Voy a empezar esta columna destacando un ejemplo: el Grupo Éxito es una de las empresas más grandes y conocidas del país, a la fecha cuenta con cerca de 35.000 empleados y opera en 23 departamentos, para su presidente, Juan Carlos Calleja, el aumentó del 23% en el salario mínimo, que, el Gobierno del presiente Petro convirtió en un salario vital a partir del 2026, no representó, oigan bien, un riesgo para la empresa, no representó ni un solo despido, ni la quiebra, ni el apocalipsis que desde la derecha atizaron para socavar una conquista histórica de los trabajadores y trabajadoras.
Y pongo el ejemplo del Grupo Éxito porque se trata de una empresa reconocida, y si una empresa de ese nivel, con miles de trabajadores en todo el país, no vio en el salario vital una amenaza para sus intereses es porque el empresariado, si comprende -dejando de lado fanatismos y cálculos políticos- que aumentar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras resulta esencial para fomentar el consumo interno y así mejorar la calidad de vida de las familias, podrá concluir que no solo se trata de un importante avance social, sino de una gran oportunidad para dinamizar la productividad del país.
De ahí que resulté muy preocupante que el salario vital, tal vez, y no creo exagerar, el avance social más importante que han tenido millones de trabajadores en la última década -con la reforma laboral-, se encuentre en vilo por una decisión del Consejo de Estado que, en atención a una demanda, pretende socavar una conquista histórica. Y aunque las decisiones de la justicia se deben respetar y acatar, eso no lo pongo en duda, la ciudadanía sí se debe expresar, con contundencia y pacíficamente, para defender una de sus mayores conquistas. No se trata del presidente Petro, no se trata de defender a un Gobierno, sino la dignidad de quienes por fin vieron un aumento salarial acorde a sus necesidades.
Los magistrados del Consejo de Estado deben obrar con altura histórica y sensatez, no ser insensibles o dejar de lado la voz de los sectores que mueven la economía del país y que no consideran el salario vital como un apocalipsis, y los trabajadores, quienes, por primera vez, cuentan con un Gobierno que pensó en mejorar su calidad de vida y dignificar sus ingresos, también deben movilizarse para salvaguardar sus derechos, y no se trata de presionar al poder judicial mientras toma una decisión de fondo sobre el salario vital, sino de hacer un llamado de atención ciudadano y respetuoso a las instituciones que conforman el Estado para que no desestimen la dignidad de los trabajadores.
El ejemplo del Grupo Éxito es una clara muestra de que cuando en el empresariado hay empatía social, solidaridad y comprensión de las necesidades de las familias, podemos llegar a establecer importantes consensos sociales. Que eso sea lo que prime en las próximas decisiones judiciales y que millones de trabajadores no terminen perdiendo aquello por lo que tanto han luchado.
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