“El gobierno nacional no ha asumido la responsabilidad de la actual crisis de salud en Colombia al haber intervenido las EPS”.
“Los ricos también lloran” fue la frase que lanzó esta semana el ministro de Salud de Colombia Guillermo Alfonso Jaramillo a raíz de las lágrimas del gerente del hospital San Rafael de Itagüí, en plena rueda de prensa con periodistas, por la crisis financiera que vive su hospital y que no le permite pagarles cumplidamente a sus empleados, profesionales de salud: enfermeros, médicos, administrativos, etc. Hasta 4 meses de retrasos en salarios y la mayoría viviendo de préstamos como paga diarios como mencionó la secretaria de Salud de Antioquia Marta Cecilia Ramírez. ¡Una locura!
Además de desafortunada la frase de Jaramillo, está por fuera de contexto, la crisis la vive un hospital público al que generalmente no acuden los ricos -que ni más faltaba, también tienen derecho a gozar de un buen sistema de salud-, sino personas de estratos bajos y muchas de ellas de régimen subsidiado (más del 70%) y provenientes de municipios y veredas del suroeste antioqueño en Colombia.
Para colmo y en medio de su soberbia, el ministro de salud remata diciendo que la crisis financiera del hospital público de Itagüí es por la corrupción de la actual administración. Si fuera así, debió haber instaurado desde hace tiempo las respectivas denuncias ante las entidades competentes, pero no lo ha hecho. Esto sólo demuestra que el gobierno nacional no ha asumido la responsabilidad de la actual crisis de salud en Colombia al haber intervenido las EPS. La cura salió peor que la enfermedad.
Y es que, si hablamos de corrupción, Jaramillo es de los menos indicados para hablar de ello, el año pasado su esposa, quien trabaja en la Superintendencia de Salud, estuvo envuelta en un escándalo por presionar -saltándose el debido proceso de contratación- la firma de un contrato para la compra de un buque hospital en el Amazonas.
Pero más allá de esto, Guillermo Alfonso Jaramillo integra un gobierno que sí ha sido “un nido de corrupción” frase que pronunció esta semana en un Consejo de ministros, refiriéndose a la administración del Hospital San Rafael de Itagüí. Recordemos el caso de la UNGRD que tiene a los exfuncionarios del gobierno Olmedo López, Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Sandra Ortiz, presos, así como al ex presidente del Senado Iván Name y al ex presidente de la Cámara, Andrés Calle.
Ni qué decir de la red de corrupción que el gobierno Petro montó con la Fundación de Educación Superior San José y que se empezó a develar con la investigación que se le hizo a Juliana Guerrero quien se iba a desempeñar como viceministra de Juventudes pero que no pudo hacerlo al conocerse que nunca había cursado en esa universidad. Lo peor es que aparecen pagos de Juliana Guerrero a esa universidad por matrículas y derechos de grado por más de 7 millones de pesos, realizados el 28 y 29 de julio de 2025, cuando supuestamente se había graduado el 1 de julio. ¿Cómo es posible graduarse antes de haber empezado a estudiar? ¿Pagan por el título sin siquiera estudiar?
Pero esa es la punta del iceberg, esta semana El Colombiano reveló que la secretaria privada del presidente Petro obtuvo en un mismo día tres títulos académicos: dos profesionales y una tecnología (ver). La funcionaria empezó a estudiar en esta institución cuando empezó a trabajar con el gobierno Petro.
Con Juliana Guerrero y la secretaria privada del presidente Petro, son 24 personas las que han tenido irregularidades para la obtención del título con la Fundación de Educación Superior San José. Apelando al todo vale para lograr sus propósitos.
Sí, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, sí hay un nido de corrupción y está en el gobierno del que hace parte.
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