Diatriba a Pacific Rubiales Energy

Ilustrar a Colombia como un país fértil en recursos naturales no es desconocido para quienes han tenido un acercamiento geográfico con el territorio; goza de tres cadenas montañosas, de múltiples yacimientos y ríos, es poseedor de la mayor variedad de ecosistemas a escala mundial y limita con los océanos Atlántico y Pacífico; eso sin tener en cuenta la pluralidad de especímenes de flora y fauna reportados, y los existentes aún no identificados. Es decir, este país se caracteriza por su biodiversidad y por sus incuantificables riquezas endémicas.

Sin embargo, ubicar a Colombia como una región predilecta es apenas una afirmación irónica y que carece de objetividad. Pese a ser definido como un Estado social y democrático de derecho organizado de forma política y estructural, no es este un territorio -aunque debería- equitativo e igualitario entre sus partes. El país del Sagrado Corazón es el tercero más pobre en Suramérica según el informe Panorama Social de América Latina de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal).

No es esto una rendición de datos al azar, sino la muestra de algunas inconsistencias en materia de administración de recursos. Resulta paradójico como el 34 % de la población está por debajo de los índices de pobreza, cuando las potencialidades hidrográficas, agrícolas, industriales y mineras deberían representar una sólida economía para el país.

Entre las muchas fortalezas y deficiencias -por reconocer- se encuentran los programas de exploración sísmica e hidrocarburos, tales como el petróleo y el gas. Para delimitar el análisis geopolítico con exactitud se abordará el polémico caso de la compañía canadiense Pacific Rubiales Energy, encargada de la exploración y producción en el negocio del petróleo crudo pesado.

Es preciso aclarar, antes de compartir los apuntes basados en investigaciones previas, que la intencionalidad de este texto no es la de desprestigiar dicha compañía, sino la de restablecer por medio de la retórica asuntos que han quedado impunes por cuestiones notables de estratificación socio-económica.

En el municipio de Puerto Gaitán, Meta, radica una de las mayores inversiones extranjeras de la más reciente década; ocupó el primer lugar como petrolera independiente en América del Sur y es la segunda entidad con mayor participación de la explotación petrolera en Colombia: Pacific Rubiales Energy.

Se define como una empresa con valores institucionales consolidados, los cuales contradicen con su accionar; somete a los trabajadores a condiciones laborales infrahumanas; se le acusa de persecución e incluso asesinato de dirigentes sindicales, y la mayor irrupción, como si lo anterior no bastara, se le adjudican cargos en materia de violación de leyes de la preservación hacia la naturaleza.

Extraño sería que se presentaran tales transgresiones como una novedad. En el país del Sagrado Corazón en el cual el discurso es moralista y la participación es inexistente, no es primicia el abuso de la fuerza pública hacia quienes pretenden evitar tales atropellos. La contaminación de once mil galones de crudo al manantial, las trazas de hidrocarburo, los químicos en las aguas residuales que generan mutaciones en la fauna acuática y la presencia de fenol, el cual es cancerígeno, no se encuentran entre los casos registrados por los medios de información privados.

Quizás -y solo como adverbio dubitativo- esto se deba al poderío del propietario de la compañía canadiense, quien se presume, es uno de los principales socios del expresidente de EE. UU. Bill Clinton. Dentro de su círculo de poder también se encuentran inmersos exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y son poseedores del 10 % del periódico El Tiempo y del 39 % de Cable Noticias; en los cuales suelen gastar más de 15 millones de dólares en publirreportajes. Se alude a la lógica como aliada para comprender la maniobrabilidad de la información y el poder político de la compañía Pacific Rubiales Energy.

La empresa es responsable del daño técnico del pozo ubicado en la vereda Rubiales, así como de la disminución de agua en la estrella fluvial del río Orinoco, el cual nace exactamente en la explotación petrolera de la vereda Los Kioscos de Puerto Gaitán. Por cada extracción de cinco barriles de crudo, la multinacional petrolera desecha 95 barriles de agua, generando daños ambientales irreparables.

El saqueo de riqueza natural y la no inversión social de la institución corrobora la falta de responsabilidad con los habitantes de la región en donde opera. El anillo petrolero más importante de Colombia está siendo vulnerado, y cuando la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) intenta resguardar el territorio ejerciendo una postura de desacuerdo, se presentan asesinatos en provecho de las fallas eléctricas de Puerto Gaitán.

Mientras que la Unión Sindical Obrera -en el ejercicio de su derecho- es denominada como “terrorista”, Pacific Rubiales Energy conserva relación con grupos armados, conocidos también como bandas criminales emergentes (Bacrim) y cuenta con presencia paramilitar en el perímetro de la compañía.

La indemnización en el Campo Rubiales no es negociable debido a las innumerables pérdidas en su proceder; la contaminación de acuíferos subterráneos y superficiales extingue la fauna acuática y terrestre que sobrevive de los humedales, por tanto, las transgresiones en Puerto Gaitán no son cuantificables, dado que comercialmente el agua, que finalmente es vida, resulta siendo más cara que el petróleo.