Estamos a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones legislativas. Se disputan 286 curules entre Senado y Cámara de Representantes. En ese orden de ideas, hay un total de 3.231 candidatos inscritos. Todos ven la oportunidad de ocupar un escaño en el Congreso de la República; sin embargo, de ese total, solo el 12,8 % logrará llegar a una curul.
Lo preocupante no es el número elevado de candidatos. Preocupa la falta de propuestas estructurales. Preocupan aún más aquellos que basan su discurso en prometer vías, colegios, puestos de salud y obras de infraestructura, como si esas fueran funciones propias del Congreso. Hablan de proyectos de impacto, de más obras y más inversión, pero ¿acaso olvidan cuáles son realmente las funciones de un senador o de un representante a la Cámara?
Escucharlos proponer y ofrecer “soluciones” puede sonar atractivo en campaña. Pero los ciudadanos esperan responsabilidad y coherencia institucional. No se trata de prometer lo que no corresponde a su competencia. Cualquier persona con formación en lo público sabe que la construcción de obras y la ejecución directa de proyectos no es función del legislador.
Proponer no empobrece; lo que empobrece es el no cumplir. Y Colombia conoce muy bien las consecuencias de esa promesa incumplidas. Hoy el ciudadano común no espera discursos grandilocuentes, sino condiciones reales que le permitan desarrollar su proyecto de vida: acceso efectivo a la educación, agua potable, vivienda y trabajo. Ahora bien, también es necesario precisar algo fundamental: los representantes a la Cámara y los senadores no ejecutan directamente políticas públicas ni construyen obras. Su función es legislar, hacer control político y ejercer las competencias constitucionales que les han sido asignadas. No son ejecutores; son diseñadores de normas y vigilantes del poder.
Si no entendemos esa diferencia, seguiremos eligiendo sobre promesas equivocadas y evaluando con expectativas irreales.
Colombia, en cifras, no muestra un panorama alentador. La pobreza sigue creciendo; aumenta el número de jóvenes que no acceden a la educación; niños y niñas continúan muriendo por desnutrición; el desempleo y la informalidad persisten; hay municipios sin acceso a agua potable; campesinos que sufren el abandono estatal, sin vías y sin tierra; la violencia recrudece; líderes sociales son asesinados; la corrupción se desborda; los sobrecostos en la contratación pública se repiten y la infraestructura continúa siendo insuficiente.
Y entonces, señor candidato que me está leyendo: su tarea no es prometer obras que no le corresponden. Su tarea es ejercer control político con rigor, asumir posiciones claras frente a las decisiones del Gobierno, vigilar cómo se maneja y cómo se distribuye el dinero del Estado. Los colombianos no necesitan más leyes innecesarias. Este país está saturado de normas que muchas veces se quedan en el papel. La verdadera tarea del legislador es fortalecer los mecanismos institucionales de control, exigir transparencia y garantizar que las leyes existentes se cumplan. Su labor no es producir normativa vacía; es crear reglas útiles, eficaces y coherentes con la realidad del país.
Comentar