Parte del debate presidencial debe girar en torno al sector educativo, con énfasis en la educación inicial, básica y media pública.
Existen variables críticas que, de no abordarse desde la campaña, se convertirán en desafíos estructurales (“chicharrones”) para el próximo Gobierno Nacional.
Entre las más relevantes:
Financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Se ha avanzado hacia la universalidad (80% de cobertura en 2024, 5,8 millones de beneficiarios), pero la drástica caída de ingresos por regalías —de $9,5 billones en 2022 a $1,4 billones en 2024 (DNP), reducción superior al 85% por menor explotación petrolera y precios del Brent— genera dificultades presupuestales regionales. Esto obligará al nuevo gobierno (desde el segundo semestre de 2025 y durante 2026) a tomar decisiones urgentes para sostener el PAE, clave para la permanencia escolar y la reducción de la deserción en contextos de vulnerabilidad.
Infraestructura educativa.
Aunque el debate incluye conectividad y laboratorios, el problema más grave se presenta en la ruralidad: muchas sedes carecen de infraestructura básica digna (baterías sanitarias). Solo cerca del 40% de las sedes rurales cuentan con agua potable constante (frente al 70% en zonas urbanas), y muchas no tienen saneamiento ni electricidad confiable. Sin condiciones mínimas, es inviable retener a los niños en las aulas ni lograr una educación de calidad.
Deserción escolar y tendencias demográficas.
La natalidad viene cayendo de manera sostenida: de aproximadamente 670.000 nacimientos en 2015 a 445.000 en 2024 (una caída cercana al 33% en la década, según el DANE). Esto reduce naturalmente la población escolar a mediano plazo. Sin embargo, persisten barreras para la matrícula en el sector público, como la falta de infraestructura, pupitres, tableros y docentes, derivadas de la rigidez burocrática en la provisión de vacantes. En Santander, por ejemplo, se alcanzó un récord histórico de ocupación docente.
Estos tres temas deben ser centrales en los programas de gobierno presidenciales. Se requiere disponibilidad presupuestal concreta y acción unificada con gobernadores y alcaldes para impulsar una revolución educativa rápida, inclusiva y equitativa, que cierre brechas y garantice trayectorias educativas completas en todo el territorio.
Bajo este panorama, no abordar estos “chicharrones” implica llevar al país a una trampa de pobreza e ignorar una realidad que día a día refleja mayores brechas de desigualdad. Por tanto, el debate presidencial en materia educativa debe discernir entre continuar administrando la escasez o invertir en el activo más rentable para el futuro del país: la educación de los niños desde las primeras etapas.
Finalmente, es necesario plantear que el próximo presidente no solo debe administrar bien los recursos, sino también convertirse en un líder que visione la educación como una política de desarrollo sostenible a largo plazo, entendiendo la necesidad de asumir responsabilidad por la calidad educativa como la herramienta que permitirá garantizar que nuestros niños y niñas se formen adecuadamente para enfrentar los retos y desafíos que asumirá el país en el mañana.
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