El Consejo de Estado suspendió el decreto que imponía el aumento del salario mínimo. Y lo hizo por una razón fundamental: era ilegal.
No se trata de una discusión ideológica ni de una postura política. Se trata del cumplimiento de la ley y de una jurisprudencia clara establecida desde 2017: el salario mínimo no puede fijarse de manera arbitraria ni responder a decisiones populistas. Debe sustentarse en criterios técnicos, atendiendo variables reales de la economía como la inflación, la productividad y la sostenibilidad del empleo.
Esto no es un formalismo jurídico. Es una garantía para proteger el empleo.
Cuando el salario mínimo se fija sin sustento técnico, el resultado suele ser el contrario al que se promete: aumenta la informalidad, se reduce la generación de empleo formal y se presiona la inflación. Quienes terminan pagando el costo son precisamente los trabajadores que se dice proteger.
Por eso, el Consejo de Estado hizo lo que tenía que hacer.
En una democracia funcional, la separación de poderes no es un obstáculo: es una garantía. Las ramas del poder existen para equilibrarse mutuamente y evitar excesos. Al suspender el decreto, el Consejo de Estado no “se opuso” al Gobierno; cumplió su función constitucional: poner límites al poder y defender el marco legal.
Así funciona la democracia.
Sin embargo, en lugar de reconocer este equilibrio institucional, algunos reaccionan con miedo: que la decisión es impopular, que puede generar inconformidad social, que es mejor no dar estas discusiones para no fortalecer discursos populistas.
Siempre pedimos justicia. Pero cuando llega, no podemos tenerle miedo.
Y si el riesgo es la amenaza de un estallido social, ya no nos va a tomar por sorpresa. La respuesta no puede ser la tibieza. Le estamos atribuyendo demasiada capacidad de planeación y de ejecución a un populismo perezoso, y esa es otra forma de rendirse ante él. Le estamos otorgando demasiado mérito a la incompetencia y al caos.
Hoy más que nunca debemos respaldar a jueces y magistrados que están cumpliendo su deber. En un contexto de tensiones institucionales, han sido uno de los contrapesos más eficaces frente a decisiones arbitrarias del Ejecutivo.
Tampoco subestimemos a los trabajadores. Ellos entienden perfectamente que el empleo se protege protegiendo a las empresas, con estabilidad económica y reglas claras. La prosperidad no se construye con decretos improvisados.
Colombia se defiende respetando la ley y construyendo confianza en sus instituciones. No podemos temerle al populismo: hay que enfrentarlo con argumentos, con serenidad y con valentía.
Porque cuando el miedo gobierna, la libertad retrocede.
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