“Con todo, el debate no debería reducirse a extremos —ni al anuncio de desastre inevitable ni al triunfalismo automático—. El aumento ya está decidido y, por tanto, la discusión más útil ahora es qué se hace para que funcione: que el incremento salarial no se diluya en costos que suben por inercia y que, al mismo tiempo, no termine empujando a pequeñas empresas a recortar empleo o a informalizar a empleados que ganen el SMMLV. Si el país quiere que este aumento sea un avance real, se necesitan medidas complementarias concretas: desindexar vivienda, trámites, multas y costos públicos del salario mínimo, evitar que el shock se traslade a precios “por regla” y proteger la generación de empleo formal. En otras palabras: el reto no es solo subir el salario, sino blindar su efecto para no castigar desproporcionadamente al resto de la población.
El pasado 30 de diciembre, el Gobierno nacional anunció que el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) aumentará para el año 2026 en un 23,7%. La decisión generó un fuerte impacto mediático y encendió el debate público, con posiciones encontradas: para muchos se trata de una medida populista; para otros, de un acto de justicia y dignidad histórica con millones de trabajadores colombianos.
En Colombia, cerca de 2,4 millones de personas ganan exactamente el salario mínimo, lo que equivale a alrededor del 10% de la población ocupada. Para este grupo, el aumento representa un beneficio directo y evidente. Sin embargo, la discusión no puede quedarse solo ahí. El salario mínimo en Colombia no solo es un ingreso laboral, sino también una referencia para muchos otros costos de la vida diaria: el precio de la vivienda de interés social -VIS-, cotizaciones a seguridad social, multas y numerosos trámites públicos siguen estando atados al SMMLV. Por eso, aunque el aumento busca mejorar el ingreso de una parte de la población, también genera preocupaciones legítimas sobre su efecto en el costo de vida del conjunto de los ciudadanos.
Aquí aparece un punto central que no puede tratarse como un asunto secundario: si el Gobierno decide un aumento histórico del salario mínimo, ese aumento debe ir acompañado, de manera clara y decidida, de una política de desindexación. No tiene sentido que, mientras se busca garantizar derechos vía el salario, se encarezcan al mismo tiempo bienes y servicios esenciales para toda la población. La vivienda VIS es el ejemplo más claro: está pensada para hogares de menores ingresos y, sin embargo, su precio sube automáticamente cuando sube el salario mínimo. Si el aumento del SMMLV no se acompaña de una desindexación de estos costos y de su ajuste por inflación, el beneficio salarial corre el riesgo de convertirse en una carga adicional para millones de personas que no ganan el mínimo.
Dicho esto, tampoco es menor el impacto positivo que este aumento tiene para quienes sí lo reciben. Para muchas de esos 2,4 millones de personas, un mayor ingreso puede significar comer mejor, pagar deudas, comprar lo que antes no alcanzaba o simplemente vivir con menos angustia. En las conversaciones cotidianas, en los buses, en los barrios y en las calles —como se escuchó con fuerza en Antioquia donde vivo durante los últimos días del año— se repetía una frase sencilla pero poderosa: “por fin alguien pensó en nosotros”. Personas que saben que no van a ganar mucho más por sus niveles de educación, experiencia o por las oportunidades que han tenido, sienten que, al menos esta vez, su realidad fue tenida en cuenta. Frente a esto, algunos críticos responden que no hay mucho que celebrar porque todo va a subir de precio. Esa preocupación existe, pero no es toda la historia.
Conviene aclarar algo importante: que el salario mínimo suba 23,7% no significa que el costo de vida vaya a subir exactamente en la misma proporción. Los precios no funcionan como un espejo del salario. Suben por muchas razones: por la dinámica de la economía, por la demanda, por los costos de producción. Como decía un amigo sin estudios en economía pero con mucha claridad popular, “los precios siempre suben; el objetivo es que no suban tanto que se lleguen a comer el aumento del salario”. Y ese es, justamente el reto: evitar que el esfuerzo de mejorar el ingreso se pierda en aumentos automáticos de precios que podrían evitarse con mejores reglas.
En este contexto, es probable que el Banco de la República decida aumentar las tasas de interés como medida preventiva frente a posibles presiones inflacionarias. Sin embargo, este debate suele resultar lejano para una gran parte de la población. Para muchos trabajadores de bajos ingresos, hablar de tasas altas o bajas es casi irrelevante, porque nunca han tenido acceso al crédito formal. Como le escuché decir a otra persona que gana el mínimo: “¿qué me importa si suben o bajan las tasas, si a mí el banco nunca me presta?”. Esa frase resume una realidad extendida en el país: solo el 51% de la población en Colombia tiene acceso al crédito formal, por lo que muchas discusiones macroeconómicas no conectan con su vida cotidiana.
Desde el Gobierno, basado en teorías keynesianas, se ha planteado que el aumento del salario mínimo puede dinamizar la economía. La idea es sencilla y fácil de entender: si la gente tiene más plata en el bolsillo, compra más; si las empresas venden más, producen más; y si producen más, contratan más personas, reduciendo el desempleo. En parte, esto puede funcionar así. Pero en una economía abierta como la colombiana, la realidad es más compleja. No todo lo que se consume se produce en el país. Un ejemplo de esto y para resumirlo en la realidad del día a día son las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico como Temu y Shein. En la práctica, esto significa que no todas las compras impulsan a las empresas nacionales ni generan empleo local. Por eso, el verdadero desafío es lograr que una mayor parte de ese aumento salarial se traduzca en un aumento de la demanda agregada nacional, y no se quede solo en salida de capitales explícitamente.
Aun así, también es cierto que los anuncios de catástrofe que se han repetido en los últimos años no se han materializado del todo. El desempleo ha venido bajando y, con avances y limitaciones, la formalidad laboral ha mostrado señales de mejora, tal como lo expuse en mi columna en este mismo medio llamada “Disminuye el desempleo en Colombia y refuta proyecciones alarmistas” el 4 de agosto de 2025. Por ejemplo, en noviembre de 2025, Colombia registró una vez más recientemente una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos años bajando en el último año de 8,8 a 7,8%. Esto no significa que no existan riesgos, pero sí que la realidad ha sido más compleja y menos dramática de lo que muchos anticipaban.
Con todo, el debate no debería reducirse a extremos —ni al anuncio de desastre inevitable ni al triunfalismo automático—. El aumento ya está decidido y, por tanto, la discusión más útil ahora es qué se hace para que funcione: que el incremento salarial no se diluya en costos que suben por inercia y que, al mismo tiempo, no termine empujando a pequeñas empresas a recortar empleo o a informalizar a empleados que ganen el SMMLV. Si el país quiere que este aumento sea un avance real, se necesitan medidas complementarias concretas: desindexar vivienda, trámites, multas y costos públicos del salario mínimo, evitar que el shock se traslade a precios “por regla” y proteger la generación de empleo formal. En otras palabras: el reto no es solo subir el salario, sino blindar su efecto para no castigar desproporcionadamente al resto de la población.
Finalmente, hay un elemento del debate que ha pasado casi desapercibido. El aumento del salario mínimo no es solo una decisión del Gobierno: es el resultado de un proceso de concertación fallido. Los sindicatos pusieron sobre la mesa un umbral cercano al 16% como base de negociación. Esa negociación no se cerró. Los principales gremios empresariales, junto con su dirigencia —incluidos líderes visibles como Bruce Mac Master y organizaciones como Fenalco— optaron por no acordar en ese rango o menos, y dejaron la decisión en manos del Ejecutivo. El resultado fue un aumento 7,7 puntos porcentuales superior a ese umbral. En cualquier empresa privada, una decisión estratégica que encarece los costos de esa magnitud generaría preguntas inmediatas y responsabilidades claras en la alta dirección. Sin embargo, hasta ahora, pocos medios y pocos líderes de opinión han cuestionado por qué los gremios no negociaron cuando había margen para hacerlo y qué responsabilidad tienen en el desenlace final.
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