“La caída de Maduro no es el final del dolor de Venezuela, pero sí el primer día en que el futuro dejó de estar secuestrado por el miedo.”
La captura de Nicolás Maduro, no es una anécdota ni un simple cambio o una operación militar más por estados unidos. Es, sin exagerar, el quiebre político y de régimen más importante que ha vivido Venezuela desde 1999. Y por eso mismo exige algo que rara vez acompaña a los momentos históricos: celebración con cabeza fría, esperanza con responsabilidad y crítica sin miedo.
Sí, hay alegría. Y es legítima. Alegría de un pueblo que sobrevivió a la destrucción sistemática de su economía, a la instrumentalización del hambre, al éxodo forzado de millones, a la persecución política y a la captura del Estado por redes criminales y militares. La caída de Maduro representa el fin de un ciclo autoritario que convirtió a Venezuela en un país rico con población empobrecida. Eso no se relativiza. Eso se reconoce.
Pero también hay una verdad que no se puede maquillar: esto no es una transición automática a la democracia, es apenas la apertura de una transición compleja.
Desde el punto de vista institucional, Venezuela no parte de cero: parte de menos diez. El chavismo no fue solo un gobierno, fue un sistema que erosionó la separación de poderes, anuló los contrapesos, politizó la Fuerza Armada, debilitó la moneda, destruyó la confianza y normalizó la ilegalidad. Reconstruir eso no se logra con un decreto ni con un reconocimiento internacional inmediato. Se logra con reglas, con tiempos y con legitimidad.
En ese escenario, la figura de Edmundo González y el liderazgo político de María Corina Machado representan algo fundamental: una oportunidad civil, no militar, no armada, no populista. Representan la posibilidad —por primera vez en muchos años— de una transición basada en votos, instituciones y reconstrucción democrática. Esa esperanza no es ingenua; es necesaria. Ningún país se reconstruye sin creer que es posible hacerlo.
Pero la esperanza debe anclarse en normas, no en emociones.
La transición venezolana solo será viable si se apoya en principios claros del derecho internacional y del derecho constitucional. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1, establece como fin central el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Eso significa que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos, no impuesto por la fuerza ni secuestrado por facciones internas. Asimismo, la Carta Democrática Interamericana obliga a que cualquier proceso de transición garantice elecciones libres, separación de poderes y respeto a los derechos humanos.
Aquí está el punto crítico: la legitimidad no se hereda, se construye. Edmundo González y María Corina Machado tienen el respaldo moral de millones, pero el reto es convertir ese respaldo en gobernabilidad real: reconstruir el Estado, reactivar la economía, devolver la independencia al sistema judicial y restablecer la confianza en las instituciones. No se trata de revancha; se trata de reconstrucción.
En lo económico, el desafío es monumental. Venezuela no necesita solo cambio político; necesita estabilidad macroeconómica, recuperación del aparato productivo, reinstitucionalización del Banco Central, seguridad jurídica y apertura responsable al mundo. Sin reglas claras, no habrá inversión; sin inversión, no habrá empleo; sin empleo, no habrá retorno digno de los migrantes. La democracia no se sostiene con discursos: se sostiene con condiciones materiales de vida.
Desde lo social, el reto es aún más profundo. Una sociedad fragmentada, herida y empobrecida necesita reconciliación con justicia, no impunidad, pero tampoco persecuciones indiscriminadas. El derecho internacional de los derechos humanos es claro: las transiciones deben garantizar verdad, reparación y no repetición. No se trata de borrar el pasado, sino de impedir que se repita.
Y aquí aparece una advertencia necesaria, sin alarmismo pero sin ingenuidad: las transiciones fracasan cuando se subestima la inercia del poder viejo. Las estructuras que sostuvieron al régimen no desaparecen de un día para otro. Por eso, la clave no será solo quién gobierna, sino cómo se desmontan legalmente las redes de corrupción, criminalidad y captura institucional, siempre dentro del marco del Estado de derecho. La democracia no puede nacer violando la ley, porque se suicida desde el inicio.
Para Colombia y la región, este proceso es una oportunidad y una responsabilidad. Una Venezuela democrática y estable es la mejor noticia posible para América Latina: reduce la migración forzada, debilita economías ilegales y restablece equilibrios regionales. Pero eso exige cooperación internacional, acompañamiento técnico, respaldo financiero y, sobre todo, respeto por la soberanía venezolana en transición.
La caída de Maduro no es el triunfo de un bando: es la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser país. País con instituciones, con economía, con dignidad. Celebrar es justo. Exigir responsabilidad es obligatorio. Acompañar con esperanza crítica es lo correcto.
Hoy Venezuela no está salvada al 100%.
Pero por primera vez en mucho tiempo, está abierta la puerta para salvarse.
Comentar