Diez días para gastar 75 mil millones: la prisa de Itagüí
Diez días. El tiempo que uno tarda en acostumbrarse al año nuevo, en escribir bien la fecha en los documentos, en cumplir o romper los propósitos de enero. En Itagüí, ese mismo tiempo les bastó para firmar 42 contratos por 75 mil millones de pesos.
Hasta el nueve de enero de 2026. La tinta del calendario todavía fresca y la administración municipal ya tiene un informe de contratación que parece el balance de medio año. No es eficiencia: es urgencia. O algo peor.
La excepción que se volvió costumbre
En el manual de contratación pública, la regla es clara: licitación, competencia, pluralidad de oferentes. Que varios propongan, que el Estado escoja lo mejor. Pero en Itagüí, en estos primeros diez días del año, la excepción se acomodó en el escritorio y se quedó.
Veintiséis contratos de “prestación de servicios”: 62 mil millones de pesos sin pasar por licitación. Once arrendamientos: otros 4 mil millones. Y como cereza del pastel, dos contratos “sin pluralidad de oferentes” la contratación directa, para llamarla por su nombre por 5.578 millones.
Sumen: más del 90% del presupuesto ejecutado sin que nadie más pudiera decir “yo también puedo hacerlo, y más barato”.
La carrera contra el reloj
¿Qué urgencia tenía la administración para gastar tanto, tan rápido? ¿Qué emergencia justifica que en diez días se comprometan recursos que deberían alimentar programas de todo el año?
La Secretaría de Hacienda se llevó 28.923 millones en apenas dos contratos, que debería ser la secretaría del control, del equilibrio, del “veamos bien las cuentas antes de firmar”, abrió el año firmando cheques como si el presupuesto fuera a vencerse.
Servicios Administrativos: 10 contratos, 8 mil millones. Seguridad: 4 contratos, 6.168 millones.
La máquina burocrática arrancó a toda marcha, sin calentamiento, sin mirar por el retrovisor.
Cuando la norma es la trampa
La prestación de servicios es la modalidad preferida de la administración pública colombiana para hacer lo que no se puede hacer: contratar personal sin concurso, pagar honorarios sin prestaciones, crear empleos que no figuran en la planta de personal pero que igual drenan el presupuesto.
Y la contratación directa, esa que debería reservarse para casos excepcionales ,emergencias, desastres naturales, situaciones donde literalmente no hay más opciones en nuestro municipio se naturalizó. Porque cuando todo es urgente, nada lo es. Cuando todo es excepción, la regla desapareció.
Pero nosotros, los itagüiseños, tenemos derecho a preguntar. Más que derecho: tenemos la obligación de preguntar. Porque son 75 mil millones de pesos públicos, de nuestros impuestos, del predial que pagamos, de la plata que debería pavimentar nuestras calles, iluminar nuestros barrios, educar a nuestros hijos.
El presagio de un año
Si en diez días se gastó esto, ¿qué nos espera en los 355 que quedan? Si enero apenas arranca y ya se firmaron 42 contratos, ¿cuántos habrá en diciembre?La contratación pública debería ser transparente, competitiva, pausada. Debería tener pesos y contrapesos, veedurías ciudadanas, tiempo para revisar, comparar, decidir con cabeza fría.Pero en nuestro Itagüí, al menos en estos primeros diez días de 2026, la contratación fue otra cosa: rápida, concentrada, directa. La excepción convertida en norma. La urgencia como excusa. El dinero público fluyendo a la velocidad de las firmas.
Y uno, que paga sus impuestos aquí, que transita estas calles, que vive en este municipio, no puede evitar sentir ese escalofrío que da cuando las cosas no cuadran. Ese presentimiento de que cuando los números corren tan rápido, alguien, en algún lugar, está corriendo detrás tratando de alcanzarlos.
O peor: de que alguien ya los alcanzó.
Los 75 mil millones de Itagüí no son solo una cifra. Son una pregunta que nos debemos responder. Y apenas van diez días!
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