La llegada de Bad Bunny a Medellín dejó algo más que conciertos multitudinarios y cifras récord: expuso, una vez más, una verdad incómoda para ciertos sectores que se autodenominan libertarios. El mercado, por sí solo, no siempre se autorregula. Cuando las fallas aparecen, la famosa “mano invisible” termina teniendo rostro institucional: el del Estado.
El episodio del aumento desproporcionado en los precios de alojamientos ofrecidos a través de Airbnb mostró con claridad cómo la búsqueda desmedida de rentabilidad puede erosionar el bienestar social. No se trató de un simple juego de oferta y demanda, sino de prácticas que alteraron la eficiencia del mercado y afectaron directamente a los consumidores. En ese contexto, la intervención estatal dejó de ser una herejía económica para convertirse en una necesidad práctica.
Desde la teoría económica, el asunto no es nuevo. La Teoría Económica Regulatoria advierte que los mercados presentan fallas estructurales, especialmente cuando agentes con poder de mercado —o incentivos oportunistas— maximizan beneficios en detrimento del interés general. En esos escenarios, el Estado no solo puede intervenir: debe hacerlo. No para anular el mercado, sino para corregirlo, reducir la pérdida de eficiencia social y proteger los derechos de los consumidores.
En contraste, la Teoría del Libre Mercado —inspirada en Adam Smith— sostiene que la oferta y la demanda bastan para ordenar la actividad económica, relegando al Estado a un rol mínimo. Sin embargo, el caso de Medellín demuestra que esa autorregulación no siempre ocurre de manera automática. La supuesta “mano invisible” no corrigió los excesos; fue necesaria la intervención de la Alcaldía, que sostuvo reuniones con directivos de Airbnb para Latinoamérica y abrió nuevamente el debate sobre la gentrificación y la turistificación de la ciudad de la eterna primavera.
Aunque el alcalde Federico Gutiérrez señaló que se trató de casos puntuales dentro de la plataforma, lo cierto es que, sin la mediación del Estado, difícilmente se habría producido una respuesta correctiva. La sanción a quienes abusaron del mercado no nació espontáneamente de la dinámica económica, sino de la presión institucional. Esa es la evidencia empírica que incomoda a los dogmáticos del “mercado siempre se regula solo”.
Este episodio debería llevarnos a una reflexión más amplia. ¿Debe Colombia insistir en un modelo de libre mercado sin contrapesos? El ejemplo de Argentina resulta ilustrativo: directivos de Mercado Libre, antes fervientes defensores de la no intervención estatal y simpatizantes de Javier Milei, hoy reclaman proteccionismo frente a plataformas como SHEIN o Temu. El libre mercado es un dogma atractivo… hasta que deja de convenir.
La discusión no es entre mercado o Estado, sino sobre el equilibrio entre ambos. La libre competencia es deseable, pero necesita reglas claras y un tercero regulador que proteja a los consumidores y garantice condiciones mínimas de equidad para las empresas que no cuentan con grandes estructuras de capital. Medellín ya vivió la lección. Ignorarla sería insistir en una fe económica que la realidad se empeña en desmentir.
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