“Lo ocurrido este 3 de enero en Venezuela debe interpretarse como un suceso que trasciende su naturaleza aislada y que representa más que una simple crisis interna del chavismo. Se trató de una operación política y estratégica meticulosamente ejecutada que transmite un mensaje contundente a toda América Latina, el socialismo autoritario tiene límites y, cuando estos son sobrepasados, las consecuencias no son meramente discursivas o simbólicas, sino que son reales, profundas y devastadoras. Venezuela no solo se encuentra en un proceso de declive, sino que constituye un aviso urgente para la región y, específicamente, para aquellos gobiernos y movimientos que insisten en idealizar proyectos ideológicos que han demostrado su ineficacia.”
Ciertamente, Estados Unidos no se limitó únicamente a debilitar a un régimen agotado, sino que emitió una advertencia inequívoca a los proyectos progresistas radicales que, bajo el discurso de la justicia social, han normalizado la connivencia con economías ilegales, la violencia política, el control institucional y la narrativa del resentimiento como forma de gobierno. La República Bolivariana de Venezuela constituye un ejemplo sobresaliente que ilustra de manera contundente las implicaciones de este fenómeno. Los acontecimientos que han tenido lugar en ese país son un recordatorio urgente de la inviabilidad de este tipo de políticas. América Latina debe considerar este ejemplo. Durante años, el movimiento chavista, y posteriormente el madurismo, se ha presentado como una alternativa al imperialismo, promoviendo un modelo de soberanía popular y redistribución. Este fenómeno, caracterizado por su idealismo, tuvo consecuencias devastadoras en la economía, lo que resultó en el desplazamiento forzado de millones de personas. La promesa de un cambio significativo sirvió como justificación para la represión, el narcotráfico y la protección de grupos armados por parte de la élite gobernante.
La retórica socialista ha llegado a su fin; lo que ha quedado es el autoritarismo en su expresión más cruda. Este escenario conlleva implicaciones de seguridad que amenazan la estabilidad de Colombia. El mensaje emitido desde Venezuela ejerce una influencia notable en el contexto político nacional, particularmente en el contexto de las elecciones programadas para el año 2026. Esta situación supone un revés significativo para aquellos que han expresado abiertamente o en privado su simpatía hacia la guerrilla, la romantización de la violencia social y la percepción del conflicto armado como una hazaña moral en lugar de una tragedia nacional.
Lo experimentado en Venezuela y las reacciones suscitadas en el territorio colombiano ponen de manifiesto una contradicción fundamental del progresismo colombiano contemporáneo, su incapacidad para desvincularse completamente de un pasado caracterizado por la beligerancia. El país está gobernado por Gustavo Francisco Petro Urrego, quien no ha logrado concluir su etapa de militante del M-19 y continúa percibiendo la política desde una perspectiva de confrontación, identificando a sus opositores como enemigos y estableciendo barreras entre sí y aquellos que han logrado el éxito a través del trabajo, el mérito y el esfuerzo.
El resentimiento expresado no es un hecho aislado, sino que constituye el fundamento ideológico de su proyecto político. Se ha establecido la noción de que el éxito económico es cuestionable, que la empresa se considera un privilegio ilegítimo y que la igualdad se logra no mediante el impulso a los rezagados, sino a través de la penalización de aquellos que han avanzado. Desde esta perspectiva, el subsidio reemplaza al empleo formal, el discurso político sustituye a la productividad y el Estado se convierte en un objeto de disputa política en lugar de ser un garante de oportunidades para la ciudadanía.
Venezuela se posiciona como un referente para la región, a pesar de la reticencia de Colombia a reconocerlo, reflejando aspectos de su propia situación. El incidente reciente con Nicolás Maduro Moros evidencia un hecho que muchos eligen ignorar, Estados Unidos no ha renunciado a su influencia estratégica en la región. La capacidad de tolerar discursos radicales no implica una aceptación de los Estados fallidos aliados del crimen transnacional. Es posible aceptar gobiernos de izquierda, pero no proyectos que dinamicen el narcotráfico, protejan grupos armados o desestabilicen el orden regional.
La falta de comprensión de este aspecto fundamental puede acarrear consecuencias significativas. En Colombia, ciertos sectores progresistas han depositado su confianza en una narrativa que justifica la violencia pasada, minimiza la ilegalidad presente y promete un futuro de igualdad sustentado en transferencias estatales permanentes. Esta fórmula ha sido ampliamente utilizada y reconocida en el ámbito de la gestión de proyectos de izquierda. Como es sabido, el resultado de dichos procesos suele ser el mismo: inflación, desempleo, fuga de capitales, deterioro institucional y aumento de la pobreza.
Las elecciones de 2026 se constituirán, en ese sentido, como un plebiscito ideológico. No se trata de una elección entre izquierda y derecha, como se suele presentar de manera simplista, sino más bien de un dilema entre democracia liberal o populismo autoritario; entre economía productiva o dependencia estatal; y entre una reconciliación auténtica o la perpetuación del conflicto bajo nuevas denominaciones. Los acontecimientos en Venezuela han intensificado el debate y han clarificado las posiciones en disputa. Ha dejado de ser viable ignorar que el socialismo del siglo XXI representa una desafortunada aplicación de una concepción inicial positiva. Como se ha comprobado de forma fehaciente, en los lugares donde se ha implementado, ha tenido resultados altamente destructivos.
Colombia aún cuenta con la oportunidad de tomar medidas efectivas en este sentido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo juega en contra. El análisis de la situación en Venezuela muestra que las iniciativas políticas fundamentadas en el resentimiento de clase, la victimización constante y la retórica armada no conducen al desarrollo ni a la justicia social. Estas prácticas conducen al colapso. En esta ocasión, el mensaje se transmitió con total claridad.
En ese contexto, Gustavo Francisco Petro Urrego debería ejercer mayor prudencia en sus declaraciones altisonantes contra el Gobierno de los Estados Unidos. No se trata de alineamientos automáticos ni de renunciar a la soberanía discursiva, sino de comprender el lugar que ocupa Colombia en el tablero regional y los riesgos de confundir liderazgo con provocación. La experiencia venezolana demuestra que la retórica incendiaria puede generar aplausos ideológicos de corto plazo, pero termina aislando países, debilitando economías y erosionando la credibilidad internacional de los gobiernos que la practican.
Colombia, además, no puede permitirse el lujo de olvidar. El debate hacia 2026 exige memoria política: recordar quiénes defendieron al chavismo cuando ya era una dictadura, quiénes justificaron a las FARC cuando aún ejercían el terror y quiénes hoy intentan presentarse como opciones moderadas tras haber cohonestado la violencia y el autoritarismo. Elegir sin memoria es repetir errores. Y la historia reciente de la región ha dejado claro que el camino del socialismo autoritario no conduce a la justicia social, sino al colapso institucional y moral de las naciones.
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