa alarmante de 50,91 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra que supera todos los registros históricos previos. La declaración del conflicto armado interno y la militarización territorial no han contenido la expansión del narcotráfico ni han reducido la violencia urbana.

Sin embargo, estas medidas sí han logrado militarizar la vida cotidiana, especialmente en ciudades con índices de violencia históricamente bajos como Quito, Cuenca, Ambato e Ibarra. En estas urbes, operativos militares rutinarios se concentran en barrios populares, donde jóvenes, indígenas, afrodescendientes y trabajadores informales sufren requisas arbitrarias, detenciones preventivas sin causa probable y hostigamiento sistemático. El estado de excepción se ha normalizado como mecanismo de control social, no de seguridad pública ni bienestar social.

La inversión pública no se ha dirigido hacia políticas de cohesión social, prevención de violencia o transformación de la matriz económica. En su lugar, el presupuesto se canaliza hacia equipamiento militar, ampliación carcelaria y sostenimiento de una infraestructura represiva que ya no distingue entre crimen organizado y protesta legítima. Esta estrategia no combate la inseguridad: la administra como justificación permanente para el control autoritario y el mantenimiento de legitimidad.

El caso más emblemático de persecución política es el proceso judicial contra Aquiles Álvarez, popular alcalde de Guayaquil y potencial candidato presidencial. El 11 de febrero de 2025, Álvarez fue detenido en circunstancias que evidencian manipulación judicial: selección de jueces alineados con el Ejecutivo, cobertura mediática desproporcionada orquestada desde el gobierno y reclusión inmediata en centros carcelarios de máxima peligrosidad, una medida inusual para delitos no violentos.

Los medios afines al gobierno insisten en que se trata de un proceso jurídico legítimo, pero los elementos procesales desmienten esta narrativa. La Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora, ha denunciado internacionalmente lo que académicos especializados identifican como lawfare: el uso instrumental del sistema judicial para neutralizar adversarios políticos sin recurrir a métodos abiertamente dictatoriales.

Este no es un caso aislado. Múltiples dirigentes sociales, periodistas críticos y líderes de movimientos indígenas enfrentan procesos de persecución cuya característica común es la desproporcionalidad de las acusaciones y la politización evidente de las investigaciones. La justicia ecuatoriana actúa cada vez más como brazo ejecutor de una estrategia de silenciamiento que busca desviar la atención pública de los fracasos gubernamentales en seguridad y economía.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han comenzado a documentar estas prácticas, y el deterioro democrático ecuatoriano empieza a figurar en informes regionales sobre retroceso institucional. Lo que el gobierno llama lucha contra la corrupción, la comunidad académica lo reconoce como represión selectiva de la oposición.

Este análisis no es un ejercicio de observación distante. El modelo Noboa representa un libreto que se está replicando en otros países latinoamericanos: una derecha que reprime ante la incomodidad ciudadana y derrocha en propaganda ante el hambre popular. Colombia, que enfrenta sus propios desafíos democráticos entorno a la consolidación de la paz, la transición energética y el fomento del bienestar popular debe estudiar atentamente el caso ecuatoriano como advertencia.

La libertad no es una concesión estatal, sino un derecho que se defiende con organización ciudadana y movilización permanente. Ante gobiernos que utilizan crisis reales para justificar controles autoritarios y disminuir bienestar, la respuesta no puede ser la pasividad.

La dignidad democrática exige vigilancia activa, denuncia internacional y solidaridad regional. El gobierno de Noboa no usa la publicidad para ocultar el fracaso de su gestión en seguridad; usa la inseguridad para justificar el éxito de su proyecto de control autoritario. Todo esto bajo el brillo de una propaganda desinformadora que pretende normalizar lo inaceptable.

Reconocer este patrón es el primer paso para resistirlo y actuar.