“El contexto actual es un momento de reflexión y cuestionamiento sobre poder, legitimidad y la pertinencia y/o eficacia de las instituciones supranacionales”
Después de la invasión a Venezuela, The New York Times preguntó al presidente Trump si existían límites a su poder global, a lo que el presidente de Estados Unidos respondió: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”.
Esta declaración podría considerarse de poca trascendencia frente a los organismos internacionales encargados de preservar relaciones pacíficas entre los Estados. Sin embargo, pese a la ilegalidad de la intervención, ya mencionada en otro artículo (https://alponiente.com/reflexiones-sobre-la-intervencion-de-e-e-u-u-en-venezuela/), la contundente respuesta de la ONU fue un comunicado de prensa donde expresa su preocupación; sin acciones que limiten el poder de Estados Unidos y sin sanciones por violar los acuerdos internacionales. Incluso en el mejor de los casos, donde se llegase a hablar en el Consejo de Seguridad sobre sanciones a Estados Unidos por el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado, el país norteamericano usaría su derecho a veto. Así las cosas, la única respuesta posible por parte de la organización encargada de preservar la paz, es un contundente comunicado de prensa.
Además de que el límite al poder de Donal Trump es su propia moral, el presidente norteamericano decidió salirse de 66 organismo internacionales con el argumento de que estos “ya no sirven a los intereses estadounidenses”; expandiendo así su poder de acción al no estar sujeto a las convenciones y tratados que regulan temas como los derechos de las mujeres, la paz, el cambio climático, la democracia e incluso el terrorismo.
Las declaraciones y acciones del actual presidente de los Estados Unidos deben ser materia de serias discusiones en el ámbito global, pues las normas que limitan la conducta de los Estados y propenden por la preservación del orden, están siendo abiertamente vulneradas y no están conteniendo el poder de un país sobre otro. Más que discusiones sobre derecho, creo que el contexto actual es un momento de reflexión y cuestionamiento sobre poder, legitimidad y la pertinencia y/o eficacia de las instituciones supranacionales:
¿De qué sirven las reglas si todo fin es justificante para transgredir la norma?
¿Que Venezuela fuese una dictadura le quitaba el estatus de País soberano?
¿Por qué Estados Unidos está tomando decisiones administrativas y económicas en Venezuela, si el país cuenta con una presidente interina?
¿Dónde se traza la línea entre intervenir y colonizar?
Si el chavismo tiene todas las instituciones públicas monopolizadas, ¿es legítima la democracia como sistema definitorio del futuro del país?
La soberanía es un límite al poder de un Estado sobre otro, pero ¿puede esta ser también un límite a la ayuda internacional?
¿Es el derecho a veto en las Naciones Unidas un mecanismo que aporte al objeto misional de la entidad?
En el entusiasmo por la deposición del poder de Nicolás Maduro, se pasaron por alto algunas situaciones que mostraban una acción muy despótica y nada humanitaria por parte de Estados Unidos, como aseverar que la intervención era contra el régimen, pero dejar a líderes del chavismo en el poder. Una de las justificaciones dadas de manera no oficial fue que, de haber puesto en el poder a una figura de oposición como Maria Corina, podría haberse desatado un enfrentamiento civil y, si bien, puede parecer lógico el planteamiento, cabe preguntarse: qué sentido tiene derrocar solo la cabeza visible del gobierno, cuando el régimen no era una persona, sino todo el entramado de instituciones y liderazgos copados por el chavismo. ¿De qué sirve ir “contra el régimen”, si solo se quita la cabeza, pero se sostiene el sistema político, los liderazgos y la estructura del régimen?
Al interrogante anterior responderían algunos que ahí entra en juego la transición hacia un nuevo gobierno. Sobre eso se pronunció Estados Unidos diciendo que gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura, pero ¿qué es una transición “segura”? ¿Cuánto tiempo durará esa transición? ¿Qué faculta a Estados Unidos para gobernar un país soberano?.
Muchos son los interrogantes que plantea la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y probablemente la discusión a algunos les resulte molesta, no porque le resten importancia, sino por la saturación de información que tienen del tan mencionado tema en medios de comunicación y redes sociales; sin embargo, es de trascendental importancia hablar de lo que viene para el mundo después de Maduro.
La salida de Estados Unidos de los tratados y convenciones internacionales, sumado a las acciones unilaterales que ha emprendido en solo 1 año de presidencia, el corolario Trump y el derecho a veto en Naciones Unidas, posibilitan a Estados Unidos emprender cualquier acción en cualquier lugar, sin consecuencias. La más afectada por esta situación es América Latina al ser zona estratégica norteamericana.
Actualmente no hay acciones preventivas para la expansión del poder de Estados Unidos, por lo que la respuesta de los países y la comunidad internacional será solo correctiva, es decir, de forma posterior a los daños causados por el omnipotente tío Sam.
La única forma de frenar un poder desbordado es con otro poder que le haga frente. ¿Será esta la oportunidad de Rusia o China para redefinir el mapa global?
Finalmente, si cree que porque vive en Colombia la situación de Venezuela no es con usted, permítame especular lo siguiente: para el 2018 el censo del DANE reveló que la población de Colombia no era de 50 millones, sino menos, lo cual coincidió con la diáspora venezolana que llenó el vacío demográfico restante. Muchos ciudadanos venezolanos manifestaron su intención de regresar al país ahora que Nicolás Maduro no está en el poder y, a manera de ejemplo, conversé con un amigo quien me comentó que solo en su cuadra 7 migrantes venezolanos retornaron a su país después de la captura de Maduro. En el hipotético caso de que el retorno de venezolanos se haga de forma masiva, y teniendo en cuenta que la población venezolana en Colombia fue más o menos de 3 millones de personas, una disminución importante de la población de Colombia significaría la reducción del número de contribuyentes, lo que llevaría a menores ingresos para el Estado y, por ende, una nueva reforma tributaria.
Lo que sucede en un país afecta a todos los demás países con que guarda relación y, gracias a la globalización, todos los países tenemos vínculos de interdependencia. No podemos ser ajenos al contexto global porque, así como la ocupación en Ucrania repercutió en mayores precios en los fertilizantes, el hierro, el trigo y el petróleo en Colombia; la invasión de Venezuela por parte de Estados va a tener repercusiones en Colombia que trascienden el derecho internacional.
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