El sistema de salud en Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. El déficit estructural, la desfinanciación crónica, la cartera impagable de las EPS y la debilidad en la planeación administrativa han puesto en jaque a hospitales públicos de todo el país. El municipio de Andes no es la excepción.
El Hospital San Rafael, principal centro asistencial de Andes, en el suroeste antioqueño, el cual en el día de hoy es de primer nivel, enfrenta hoy una CRISIS FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y DE CARTERA que compromete seriamente su sostenibilidad, la calidad del servicio y, en última instancia, el DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD de miles de ciudadanos.
UN DÉFICIT QUE NO ADMITE SILENCIOS
De acuerdo con información conocida por la comunidad, el hospital arrastra un déficit financiero considerable, producto de la acumulación de cartera, el retraso sistemático en los pagos de las EPS y una estructura de gastos que no parece corresponder con su realidad económica.
En este escenario, cada peso cuenta, y toda decisión administrativa —especialmente las relacionadas con infraestructura y contratación— debe ser planeada, sustentada, explicada y socializada.
UNA GERENCIA EN ENTREDICHO Y UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO
A esta compleja situación se suma un hecho grave: la presunta falsificación de una cuenta de correo electrónico institucional, atribuida al entonces gerente Luis Otero López, en la cual supuestamente él doctor Otero presentaba su renuncia, esta derivó en su separación temporal del cargo, mientras la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes.
Sin desconocer el principio constitucional de presunción de inocencia, este episodio profundizó la incertidumbre administrativa, debilitó la confianza ciudadana y dejó al hospital en una situación de interinidad y fragilidad institucional, en un momento crítico para la toma de decisiones estratégicas.
LA OBRA DE URGENCIAS: LO QUE REVELA EL DOCUMENTO DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
La mayor preocupación hoy se centra en la construcción del nuevo bloque de Urgencias, iniciada en 2023 y que, tras más de 12 meses, no presenta avances visibles significativos, pero sí un alarmante historial de prórrogas, ajustes y sobrecostos.
Un concepto técnico oficial emitido el 23 de diciembre de 2025 por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, a través de su Dirección de Calidad y Redes de Servicios, confirma varios hechos de extrema gravedad institucional:
- PLANEACIÓN DEFICIENTE DESDE EL INICIO
El documento reconoce que el proyecto:
- Inició sin diseños técnicos suficientemente consistentes.
- Presentó inconsistencias en obra física y cantidades, detectadas ya con la obra en marcha.
- Obligó a contratar nuevos diseños estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, de red contra incendios y aire acondicionado, una vez iniciada la ejecución.
Es decir, se empezó a construir sin tener plenamente definido qué se iba a construir.
- SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y RIESGO ESTRUCTURAL
El propio informe oficial señala que:
- Los contratos de obra e interventoría están suspendidos desde junio de 2025.
- La excavación realizada, sin un sistema adecuado de contención, generó:
- Fisuras en el bloque asistencial existente
- Problemas de filtraciones
- Un riesgo estructural y sanitario relevante
Tan grave es la situación que fue necesaria la intervención del DAGRAN, para evaluar el riesgo sobre la infraestructura hospitalaria ya existente.
- UN PRESUPUESTO QUE SE DISPARA DE FORMA ALARMANTE
Aquí se revela uno de los hechos más delicados:
- Presupuesto inicial del proyecto: $4.961 millones de pesos
- Nuevo valor proyectado tras ajustes: $13.085 millones de pesos
Esto representa un incremento superior a $8.000 millones, más del 160 % del valor inicialmente aprobado.
El propio documento de la Gobernación reconoce que, ante la imposibilidad financiera de ejecutar el proyecto completo, se opta por una ejecución parcial por etapas, reduciendo el alcance real de la obra a:
- Un presupuesto ajustado de $5.172 millones
- Que solo permitiría dejar funcionales algunas áreas básicas del bloque de urgencias, no el proyecto integral originalmente prometido.
PRÓRROGAS, PRÓRROGAS Y MÁS PRÓRROGAS
El proyecto, que inicialmente tenía una vigencia de 12 meses, hoy acumula:
- 12 meses iniciales
- 12 meses de primera prórroga
- 6 meses de segunda prórroga
- 9 meses adicionales aprobados hasta septiembre de 2026
En total, más de tres años de ejecución para una obra que aún no muestra resultados claros, mientras el hospital sigue operando en condiciones precarias.
CONTROL POLÍTICO Y CONTROL SOCIAL: HOY MÁS NECESARIOS QUE NUNCA
Este no es un problema menor ni técnico. Es un asunto de recursos públicos, planeación estatal y derecho a la salud.
El propio documento de la Gobernación deja claro que:
- Hubo fallas en la planeación
- Se materializó un riesgo estructural
- El proyecto cambió sustancialmente su alcance y costo
- Se compromete aún más la frágil situación financiera del hospital
Por ello, el SILENCIO INSTITUCIONAL NO ES PRUDENCIA, ES OMISIÓN.
La comunidad de Andes, los veedores ciudadanos, el Concejo Municipal, los entes de control y los medios de comunicación están llamados a ejercer un control político y social serio, informado y permanente.
UN LLAMADO URGENTE
Hoy, más que nunca, Andes necesita:
- Transparencia total
- Rendición de cuentas claras
- Explicaciones técnicas y financieras verificables
- Decisiones responsables, no improvisadas
- Priorizar la salud sobre la burocracia y los errores de planeación
La crisis del Hospital San Rafael YA NO ES SOLO ADMINISTRATIVA.
ES FINANCIERA, ESTRUCTURAL, INSTITUCIONAL Y ÉTICA, Y EXIGE RESPUESTAS INMEDIATAS Y RESPONSABLES.
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