El proyecto de Ley de Competencias llega al Congreso

Tras varios meses de construcción en desarrolló de más de 150 mesas técnica que contaron con la participación de múltiples sectores institucionales y académicos, el Gobierno nacional por fin radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley que reglamenta la reforma a la descentralización; tal vez, y no creo exagerar, la reforma a la Constitución Política más importante de la última década. Pero vamos por partes.

Primero, a finales del año 2024 el Gobierno nacional logró que se aprobara en el Congreso de la República una histórica reforma constitucional al sistema que regula el financiamiento de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico para los 1.104 municipios del país -en su gran mayoría de quinta y sexta categoría- conocido como Sistema General de Participaciones -SGP-. Segundo, como esa reforma implica que los municipios reciban más plata en un modelo incremental que va del 25% al 39.5% de ingresos corrientes en un lapso de 12 años se debe reglamentar su uso mediante una Ley que fije los términos y condiciones.

Es decir, a más plata, mayor responsabilidad, en este caso, competencias.

El tema, lo sé, es muy técnico, pero se resume en que las regiones van a contar con más recursos reduciendo su ya tradicional dependencia del gobierno central. De ahí que se deba aprobar una Ley de competencias que fije nuevos criterios de ejecución y que este enfocada en su desarrollo Integral y sostenible; en el fortalecimiento de sus capacidades; así como en el traslado de forma gradual y ordenada de competencias administrativas, económicas y sociales del nivel nacional a los niveles territoriales.

Y es precisamente esa eventual Ley de competencias -todavía como proyecto- la que fue radicada el pasado 15 de diciembre por el Gobierno en cabeza de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El paso siguiente es avanzar en sus cuatro debates reglamentarios teniendo presente que su aprobación se deberá dar de aquí a un año, lo que de entrada compromete tanto a este gobierno como al que llegue a partir del 8 de agosto del 2026. Por donde se le mire será una discusión importante porque cambia el relacionamiento del gobierno central con las regiones.

Por el momento, tenemos un proyecto que, conforme se vaya avanzando en su discusión en Senado y Cámara de Representantes, será enriquecido, complementado y mejorado, pero que en principio se traza los siguientes objetivos:

1. El cierre de brechas para lograr cobertura universal a través del reconocimiento de la gestión comunitaria del agua.
2. Reconocer otras formas para garantizar el acceso al agua y el saneamiento básico.
3. Redistribuir las competencias de la nación, los departamentos y municipios.
4. Ampliar las actividades de uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua y Saneamiento Básico.
5. Priorizar en los criterios de asignación de recursos a las entidades territoriales con mayores brechas.
6. Ampliar el porcentaje de la participación del sector de agua apta para consumo humano en el Sistema General de Participaciones.

Resulta muy importante que su discusión no se reduzca a los recintos del Congreso, confío en que sea una discusión amplia y diversa, donde todos los sectores sociales y académicos, con sus experiencias y trayectorias, contribuyan a establecer los criterios y condiciones que orientarán ese nuevo relacionamiento entre el gobierno central y las regiones. Un cambio que no solo implicará más recursos para los municipios, sino un profundo impacto en la vida social, política y cultural del país. Siempre dispuesto a contribuir a esa importante discusión.