En la política abundan los pirómanos económicos. Son personajes que, con sus intervenciones arbitrarias, prenden fuego al mercado y distorsionan los precios –las señales–, guía de las decisiones de inversión, consumo y ahorro. Son entusiastas y nos señalan las bondades de las llamas que nos queman, para luego aparecer disfrazados de bomberos. Llegan para “apagar” el incendio que ellos mismos provocaron, culpando a las víctimas y exigiendo su recompensa electoral. Pero es el mercado (las personas que interactúan en él) el verdadero héroe que rescata la economía del país, lamentando las cenizas que dejó el fuego.

Un incremento salarial arbitrario es humo en el incendio: no ayuda a toda la clase trabajadora, ni crea empleo formal y menos ayuda a los microempresarios; no incrementa el consumo a largo plazo y deja en mejor posición a los grandes empresarios. El salario es un precio: los trabajadores ofertan su trabajo y los empresarios demandan ese trabajo; entonces, son los precios los que determinan los costos, no al contrario. El salario mínimo es un control de precio, información artificial que determina los costos de mano de obra en toda la economía formal. Surge una pregunta: ¿Quiénes pueden interpretar mejor esta señal y hacer frente al incendio?

La respuesta es clara: los empresarios que puedan gestionar el incendio al incremento son aquellos que ya pagan salarios al mismo nivel y cuentan con el capital humano –expertos en finanzas y mercados– capaces de adaptar el precio de sus productos sin ver disminución en sus ganancias, reteniendo su personal. Pero si sus ganancias se ven afectadas por la estructura de precios, ajustarán sus gastos y este problema, causado por la arbitrariedad política, costará empleos y quiebras. Se le entrega una ventaja a los grandes empresarios y no a los pequeños.

Los pirómanos insistirán: “más dinero en el bolsillo es mayor consumo, las empresas venderán más”. Si todo lo que se produce se consumiera, no tendríamos quiebras. Más dinero en los bolsillos no se traslada directamente en consumo; puede trasladarse en ahorro o se puede desvanecer por incremento de precios. El incremento no es para todos los trabajadores colombianos; en la actualidad sería para 2.4 millones de colombianos que ganan un salario mínimo. Por otra parte, 11 millones de colombianos en la informalidad devengan menos de un salario mínimo y no tienen incremento, y otros 9 millones de colombianos que ganan por encima de un salario mínimo perdiendo distancia ante el salario mínimo. Entonces, no se incrementa el poder adquisitivo en toda la fuerza laboral y, por lo tanto, el consumo no se incrementa significativamente.

Lo que se enfrenta es un incremento de la informalidad y una caída en el consumo por alza de precios. Al principio tendremos un impulso en el consumo (fuego ardiendo), pero después los efectos que ya mencionamos (cenizas). Algunas empresas no se adaptarán; los consumidores no validarán sus precios. Se concentrarán en incrementar su productividad reemplazando trabajadores por máquinas (si pueden comprarlas) o despidiendo empleados para seguir bajando precios y obtener rentabilidad. Alguien podría decir que no, que los empleados con mayor salario son más productivos –sin duda también hay pirómanos mentirosos–. Esto es falso. Si un trabajador produce 100 panes en un día a su máxima productividad, una subida de sueldo del 23% por decreto no hace que el trabajador produzca más panes; seguirá produciendo 100 panes a no ser que se capacite, implementen nuevas tecnologías o procesos en la empresa. Esto incrementa la productividad del trabajador, genera riqueza e incrementa su salario; no un decreto.

La informalidad y negocios en quiebra son un problema, pero que nazcan nuevos negocios o que se decidan cerrar otros, no por quiebra sino por rentabilidad, es un inconveniente a tener en cuenta. Los negocios en Colombia rentan en un rango que puede ser entre el 0 y el 11%. La tasa de interés de los CDTs y cuentas de ahorro a la vista pagan el mismo porcentaje sin iniciar una actividad empresarial en Colombia, la cual está llena de burocracia y arbitrariedades por parte de los pirómanos económicos. ¿Para qué arriesgarse en una empresa si el banco paga lo mismo desde un sofá? Entonces, no se crearán nuevos empleos al no tener los incentivos adecuados: retorno sobre el capital.

Los pirómanos se disfrazan de bomberos apenas las llamas se expanden. Corren a desindexar precios cuando el fuego alcanza los créditos de vivienda de la clase trabajadora –esa que dicen proteger–, cuyos pasivos se incrementarán hasta en 40 millones. Buscan culpables: las empresas, los primeros sindicados, y luego los ahorristas que no quieran consumir o invertir, preparando así la narrativa para justificar controles de precios.