Hay algo profundamente revelador —y preocupante— en la reacción que muchos han tenido frente a la caída del régimen de Nicolás Maduro: no indignación por años de miseria, represión y exilio forzado, sino malestar porque Estados Unidos haya estado involucrado. Para una parte del debate público contemporáneo, el problema nunca fue la dictadura; el problema fue quién ayudó a ponerle fin.
Este reflejo no es casual. Es el resultado de una cultura dominada por la corrección política y la emocracia: un clima moral en el que las emociones reemplazan a la razón y la sensibilidad suplanta al juicio. En este marco, la política ya no se evalúa por sus efectos reales sobre la vida humana, sino por el grado de incomodidad simbólica que produce en determinados círculos ideológicos.
La corrección política se presenta como una ética del cuidado, pero en la práctica funciona como un freno al pensamiento moral. No prohíbe explícitamente juzgar, pero castiga socialmente a quien lo hace con claridad. Condenar una dictadura es aceptable solo si no rompe ciertos equilibrios narrativos. Cuando esos equilibrios se quiebran —por ejemplo, cuando el actor incómodo es Estados Unidos—, la tiranía pasa a segundo plano y la indignación se reorienta.
Esta inversión es inaceptable. La moral exige jerarquizar. Un régimen que se sostiene mediante la violación sistemática de los derechos individuales no es una abstracción respetable ni un “proceso político complejo”: es un sistema criminal. Negarse a decirlo con claridad no es prudencia: es evasión.
Uno de los argumentos más repetidos para justificar esta evasión es la llamada “defensa irrestricta de la soberanía”. La soberanía no es un valor místico ni un escudo moral automático. Un Estado que encarcela, mata de hambre y expulsa a su población pierde toda legitimidad ética, aunque conserve símbolos, fronteras y discursos. Defender su “autodeterminación” mientras se ignora a los individuos concretos que sufren bajo su poder es una forma elegante de mirar hacia otro lado.
Es importante advertir sobre los peligros del poder estatal y de las intervenciones mal diseñadas. Sin embargo, una cosa es exigir límites, prudencia y responsabilidad, y otra muy distinta es convertir la desconfianza en un reflejo emocional automático. Hoy, demasiadas críticas no se basan en principios de libertad, sino en una narrativa identitaria: Estados Unidos como culpable por definición, independientemente del contexto o de las víctimas involucradas.
Eso no es pensamiento libertario: es relativismo emocional.
La emocracia ha transformado incluso la política internacional en un ejercicio de sensibilidad. Importa más no incomodar conciencias que enfrentar la realidad. Juzgar una dictadura con firmeza exige asumir una posición moral clara; condenar a quien la enfrenta permite refugiarse en una superioridad simbólica sin costo personal.
Así, la corrección política no protege a los oprimidos, sino a quienes observan desde lejos. El sufrimiento real se vuelve secundario frente a la narrativa correcta. La víctima concreta desaparece; la emoción del espectador manda.
El problema de fondo no es debatir los riesgos o las consecuencias de una intervención. No. El problema es la renuncia sistemática al juicio moral por miedo a quedar “mal parados” ante el tribunal de las sensibilidades contemporáneas. Cuando la política se rige por la emocracia, la pregunta deja de ser si una acción reduce la coerción y restaura libertades, y pasa a ser si nos hace sentir cómodos.
Una moral que evita incomodar no es una moral orientada a la justicia. Es, en el mejor de los casos, una ética de autopreservación simbólica; y, en el peor, una forma sofisticada —y muy actual— de complicidad con la tiranía.
Comentar