No permiten que Iván Cepeda participe en la consulta interpartidista. Revocan listas al Congreso de sectores progresistas en distintos municipios del país. Introducen, con decisiones administrativas presentadas como meramente técnicas, una dosis cuidadosamente calculada de incertidumbre en el corazón de la competencia política. Nada de esto ocurre en un vacío. En el país, de hecho, se inscribe en una secuencia que ya se ha vuelto demasiado conocida en los últimos años. Reformas hundidas sin debate real, tribunales que intervienen de manera selectiva en el pulso entre poderes, medios de comunicación que dejaron de informar para convertirse en operadores de un clima de sospecha permanente contra cualquier intento de transformación.
Visto en conjunto, lo que está en juego no es cada una de estas decisiones por separado, sino el dibujo que forman cuando se las mira como parte de un mismo proceso. No parece una serie de accidentes, sino un modo bastante coherente de administrar el conflicto democrático cuando el resultado de las urnas deja de ser funcional al orden existente. La ley sigue funcionando, los procedimientos también, las firmas y los sellos conservan su solemnidad. Pero su uso ya no apunta a procesar políticamente el conflicto, sino a contenerlo, a dosificarlo, a devolverlo una y otra vez a un circuito de correcciones y suspensiones donde lo decisivo nunca termina de decidirse.
En Colombia, el papel de las Cortes merece una lectura menos ingenua que la que suele ofrecerse en los comunicados oficiales y en cierta retórica institucional que prefiere no ver el conflicto. No se trata simplemente de guardianes neutrales de la Constitución que, desde un Olimpo jurídico, corrigen los excesos de la política. En un contexto como el nuestro, marcado por una alta polarización social y política, los tribunales también se convierten en actores del conflicto, aunque hablen el lenguaje de la técnica y del procedimiento. Sus decisiones no flotan en el aire. Producen efectos concretos sobre qué proyectos pueden avanzar, cuáles quedan congelados y cuáles son devueltos, una y otra vez, al punto de partida. Cuando esa intervención tiende a inclinarse de forma persistente hacia el mismo lado, deja de ser solo un debate jurídico y pasa a ser un problema político de primer orden.
Algo parecido ocurre, en la práctica política colombiana, con el Congreso y con los grandes medios. El primero, cuando renuncia a deliberar y convierte el archivo de reformas en reflejo automático, no está ejerciendo control democrático, está ejerciendo veto. Los segundos, cuando reemplazan el análisis por la campaña permanente, no están informando, están produciendo clima político. No es que cada uno de estos actores actúe en secreto o fuera de la ley. Lo hacen a plena luz del día, amparados en reglas que, justamente por eso, se vuelven cada vez más elásticas para unos y más rígidas para otros.
En este escenario, la democracia empieza a adquirir una forma extraña. Se vota, se elige, se celebran elecciones. Pero gobernar se parece cada vez más a atravesar un terreno sembrado de obstáculos institucionales que casi siempre aparecen en el mismo sentido. No es la negación abierta de la soberanía popular, es su administración. Una forma más sofisticada de volverla insustancial. El mandato popular no se desconoce, se diluye. No se lo revoca, se lo desgasta. No se lo prohíbe, se lo vuelve impracticable, casi una ficción operativa.
Si uno mira esto con algo de distancia, lo que aparece no es simplemente una disputa coyuntural entre grupos políticos. Es una disputa histórica por quién tiene derecho a fijar los límites de lo posible. De un lado, un orden que se presenta como sensato, responsable y técnico, mientras defiende con una creatividad a ratos casi delirante los equilibrios que lo favorecen, apoyado además en alianzas que desbordan nuestras fronteras (en sumisión imperialista). Del otro, una sociedad que, con todas sus tensiones internas, sigue insistiendo en que la democracia no puede reducirse al derecho a elegir administradores de lo mismo.
Gramsci llamó a esto una crisis de hegemonía. Es el momento en que quienes han dirigido durante décadas ya no logran convencer, pero todavía conservan la capacidad de impedir. Impedir que las reformas avancen, impedir que el conflicto se resuelva políticamente, impedir que el mandato popular se traduzca en transformación efectiva. En ese punto, el repertorio del orden establecido se despliega por completo. Aparecen el recurso jurídico, la presión mediática, el bloqueo parlamentario y la creatividad administrativa. No para construir un nuevo consenso, sino para ganar tiempo y preservar posiciones.
En estas condiciones, cuando las instituciones se convierten de manera sistemática en diques contra la voluntad popular, el problema deja de ser una suma de expedientes y pasa a ser una cuestión de dirección histórica. Y ahí reaparece, no como consigna vacía sino como necesidad política, la pregunta por el poder constituyente y por una Asamblea Nacional Constituyente que vuelva a poner en discusión quién decide y para qué.
Nada de esto se resolverá con gestos aislados ni con peleas fragmentadas. Lo que viene exige algo más difícil, unidad del campo progresista, capacidad de leer el momento histórico y disposición a defender en la calle, en la organización y en la deliberación pública lo que ya se expresó en las urnas. Solo así rescataremos a la democracia de su versión administrada y domesticada.
La secuencia de bloqueos, vetos y exclusiones muestra que el cambio no lo están deteniendo con argumentos, sino con poder. Frente a eso, la única respuesta que no sea resignación es que el pueblo ejerza el suyo de manera consciente, organizada y constituyente, para volver a abrir lo que hoy quieren cerrar en nombre del orden. No se trata de defender un partido en particular o un gobierno en específico, sino de seguir caminando esa utopía que siempre incomoda al poder, la de una sociedad donde la soberanía popular pese más que el miedo al cambio y donde la democracia deje de ser un procedimiento vigilado para volver a ser una promesa en disputa. Un escenario de posibilidades para la justicia social.
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