“La Jurisdicción Agraria, más que un proyecto de ley, es un ejercicio de historia, de deuda y de reparación.”
El problema de la tierra en Colombia es una de las principales causas del conflicto en nuestro país, conflicto que tiene génesis desde antes que fuésemos república.
Para pseudo-dirimir esto, se han propuesto diversas reformas agrarias, las cuales nunca han cumplido con redistribuir y formalizar seriamente la tierra.
A raíz de lo anterior, propongo que analicemos rápidamente el camino de algunas de las reformas hasta el día de hoy, aprovechando el contexto en el que, supuestamente, se debate la Jurisdicción Agraria en el congreso y se realiza la COP-30
Aclaró, nuevamente, que abarcare esta cuestión agraria superficialmente.
Antes de entrar en materia con la primera reforma, es necesario decir que debemos empezar desde un factor importante: los “territorios nacionales”. Estos territorios se hicieron conocidos a mediados de 1870, y se caracterizaban porque no tenían ocupación alguna. Con el paso de los años parte de estos se fueron ocupando, debido a la colonizaciones -procesos de desplazamiento de campesinos y demás, por factores como el conflicto interno y otras variables-.
En parte de estos territorios ya ocupados, los llamados “residentes” (una pequeña porción de campesinos) ejercían una función pseudo-servil, pues trabajaban estas tierras que ya tenían por apoderadas los hacendados, quienes les permitían a estos la producción a cambio de hospedaje, comida, etc., pero no se les retribuía con dinero. Otros campesinos, en cambio, trabajaban en parcelas y allí si se les pagaba, aunque muy poco.
Junto con lo anterior, siguió un proceso raudo de privatización de la tierra, generando que más del 90% de hectáreas privatizadas beneficiara a grandes concesionarios. Al mismo tiempo, sobresalía la crisis de los baldíos, crisis caracterizada porque, gracias a la masiva privatización, no estaba clara la propiedad de millones de hectáreas públicas previamente adjudicada a particulares.
Por esta razón, y otras, nació la necesidad de crear una ley que se encargara de dirimir estos conflictos; la ley que nació fue la Ley de Tierras, cuyos objetivos era: 1) Considerar como propiedad privada aquellas que hayan salido del Estado. 2) Las tierras que no se trabajarán por diez años se revertirían al estado 3) Creación de jueces para resolver problemas judiciales sobre estas tierras.
Nada de lo asegurado en esta ley sucedió, a causa que las elites, conformadas por grandes hacendados, hicieron lo posible, imposible y más allá, para que esto no se diera, provocando que el estatuto jurídico de las grandes propiedades se asegurase.
Gracias a que esta ley no tuvo impacto positivo, sino que tuvo un efecto contrario, durante el Frente Nacional se busco la implementación de una nueva reforma agraria, que buscó: 1) redistribuir tierras mediante una expropiación no masiva 2) crear el INCORA (instituto colombiano de la reforma agraria), institución que, mediocremente, adjudicaba tierras baldías, compraba tierras privadas para redistribuirlas, organizaba asentamientos y recuperaba tierras improductivas.
La implementación fue vaga, pues solo se logró expropiar el 1% de las tierras sin producción; esto se generó, nuevamente, por causa de grandes terratenientes. Este proyecto, mas bien, ayudo a las elites quienes ampliaron su patronazgo y clientelismo, especialmente en la costa Atlántica.
Tras esto, en 1968 se intentó revivir esta reforma, pero, aunque no se logró se creó la ANU (asociación nacional usuarios campesinos). Finalmente, en 1972, bajo el gobierno de Pastrana 1) se firmó el acuerdo de Chicoral, acuerdo que frenó el avance de la reforma agraria y que fue respuesta a las tomas de tierra por parte de campesinos organizados de la ANUC (asociación nacional usuarios campesinos).
Consecuentemente, en 1988, Virgilio Barco resucitó la reforma agraria, que, esta vez, iría de la mano con el PNR (plan nacional de rehabilitación); este programa tenía como eje central la normalización y el desarrollo de zonas afectadas por el conflicto y el desequilibrio social.
Después, en el gobierno Gaviria -que hace días realizo un acuerdo antipetrista con Uribe, que no es más que devolvernos al pasado-, con la ley 160, se sustituyó la expropiación por el mercado asistido de tierras, que consistía en darle subsidios y créditos a campesinos para comprar hectáreas, esto, obviamente, fue contraproducente porque un campesino pobre no puede adquirir tierras. Lo anterior, nuevamente, favoreció a las elites.
Hasta este momento, por causas como la no redistribución correcta de la tierra, el usufructo de las mismas por parte de terratenientes y demás, animaron el levantamiento en armas de estas personas, desatando conflictos internos con la conformación de guerrillas y diversos grupos subversivos. Todo esto para enseñarnos lo fatal de repetir estos errores y de excluir a estos compatriotas.
De allí, es necesario dar un gran salto al primer punto del acuerdo de paz: la RRI (reforma rural integral), este punto rescata el valor de la tierra, la distribución correcta de esta, la equidad de género, la participación de las comunidades y, no menos importante, el reconocimiento del Estado como agente que ha exacerbado el conflicto a lo largo de nuestra historia. Por supuesto, lo escrito aquí es hasta bonito, pero lo implementado es muy poco, gracias a que -como si fuera raro- las elites intervinieran de nuevo, poniendo zancadillas para evitar este proceso.
Este acuerdo de paz ha sido satanizado por poderes que niegan la historia, y que les conviene el conflicto porque mueve dinerales. Por lo tanto, para que como ciudadanos le exijamos a los gobiernos, tenemos que entender que: el acuerdo no es de Santos, el acuerdo es de Estado, así que es de todos los que somos COLOMBIANOS. Por cometer este error, auspiciado por ciertos grupos políticos y empresariales, no le damos importancia a este acuerdo y, mucho menos, nos importa un proyecto tan importante que hoy se debate: La Jurisdicción Agraria. Este proyecto importantísimo para avanzar con la RRI, crea jueces y magistrados que si se encargaran de dirimir los conflictos sobre la pertenencia de tierra. De esta forma, reconocemos la historia -no como lo hace la senadora Cabal- junto con las causas principales del conflicto, pero, sobre todo, reconocemos una deuda inmensa con nuestros antepasados.
La Jurisdicción Agraria es la razón por la que escribo esto, porque como joven, y colombiano, me indigna que no le demos la importancia a este articulado, y porque aquellos que se llaman del “cambio” perpetúan lo que siempre han realizado las elites con estos proyectos de ley.
Con base a esto, hace días, congresistas del pacto histórico, descaradamente, reclamaban sobre el debate de la Jurisdicción, pero… donde se encontraban cuando días atrás este se había agendado para debate en plenaria de la Cámara de Representantes.
Como estudiante, como joven y como consejero local de juventud, invito a los demás jóvenes de apropiarnos de la Jurisdicción; expresémonos sobre esto; dejémosle en claro al país que como presente queremos un congreso con dignidad y con la altura necesaria para debatir.
La Jurisdicción Agraria, más que un proyecto de ley, es un ejercicio de historia, de deuda y de reparación. No abandonemos este proyecto y exijamos para que se dé, pues, como diría la canción “esta tierra es de nosotros y no del que tenga más”.
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