El reciente incremento del salario mínimo para 2026, cercano al 23 %, ha sido presentado como una conquista social. Sin embargo, detrás de ese anuncio optimista se esconde una realidad inquietante que amenaza con neutralizar —y en muchos casos anular— cualquier mejora en el poder adquisitivo de los ciudadanos. El problema no es el aumento del salario mínimo en sí mismo, sino su uso indiscriminado como unidad de referencia para más de setenta categorías de bienes, servicios, tarifas y sanciones, sin ningún tipo de control o gradualidad.
Urge, con carácter de emergencia, un marco regulatorio que limite y racionalice el impacto automático del salario mínimo sobre precios y tarifas, porque las consecuencias económicas y sociales de esta práctica son, sencillamente, incalculables.
Un efecto dominó que golpea al ciudadano de a pie
En 2026, numerosos productos y servicios experimentarán incrementos significativos únicamente porque su valor está atado al salario mínimo legal vigente (SMLV). Entre los más sensibles se encuentran:
- Cuotas moderadoras del sistema de salud
- Servicios notariales, catastrales, de registro y renta
- Aportes a la seguridad social
- Arriendos de espacios no residenciales
- Vivienda de Interés Social (VIS)
- Matrículas en colegios y universidades
- Servicios domésticos
- Multas, sanciones y comparendos
El resultado es una paradoja perversa: el salario sube, pero la vida sube mucho más, erosionando de inmediato cualquier ganancia real del trabajador, del pequeño empresario y del profesional independiente.
El caso de las fotomultas: un ejemplo alarmante
Basta un ejemplo para ilustrar el absurdo. Una fotomulta impuesta el 31 de diciembre de 2025 tenía un valor aproximado de $603.000. Esa misma infracción, cometida o cobrada el 1.º de enero de 2026, asciende a $750.000. No hubo cambio en la conducta del ciudadano, ni en la gravedad de la infracción, ni en el servicio prestado. Solo cambió el salario mínimo.
Cabe entonces preguntarse: ¿Los alcaldes de los municipios que tienen el servicio público de tránsito concesionado a privados están revisando estos contratos? ¿El Ministerio de Transporte expedirá un nuevo marco regulatorio que sustituya el SMLV por indicadores más razonables, como la inflación?
¿O seguiremos aceptando que el régimen sancionatorio se convierta en una fuente desmedida de recaudo?
El Congreso de la República tiene la obligación inmediata de legislar para frenar esta distorsión estructural.
NOTARÍAS, REGISTROS Y TRÁMITES: EL ESTADO CONTRA EL CIUDADANO
Otro capítulo crítico es el de los servicios notariales, de renta y registro, caracterizados por tarifas que rozan lo confiscatorio. ¿Cuándo se pondrá coto a estos cobros excesivos? ¿Cuándo se eliminarán trámites abiertamente “venenosos”, como las autenticaciones inoficiosas que no agregan valor alguno?
Resulta igualmente urgente rescatar el registro público mercantil de las garras de unas cámaras de comercio burocratizadas y costosas. No tiene sentido que un simple certificado de existencia y representación legal tenga un costo adicional, cuando debería hacer parte integral —y no onerosa— de una renovación anual ya de por sí excesiva.
EL ESTADO TAMBIÉN DEBE DAR EJEMPLO
La crítica no puede dirigirse solo a privados o concesionarios. El propio Estado debe revisar y ajustar sus tarifas: servicios consulares, expedición de pasaportes, apostillaje, tasas de control y seguimiento ambiental, evaluaciones documentales, entre muchas otras.
En el caso de las autoridades ambientales, preocupa además la tendencia a privatizar de facto la justicia pública ambiental, convirtiendo la regulación en una barrera económica más que en un instrumento de protección colectiva.
Y no puede omitirse el debate pendiente sobre las Cajas de Compensación Familiar, que administran cuantiosos recursos de empleadores y trabajadores, muchas veces sin la eficiencia, transparencia ni el impacto social que justifique sus costos.
Un llamado urgente a la responsabilidad institucional
El salario mínimo no puede seguir siendo el comodín que justifica aumentos automáticos, desproporcionados y socialmente regresivos. No todo puede ni debe indexarse al SMLV. De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde el Estado anuncia mejoras salariales con una mano, mientras con la otra encarece la vida cotidiana.
La pregunta ya no es si el sistema necesita ajustes. La verdadera pregunta es:
¿Cuánto más puede resistir el ciudadano antes de que esta bomba de tiempo social estalle?
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