Conversamos con Andrés Felipe Gaviria, candidato a la Cámara de Representantes de Antioquia por el Centro Democrático #106, acerca de su visión del país y del departamento.
Háblanos de ti…
Mi nombre es Andrés Felipe Gaviria Cano. Nací en Medellín, crecí en San Joaquín y me forjé en las dificultades que conocen miles de familias antioqueñas. A los nueve años perdí a mi padre y, a los dieciséis, con la muerte de mi tío, asumí responsabilidades que no le corresponden a un joven de esa edad. No fue fácil. Conocí lo que significa que te corten los servicios, vivir al límite y enfrentar decisiones duras, esas que toman quienes no son lo suficientemente pobres para recibir ayudas, ni lo suficientemente ricos para vivir tranquilos. Esa experiencia me marcó profundamente. Me enseñó que en Antioquia hay millones de personas trabajadoras que quedan por fuera del sistema: invisibles para el Estado, pero fundamentales para esta región. Personas que cumplen, producen y sostienen el país, y a las que con frecuencia nadie representa. Soy politólogo de la Universidad EAFIT, con maestría en la Universidad de los Andes. Emprendedor desde los 16 años, fundé y dirijo 360 Radio y una agencia de comunicaciones, y he trabajado como asesor en sectores estratégicos como telecomunicaciones, educación y energía. Llevo más de diez años generando empleo y construyendo desde la empresa privada, entendiendo de primera mano cómo se produce, cómo se compite y cómo se toman decisiones que impactan equipos de trabajo y resultados.
¿Por qué quiere llegar al Congreso y qué problema concreto del país busca ayudar a resolver desde allí?
Quiero llegar al Congreso por una razón clara: durante años he visto cómo muchos de quienes están en el poder dejaron de representar a la gente. Viven desconectados de la realidad, hablan mucho y hacen poco. Se acomodaron al cargo, a la excusa y al aplazamiento, mientras los ciudadanos madrugan, trabajan, pagan impuestos y siguen esperando resultados.
Yo sé lo que significa sostener una nómina, competir en el mercado, endeudarse para estudiar y sacar adelante una familia. Por eso me indigna ver cómo se prometen cambios que nunca llegan. No podemos seguir dejando el futuro de Antioquia en manos de políticos que no ejecutan ni rinden cuentas.
Mi propósito es llevar al Congreso una voz que venga del trabajo y de los resultados: ejercer un control político serio, exigir que los proyectos se cumplan y promover leyes que vuelvan a poner la infraestructura, el empleo y la productividad en el centro del desarrollo.
¿Cuáles son los valores o principios que guían sus decisiones políticas y legislativas?
Mis decisiones políticas y legislativas las guía una idea central: que la política debe servir para que la gente viva mejor, no para que unos pocos se acomoden. Creo en la dignidad y en la movilidad social: que el esfuerzo tenga recompensa y que estudiar, trabajar y emprender realmente abran puertas. Por eso defiendo el trabajo y la productividad, y un Estado que acompañe en vez de estorbar, que quite trabas inútiles y se enfoque en lo esencial.
También creo en el orden y la legalidad: reglas claras, autoridad que haga cumplir la norma y cero tolerancia con la corrupción. Los impuestos son sagrados y se deben manejar con austeridad, sin burocracia innecesaria y con resultados medibles. La transparencia y la rendición de cuentas no son una frase bonita; son una obligación: el funcionario debe responder por lo que promete y por lo que ejecuta.
Y, en particular, creo que la infraestructura es dignidad. Conectar territorios no es solo concreto: es empleo, competitividad, seguridad y calidad de vida, especialmente para quienes menos tienen y más tiempo pierden tratando de moverse. Finalmente, me guía un sentido de comunidad y de orgullo regional: hacer las cosas bien, con respeto por la tradición de trabajo de Antioquia, sin dividir al país, y construyendo soluciones que funcionen en la vida real.
Mencione hasta tres proyectos de ley que impulsaría o apoyaría durante su primer año en el Congreso.
En mi primer año en el Congreso impulsaría tres proyectos muy concretos.
El primero, una ley para destrabar los proyectos de infraestructura regional, mejorando la planeación, la ejecución y el seguimiento, para que las obras dejen de quedarse en anuncios y se conviertan en soluciones reales para las regiones.
El segundo, una ley enfocada en empleo formal y fortalecimiento de las pymes, que reduzca cargas innecesarias y facilite contratar legalmente, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Y el tercero, una iniciativa para garantizar reglas claras y estabilidad jurídica para la inversión, porque sin confianza y sin seguridad jurídica no hay empleo ni desarrollo sostenible.
Si solo pudiera aprobar una ley durante todo su periodo en el Congreso, ¿cuál sería y por qué?
Aprobaría una ley de infraestructura estratégica para la competitividad del país.
Porque la infraestructura no es cemento: es tiempo, dignidad y oportunidades. Quien menos tiene es quien más horas pierde moviéndose, quien más se expone y quien menos acceso tiene a empleo y servicios.
Los países que progresan no lo hacen porque tengan más discurso, sino porque conectan su territorio, reducen costos y facilitan que la gente pueda trabajar, estudiar y producir. Colombia no puede seguir frenada por falta de decisión.
¿Qué problema del país le indigna más y por qué aún no se ha resuelto?
Me indigna que en Colombia cumplir la ley y trabajar bien sea cada vez más difícil.
Hay millones de personas que hacen todo correctamente: trabajan, pagan impuestos, generan empleo, y aun así el Estado no los protege ni los acompaña. Al contrario, muchas veces los castiga con trámites, cargas y decisiones mal diseñadas. Este problema no se ha resuelto porque durante años se ha legislado desde el escritorio, sin entender cómo funciona la vida real de quienes producen y sostienen el país.
Si mañana tuviera que votar una ley que va en contra de su partido pero favorece al país, ¿qué haría?
Votaría a favor del país. Para mí el mandato principal no es obedecer una línea partidista, sino responderle a la gente y a los principios con los que me eligieron: legalidad, transparencia, resultados y dignidad. Yo no creo en la política de aplauso interno mientras afuera todo sigue igual.
Eso sí, no lo haría a la ligera: lo explicaría con argumentos y con datos, lo hablaría de frente con mi bancada y con la ciudadanía, y dejaría constancia pública de por qué esa decisión beneficia a Antioquia y a Colombia. La disciplina de partido no puede estar por encima del interés general. Mi lealtad es con los ciudadanos y con los resultados, no con el cálculo político.
¿Qué decisión impopular cree que el país necesita, pero pocos políticos se atreven a decir?
El país necesita decir con claridad que no todo se soluciona creando más normas, más subsidios o más burocracia.
Necesitamos un Estado que controle y acompañe, pero que no estorbe. Que evalúe resultados y deje de tomar decisiones que suenan bien en el discurso, pero que en la práctica frenan el empleo y la inversión.
Puede ser impopular decirlo, pero sin orden, eficiencia y responsabilidad fiscal, no hay política social que se sostenga.
¿Qué ley existente derogaría o modificaría de inmediato y por qué?
Revisaría y modificaría de inmediato las normas que castigan al que cumple y facilita la informalidad.
Hoy existen leyes y regulaciones que hacen más costoso contratar formalmente, emprender o ejecutar proyectos, mientras la ilegalidad opera con mucha más libertad.
Mi prioridad sería simplificar trámites, reducir cargas innecesarias y enviar un mensaje claro: en Colombia vale la pena trabajar, cumplir la ley y generar empleo.
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