“Durante más de dos décadas, Colombia ha regulado el precio del crédito bajo la figura de la tasa de usura, un límite legal que pretende evitar abusos del sistema financiero. La intención, sin duda, ha sido proteger. Pero el resultado ha sido paradójico: miles de personas quedan por fuera del crédito formal y terminan en manos del gota a gota, donde no existe ni límite, ni regulación, ni misericordia.”
Durante más de dos décadas, Colombia ha regulado el precio del crédito bajo la figura de la tasa de usura, un límite legal que pretende evitar abusos del sistema financiero. La intención, sin duda, ha sido proteger. Pero el resultado ha sido paradójico: miles de personas quedan por fuera del crédito formal y terminan en manos del gota a gota, donde no existe ni límite, ni regulación, ni misericordia.
Hoy el país necesita preguntarse si el problema está realmente en las tasas altas, o en la falta de competencia, transparencia y educación financiera. Porque tal vez ha llegado el momento de migrar de un modelo paternalista a uno de autorregulación responsable, donde la reputación, la competencia y la información disciplinen el mercado mejor que un código penal.
El debate suele reducirse a dos extremos: quienes defienden mantener la tasa de usura como escudo frente a la “mala fe” bancaria, y quienes piden eliminarla totalmente para liberar al mercado. Ambos olvidan algo: ni las entidades son ingenuas, ni los consumidores indefensos.
El país no puede seguir legislando desde la sospecha ni tampoco desde la ingenuidad.
Un sistema financiero supervisado, digital, competitivo y con escrutinio público ya no se comporta como hace 20 años. Hoy un banco que abuse de sus clientes pierde más en reputación que lo que gana en intereses. La transparencia se volvió más costosa que cualquier sanción.
La tasa de usura tiene un efecto colateral: deja sin crédito a quien más lo necesita. Las entidades no pueden cobrar una tasa que compense el riesgo de ciertos perfiles, y simplemente los excluyen. El resultado es perverso: el Estado protege al consumidor… pero solo si logra ser cliente del sistema.
En lugar de castigar con cárcel a quien cobra por encima de un número arbitrario, deberíamos exigir transparencia absoluta: que el cliente sepa cuánto le cuesta, qué riesgos asume y qué alternativas tiene. El crédito no es malo por ser caro, sino por ser opaco.
Eliminar la tasa de usura de manera abrupta sería irresponsable. Pero mantenerla como está es un anacronismo. Colombia podría adoptar un modelo híbrido, basado en tres principios:
- Transparencia total: toda entidad debe informar de forma clara y estandarizada el costo efectivo total, sin letra pequeña.
- Segmentación por riesgo y producto: los topes, si existen, deben variar por tipo de crédito y perfil, no ser un único número para todo el sistema.
- Supervisión reputacional y sanción de prácticas, no de precios: la Superintendencia debería concentrarse en castigar abusos, engaños o publicidad falsa, no en definir cuánto vale el dinero.
Así se pasaría de un modelo de control del precio del dinero a uno de disciplina de mercado, donde la competencia, la innovación y la información protegen más que la prohibición.
El debate sobre la tasa de usura no es técnico: es filosófico. ¿Queremos un país donde el Estado asuma que todos los banqueros son potenciales abusadores y todos los ciudadanos, víctimas indefensas? ¿O queremos un sistema que confíe en la competencia, la transparencia y la reputación para autorregular el precio del crédito? Quizás la respuesta esté en el punto medio: regular sin asfixiar, confiar sin ingenuidad.
Porque en un país donde los bancos ya temen más perder la confianza que una sanción, el verdadero límite de la usura no está en la ley, sino en el mercado.
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