A diferencia del 2018 cuando inició su debut en una elección nacional con el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –Farc– (lo que de entrada resultó siendo un error de posicionamiento monumental) y de 2022 cuando volvió al ruedo electoral ya con el nombre de Comunes, el partido que nació de la extinta guerrilla de las Farc-EP luego de firmado el Acuerdo de Paz en 2016, se juega en las elecciones de este año su continuidad en el sistema de partidos, aunque no lo hace a nombre propio, sino diluido en listas en coalición con Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo. ¿Qué le espera al partido que heredó el capital político de la que llegó a ser considerada como la guerrilla más poderosa del hemisferio occidental?
Sin “curules gratis”
La estrategia de Comunes para sobrevivir en el sistema de partidos es sencilla: si la lista en coalición al Senado de Fuerza Ciudadana supera un umbral electoral del 3% de la votación válida que, en lo personal y a partir de lo fijado en 2018 y 2022, estaría cercano a los 700.000 votos, el partido conserva su personería jurídica, es decir, la condición legal que le permite avalar candidatos en cualquier proceso electoral y recibir financiación estatal. Y lo puede lograr así su candidata oficial, la senadora Sandra Ramírez, se quemé en el proceso. Y eso se debe a una compleja interpretación jurisprudencial que en los últimos años ha permitido que existan partidos políticos nacionales así no tengan representación en el Congreso.
Si queda claro que Comunes no volverá al Congreso como una bancada mediana, puesto que ya no tendrá diez curules fijas, cinco en Cámara y cinco en Senado, y como es imposible, virtualmente imposible, que por cuenta propia alcance 700.000 votos (algo muy alejado de sus posibilidades) la coalición con Fuerza Ciudadana es un gana-gana; por un lado, permite que el sector de Carlos Caicedo pueda avalar sus candidatos dado que en marzo de 2024 el Consejo de Estado anuló su personería jurídica; y por otro lado, no le carga a Comunes la responsabilidad exclusiva de superar el umbral.
Pero ojo, con Fuerza Ciudadana ya existe un antecedente que se podría volver al repetir el 8 de marzo, hay que recordar que, en el 2022, en plena movilidad electoral de la izquierda y con Gilberto Tobón Sanín como cabeza de lista (quien sacó 173.000 votos), su lista no superó un umbral de cerca de medio millón de votos y se quemó. Escenario que se podría repetir puesto que Fuerza Ciudadana no cuenta con Caicedo participando en alguna consulta –lo que podría respaldar la votación de sus listas–; la fortaleza electoral de Fuerza Ciudadana concentrada en Magdalena es importante pero no está por encima de los 200.000 votos, y tampoco veo en su lista a candidatos de opinión fuertes (¿Gloría Gaitán?, ¿Daniel Mendoza?). Así que para Comunes la estrategia de coalición no pinta como apuesta segura.
De partido mediano a partido minúsculo
Pero si la lista al Senado de Fuerza Ciudadana supera el umbral e ingresa a la cifra repartidora con la votación mínima, en atención al criterio de cifra repartidora, podría ingresar cinco senadores. La posición de la candidata Sandra Ramírez, quien ya va ajustando ocho años en el Congreso –evidentemente el partido no tuvo la capacidad para posicionar nuevos liderazgos–, dependerá de su votación individual, si por disciplina y estructura recoge los 31.116 votos que sacó Comunes en las elecciones del 2022 y dicha votación se encuentra entre las primeras tres, podría asegurar su curul y la pervivencia del partido. Pero así Sandra Ramírez se quemé con la lista en su totalidad superando el umbral Comunes seguirá existiendo como un partido minúsculo así no cuente con representación parlamentaria.
Es decir, conservará su personería jurídica y la financiación estatal, pero esta financiación también cambiará a partir del 2027 y ni por la curvas se acercará a los 2.113.904.016 millones que recibió para el 2024. El Partido tendría que subsistir con la financiación mínima –cerca de 300 millones de pesos– y sin congresistas o equipos de Unidades de Trabajo Legislativo –UTL– que aporten para el manteniendo de sus sedes o actividades políticas. Será la oportunidad para precisar el tipo de legitimidad que construyeron como fuerza política a lo largo de ocho años y si su transición en el sistema de partidos resultó efectiva en clave de crecimiento y continuidad electoral.
Y esa pregunta, si la formulamos, se responde por sí sola: la reincorporación política de las Farc-EP fracasó en su pretensión de convertirse en una alternativa electoral viable. El partido solo ha perdido plataforma electoral desde su debut en 2018 y su fuerza a nivel subnacional –que se midió en las elecciones de 2019 y 2023– es aún más precaria. Como proyecto electoral, sin duda, es un fracaso, pero como proyecto político, abanderado de un acuerdo de paz que transformó el país, su legado histórico es invaluable. Ya habrá tiempo de revisar el peso que las disputas internas, la estigmatización, el genocidio, y la incapacidad de posicionar nuevos liderazgos, narrativas y estrategias, jugaron en su fracaso electoral.
Desde el principio, por allá en el 2018, me quedó claro que la legitimidad del partido que nació de la guerrillera era tanto constitucional (es un partido constitucionalizado, algo que no se veía desde el Frente Nacional) como transicional. Su participación con diez curules fijas en el Congreso y su financiación excepcional y creciente desde el 2017 (a lo que se debe agregar un Centro de Pensamiento y Diálogo Político que contó con miles de millones de presupuesto y que pasó con más pena que gloria), buscaban establecer las condiciones para que el partido creciera en sus capacidades electorales y se consolidara en un sistema de partidos altamente competitivo. Eso no pasó.
Ahora, el partido que heredó el capital político de la insurgencia más poderosa que alguna vez haya existido en el país –la única que realmente puso en jaque a las élites– cruza los dedos para superar un umbral y convertirse así sea en un partido minúsculo. Un tigre de papel fue lo que nos pintaron por allá en el 2018.
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